El Pami y el autombombo de Di Cesare
El Ejecutivo Nacional parece querer demostrar que, si bien acumula pasivos con los jubilados, les concede beneficios no salariales a través de la obra social Pami. Es un enfoque mentiroso porque gastar mucho no garantiza una atención equivalente. En verdad, el Pami no ayuda a compensar a los jubilados y, además, tampoco cumple con el objetivo de su creación.
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). El Pami (Programa de Atención Médica Integral) no es una creación peronista. Mal que le pese al falso progresismo gobernante, fue una iniciativa de la Revolución Argentina.
El 13/05/1971, a través de la Ley 19.032, se creó el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados: por entonces, Francisco Manrique, ministro de Bienestar Social, parecía que resultaría el candidato presidencial que empujaría Alejandro Agustín Lanusse, el mandatario de facto (Manrique terminó enfrentado a Lanusse, quien tuvo como candidato al insignificante Ezequiel Martínez, el Presidente joven.
Manrique, ferviente antiperonista, quería demostrar que la asistencia social no era monopolio del peronismo, y el Pami fue parte de ese intento: una obra social para jubilados y pensionados, que evidentemente asumía el fracaso de la salud pública (tema de fondo, nunca rectificado por los gobernantes sucesivos).
De paso, la consolidación del sistema de obras sociales tampoco fue una invención peronista.
La asistencia solidaria se remonta a las organizaciones obreras más antiguas, como la Sociedad Tipográfica Bonaerense, en 1857.
El regimen se consolidó en 1970, en la 1ra. parte de la Revolución Argentina, cuando gobernaba Juan Carlos Onganía, quien promulgó el decreto-ley 18.610. Debería considerarlo Cristina Fernándezcuando habla sobre gobiernos de facto. Es deseable que ella corrija la notable ignorancia que caracterizó a su marido muerto tanto en historia argentina como en macroeconomía y en política internacional.
Pero, mientras las obras sociales en general han permanecido, con excepción de breves períodos, gestionados por las autoridades sindicales, el Estado ha intervenido en forma casi permanente la obra social Pami, generando ineficiencia, corrupción, sobrecostos administrativos y mecanismos de financiación del Estado con el dinero de los jubilados.
Si el peronismo no creó el Pami, al menos debería garantizar, cuando ejerce el gobierno, que la obra social cumpla con sus obligaciones originales, algo que podría permitirle recuperar algunas de sus banderas sociales perdidas.
Si el peronismo no creó el Pami, al menos debería garantizar, cuando ejerce el gobierno, que la obra social cumpla con sus obligaciones originales, algo que podría permitirle recuperar algunas de sus banderas sociales perdidas.
Hoy día se confunden 2 situaciones bien diferentes pero que coinciden en el perjuicio que provocan a los jubilados y pensionados.
Por un lado, la deuda permanente que mantiene y acumula el Estado Nacional con los trabajadores en retiro.
"Los que se jubilaron en los últimos años o lo están haciendo ahora, cobran un haber inicial que roza la mitad de lo que ordena la Justicia. El promedio se ubica cerca de 48%, pero puede ser hasta 54% más bajo. Es porque la ANSeS calcula la jubilación inicial con índices propios diferentes a los que fijó la Corte Suprema en un fallo de mediados de 2009.
Por eso, automáticamente, apenas le notifican que “le salió” la jubilación, el nuevo jubilado puede iniciar juicio para que le reajusten el haber de acuerdo a los índices ordenados por la Corte Suprema . Y explica, en gran parte, por qué en 2010 se iniciaron 100.000 nuevos juicios y en la Justicia se acumulan más de 450.000 causas.
El reclamo judicial es clave para el nuevo jubilado porque si su primer haber es más bajo que el que le corresponde la diferencia se mantendrá de por vida , se traslada eventualmente a la pensión, y podría agrandarse según cómo se aplique la movilidad previsional.
Esta diferencia de haberes entre lo que liquida la ANSeS y lo que dice la Justicia está en el cálculo del sueldo que se toma como referencia para determinar la jubilación de los trabajadores que se desempeñaron en relación de dependencia. (...)
El problema está en el índice que se aplica para actualizar los sueldos de esos 10 años. La ANSeS usa un índice que suma los ajustes jubilatorios generales otorgados a lo largo del tiempo. La Justicia dice que, por tratarse de una actualización salarial, se debe aplicar el índice de salarios básicos de la industria y la construcción (ISBIC) –personal no calificado- que elabora el Ministerio de Trabajo. (...)".
Por otra parte, el intento del Estado de demostrar que, si bien incumple con sus deberes jubilatorios, realizaría un esfuerzo que resulta en un beneficio no salarial para jubilados y pensionados a través de la obra social Pami.
