El actual debate sobre la seguridad tendría, si se da fe a quienes lo llevan adelante, la nitidez de un cuadro sinóptico. En un rincón, Daniel Scioli encarna una tradición autoritaria, que delega la estrategia represiva en las fuerzas policiales. La consigna "meta bala al delincuente" del padre fundador, Carlos Ruckauf, fue estilizada en un "hacen falta rigor y firmeza". En el otro rincón, Cristina Kirchner y su entorno garantista luchan por sacar a los policías de su molde castrense para someterlos al control democrático, en la estela de Esteban Righi y su célebre discurso a la Federal, durante la administración del ahora reciclado Héctor Cámpora. Visto así, el duelo tiene la claridad moral de una historieta. Es una pena que sea mucho más complejo, como comienza a advertirse cuando se desmontan algunos prejuicios.
El primero es que los argentinos están ante la confrontación de dos proyectos de distinto signo ideológico. El encontronazo tiene otro origen. Desde hace tres meses quedó al desnudo que el kirchnerismo, en la figura de sus dos máximos representantes, la Presidenta y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, ha fracasado en su política de seguridad. La inquietud popular que consignan las encuestas y las muertes de Barracas, el parque Indoamericano y José León Suárez, desencadenaron una crisis por la cual quienes en octubre integrarán la boleta del Frente para la Victoria carecen de una respuesta unificada a la demanda que encabeza las preocupaciones del electorado. El silencio de la oposición ante este formidable percance es una señal de que la perplejidad se extiende a toda la clase política. Si es verdad que la Argentina ha sido elegida como mercado por quienes organizan crímenes complejos, habría que suponer que esos hampones están de fiesta.
La segunda falacia es que Scioli representa la modulación más severa del poder de policía. Scioli alimentará ese estereotipo mañana, en su discurso de apertura del Congreso: después de un largo homenaje a Néstor Kirchner y de un elogio mucho más lacónico de la viuda del ex presidente, enumerará sus propios méritos en la lucha contra los malhechores y anunciará que "mientras el Congreso trabaja en la reducción de la edad de imputabilidad" será creada un área especializada en delincuencia juvenil.
Sin embargo, hace diez días, el titular de la policía bonaerense, Juan Carlos Paggi, impartió una instrucción verbal para que los agentes de esa fuerza carguen sus escopetas sólo con balas de goma. Hasta ahora, las armas largas que transportan los patrulleros después de disparar dos cartuchos de goma comenzaban a lanzar los de plomo. Ahora, esas balas de plomo estarán bajo custodia de los comisarios y sólo podrán ser utilizadas con autorización especial. Fuentes de la jefatura de policía justificaron esa decisión en que "estamos cumpliendo con los estándares que marcan las leyes para evitar muertes inútiles". La decisión, sin embargo, generó una gran molestia en la fuerza. Un comisario que pidió reserva de su nombre lo explica así: "Nos están desarmando; enfrentaremos con una 9 milímetros a bandas que tiran con escopetas y fusiles, como la que asaltó el camión de caudales en Garín; las muertes inútiles se evitan con más y mejor entrenamiento, no sacándoles los plomos a las escopetas".
DiscusionesLa medida adoptada por Paggi habría dado lugar, según fuentes policiales, a una discusión con los integrantes más duros de la plana mayor, que pasaron a retiro hace dos semanas. "Después de lo de José León Suárez no aguanto la presión de los organismos de derechos humanos", se habría excusado Paggi. Pero otra versión indica que el relevo de esos comisarios se debió a que estaban trabajando en favor de Eduardo Duhalde y Francisco de Narváez. Importa poco: lo relevante es que, al menos en la política de personal, la gestión de Scioli se va inspirando cada vez más en la de Carlos Arslanian. El mismo Arslanian al que critica el jefe de Gabinete provincial, Alberto Pérez.
Esta novedad refuerza la presión sobre el ministro Ricardo Casal, a quien algunos asesores de la Presidenta pretenden vincular, hasta ahora sin prueba alguna, con la resonante causa por violaciones de los derechos humanos de la Unidad Nº 9 del servicio penitenciario. Sin embargo, Scioli envió el mensaje a la Presidenta, hace un mes, de que no relevará a Casal. Según él, ya le había costado mucho liberarse de Carlos Stornelli sin admitir un fracaso general. Por eso utilizó la excusa de unificar los ministerios de Justicia y Seguridad. Un nuevo reemplazo, dice Scioli, sería suicida.
