El Gobierno prepara un nuevo misil contra la prensa: la creación de un organismo para regular la publicidad privada en los medios independientes.
Controlar a la prensa, dominar a los jueces y debilitar a los partidos políticos. Con esos tres mecanismos, el Gobierno busca ejercer el poder sin límites. Todo poder tiende, por naturaleza, a su propio desborde y a evitar los controles. Pero en el ámbito judicial hay quienes sostienen que la gestión kirchnerista parece ir más allá: buscaría directamente desarticular esas instituciones.
No es un exceso considerar a la prensa privada e independiente una institución democrática. La libertad de prensa se consolidó en la misma época en que nació la democracia norteamericana; está garantizada por las constituciones de todo el mundo libre y por tratados supranacionales. Los países y organismos internacionales consideran que el grado de libertad es un termómetro de la democracia y aceptan que la prensa, para ser independiente, debe tener su propia fuente de financiamiento (publicidad privada). En el mundo del siglo XXI ya no se discute ninguno de esos principios. Sin embargo, el kirchnerismo, desde hace ocho años -igual que algunos otros países de la región-, hace lo posible para dominar a los medios.
En efecto, el Poder Ejecutivo distribuye arbitrariamente la publicidad oficial (el 47% de la publicidad gráfica se dirige al grupo Szpolski y a Página/12), acosa al Grupo Clarín y a La Nacion; persigue a Papel Prensa, que produce insumo para 170 periódicos; intenta crear un organismo oficial para controlar las audiencias, una suerte de Ibope oficial que seguramente terminará como el Indec, y sancionó la ley de medios para acorralar a los canales y las radios independientes.
Ahora, el Gobierno anunció que prepara un nuevo misil contra la prensa: la creación de un organismo para regular la publicidad privada que las empresas y personas hacen en esos medios. Tal vez se trate de una reacción contra el buen proyecto de ley que elaboraron los diputados Silvana Giudici, Enrique Pinedo, Patricia Bullrich y Gustavo Ferrari para corregir el manejo discrecional de la publicidad oficial. Pero la idea apunta a atemorizar a los empresarios, para que no pauten en medios críticos, y sacarle financiamiento a la prensa independiente.
Los jueces también están bajo acoso. La diplomacia norteamericana considera que en el gobierno argentino "no hay voluntad política de frenar la corrupción". Tampoco habría un fuerte apego de algunos jueces a hacer bien su trabajo. Pero, por las dudas, las usinas oficialistas comenzaron a decir que los gravarán con el impuesto a las ganancias. No está mal que ciudadanos y jueces estén equiparados. Tal vez también es cierto que ningún salario debería tributar Ganancias. Lo que sí es incorrecto es la intención del Gobierno de pretender doblegar al Poder Judicial.
No hay comentarios:
Publicar un comentario