Ese fue el enfoque del periodista kirchnerista Roberto Navarro en el paraestatal Página/12.
"Con 4,4 millones de afiliados, PAMI es la mayor obra social de Latinoamérica y el proveedor indirecto de ingresos de las franjas más vulnerables de la sociedad. En 2004, apenas el 30% del padrón se atendía en la obra social de jubilados y pensionados por su paupérrimo nivel de atención. Sin embargo, en los últimos años ese porcentaje se elevó hasta llegar al 94% en 2010. Durante este último año, 1 millón de afiliados recibió medicamentos gratuitos, mientras que en 2009 sólo los habían recibido 650 mil y en 2004, 9 mil. Otros 3,4 millones de pacientes accedieron a tratamientos farmacológicos con los mayores descuentos de la seguridad social, que llegan al 80% en las patologías más frecuentes. En 2009 habían sido 2,8 millones. Además, en 2010, 1,5 millón de afiliados recibió un subsidio económico directo. (...)".
Navarro incurre en un gravísimo error conceptual: gastar mucho no equivale a asignar correctamente.
Por ejemplo, ¿a cuánto asciende el gasto administrativo del Pami? ¿Qué porcentaje es del gasto total? ¿A qué áreas pertenecen los recursos humanos incorporados por Pami durante la gestión deLuciano Di Cesare?
Son datos insoslayables a la hora de evaluar la gestión de un organismo que sigue siendo casi una repartición pública, politizado y que privilegia lo clientelar al servicio legítimo a sus afiliados.
Por ejemplo, ¿a cuánto asciende el gasto administrativo del Pami? ¿Qué porcentaje es del gasto total? ¿A qué áreas pertenecen los recursos humanos incorporados por Pami durante la gestión deLuciano Di Cesare?
Son datos insoslayables a la hora de evaluar la gestión de un organismo que sigue siendo casi una repartición pública, politizado y que privilegia lo clientelar al servicio legítimo a sus afiliados.
Y que Luciano Di Cesare, actual titular del Pami, afirme que "Con más dinero disponible y un sistema que incentiva a médicos y sanatorios a brindar un mejor servicio, podemos incrementar nuestros beneficios todos los años”. Es una opinión personal del funcionario cristinista, en tanto no pueda verificarse por alguna opinión independiente.
Di Cesare quiere publicitar su gestión y, eventualmente, escalar en el organigrama delCristinismo. Al fin de cuentas Graciela Ocaña, por ejemplo, escaló desde ese cargo al Ministerio de Salud.
Pero el funcionario no debería exagerar en su autobombo, Navarro mediante.
Navarro/Di Cesare afirman que es exitoso el esfuerzo en la prevención médica. Tampoco es verificable por alguna opinión independiente. Resultaría muy beneficioso que eso ocurriese, en especial porque la historia del Pami consiste en grandes negocios de prestadores privados y sus amigos influyentes en la obra social, basados en las prestaciones sanitarias complejas (y a menudo inútiles porque ocurren cuando el paciente tiene escasa sobrevida).
De todos modos, la prevención médica debería resultar una prioridad cuando el futuro beneficiario aún se encuentra en su actividad laboral activa. Es muy relativo su éxito cuando el trabajador ya se jubiló, transcurriendo la mayor parte de su expectativa de vida.
Luego, Navarro demuestra que es escasa su relación con la problemática de los afiliados al Pami: los médicos de cabecera funcionan apenas como derivadores de los pacientes quienes, entonces, comienzan sus penurias: obtener los turnos en los especialistas a los que son derivados.
El Pami afirma que ha mejorado notablemente las retribuciones por capita a los médicos. No es lo que afirman los facultativos especializados, pero aún cuando fuese cierto lo que sostiene el Pami, nunca hay fechas inmediatas para los beneficiarios: siempre deben esperar bastante o mucho.
Resultaría interesante un debate público entre autoridades y beneficiarios para corroborar todo aquello que afirman Navarro/Di Cesare, por ejemplo acerca de los beneficios en la compra de medicamentos.
El gasto total de PAMI en medicamentos en 2010 fue de casi $ 3.000 millones que, a precios de mercado, hubiesen resultado en un gasto para los jubilados y pensionados por $ 12.000 millones.
La afirmación permite ingresar a otro debate: ¿es una obligación o no del Estado Nacional velar por la salud de sus habitantes, en especial de quienes han transcurrido ya su vida como trabajadores activos?
Sí, es una obligación. Entonces, no es justo enfocarlo como un subsidio o beneficio no salarial porque es parte del contrato que el Estado contrae con cada trabajador que ingresa al universo laboral.
Precisamente por ello habría que garantizar mediciones de la calidad de las prestaciones y un índice de satisfacción de los jubilados y pensionados, antes que autobombo no verificable.
por EDGAR MAINHARD
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