El tercer sofisma del debate kirchnerista es que la Casa Rosada cuenta con una concepción articulada de la seguridad, que Scioli se niega a aceptar. Si ese programa existe, Nilda Garré se ha cuidado bien de divulgarlo. Inauguró el Ministerio de Seguridad hace más de dos meses y todavía no exhibió plan alguno, más allá de disponer la purga más importante que haya conocido la Policía Federal en su historia: Garré mandó a su casa al ciento por ciento de los comisarios generales, al 90% de los comisarios mayores, al 50% de los comisarios inspectores y, según fuentes de la misma institución, piensa relevar a más del 50% de los titulares de comisarías. También destacó numerosos gendarmes en el conurbano bonaerense, aunque menos de los 6000 anunciados. Para alcanzar esa cobertura, la Gendarmería dejó de custodiar los trenes y recurrió a personal que no había completado su formación.
Además de que se multiplicaron los asaltos a bancos y no se advierte mayor presencia policial en la calle, la gestión de Garré suspendió los cursos que personal de la Fuerza Aérea estadounidense iba a dictar en la Policía Federal, a raíz de que el avión que transportaba a los instructores, al traer equipamiento no declarado, sembró la sospecha de un atentado terrorista. El episodio ha sido tan desopilante que ocultó lo principal: si la papelería hubiera estado en orden, los oficiales de la Federal habrían sido adiestrados por personal militar norteamericano. ¿No era que el kirchnerismo repudia que fuerzas civiles, como la policía, se expongan a la contaminación castrense? Los maestros de los policías de Garré venían de la base militar de Fort Bragg, de Carolina del Norte. Ahí sí -y no en la International Law Enforcement Academy denunciada por Héctor Timerman- se capacitaron en tareas militares y de inteligencia algunos dictadores latinoamericanos, como el panameño Manuel Noriega.
DesconocimientoLa incautación del material de los soldados estadounidenses revela cierto desconocimiento de la Casa Rosada sobre seguridad. La idea de que se pretendía introducir equipos clandestinos de escuchas no puede ser más candorosa: cualquier anti-imperialista en serio sabe que los Estados Unidos integran una red satelital de espionaje, llamada Echelon, capaz de interceptar 3000 millones de comunicaciones por día.
La ingenuidad se vuelve más riesgosa en el caso de los equipos de transmisión encriptada que la señora de Kirchner se niega a devolver: era el sistema de comunicaciones de esos comandos con su base de Carolina del Norte. La retención en Buenos Aires está obligando ahora a Fort Bragg a modificar el cifrado de todos sus dispositivos, entre ellos los instalados en Afganistán. La hiperactividad de Timerman eximió a Garré de dar alguna explicación sobre este desaguisado.
Más allá de paradojas y bloopers, el kirchnerismo camina hacia una encerrona. Las diferencias sobre cómo reprimir el delito quedaron convertidas en las divisas internas de su convulsiva transversalidad.
La inseguridad ha pasado a ser el grito de guerra de las colectoras bonaerenses. Todo lo contrario de lo recomendable, que sería explorar un consenso sobre el combate al delito, excluyendo a esa materia de la disputa electoral. Esta es la razón por la cual el discurso con que se enfrenta a Scioli no tiene el acuerdo de todo el Gobierno. Salvo Carlos Zannini, Garré, Timerman, Eduardo Luis Duhalde, Juan Manuel Abal Medina y los jóvenes de la agrupación La Cámpora, el resto del gabinete mira con extraordinaria alarma esta controversia. En unas semanas todos estarán ante un problema concreto: ¿qué dirán los candidatos a diputado del Frente para la Victoria, que compartirán la lista con Cristina Kirchner y Daniel Scioli, cuando se los interrogue sobre la gestión de Casal?
Aquí radica el dilema central de este conflicto. Salvo que la Presidenta prescinda de Scioli, o que Scioli se postule para la presidencia -y nadie prevé hoy estas posibilidades-, la gresca kirchnerista carece de un remate electoral y político.
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