La Presidenta tiene en su poder 158 ternas para elegir candidatos; 40, desde hace más de un año.
El trámite para cubrir las vacantes judiciales está trabado, como nunca antes, en el Poder Ejecutivo: la Casa Rosada tiene en su poder 158 ternas para nombrar jueces nacionales y federales, y como la Presidenta no elige a sus candidatos, los procesos de designación están frenados.
En teoría, no hay motivos para semejante demora, que perturba el normal funcionamiento de la Justicia. El trámite es simple. El Poder Ejecutivo recibe una terna de candidatos propuesta por el Consejo de la Magistratura, elige a uno y lo envía para su aprobación al Senado. Sólo debe esperar, como requisito previo, 30 días hábiles para eventuales impugnaciones. Eso podría explicar que no estén resueltas aún las últimas ternas que recibió el Gobierno (39 son de los últimos dos meses), pero 40 de los 158 expedientes que acumula le llegaron hace más de un año.
Mientras tanto, más del 20% de los juzgados están vacantes, a cargo de jueces vecinos o subrogantes, que muchas veces son aspirantes a jueces a la espera de ser elegidos. ¿Por qué la Presidenta no cubre las vacantes? El presidente de la Asociación de Magistrados sostuvo que, en el mejor de los casos, "hay despreocupación". Según la oposición, un motivo es que los subrogantes son más presionables; otro, que el kirchnerismo ya no tiene garantizada la mayoría en el Senado, que debe darle acuerdo a cada candidato.
Fuentes del Gobierno lo niegan. Dicen que no hay nada irregular, que hay 59 ternas en proceso de impugnación y que elegir a un juez lleva tiempo.
"Nunca el número había sido tan alto como este año. Hay al menos una política de despreocupación", dijo a La Nacion el presidente de la Asociación de Magistrados, Luis Cabral, que advirtió que esto crea "una situación de endeblez" en la Justicia. "El subrogante no tiene los mismos resguardos que un juez ya nombrado. Además, muchos están a la espera de una designación", afirmó.
Esto es, según la oposición, un motivo central de la demora. "El Gobierno pretende sacar ventaja doble -afirmó el senador Ernesto Sanz (UCR), que acaba de terminar su mandato en el Consejo-. Por un lado, manejándose con subrogantes, que por su precariedad van a ser más afines al poder; por el otro, desgastando a los ternados en una suerte de competencia para ver quién hace más méritos para ser elegido".
Fuentes del Ministerio de Justicia hicieron hincapié en que muchas ternas son recientes. "Hay 42 en período de publicación, 17 a la espera de las impugnaciones y 25 en elaboración de los informes posteriores". Incluso según esta explicación, habría 74 vacantes que sólo requerirían una decisión presidencial para cubrirse.
Hace años que los jueces reclaman más celeridad, tanto al Poder Ejecutivo como al Consejo. En la última Conferencia Nacional de Jueces, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, dijo que "lo primero para hablar de una Justicia independiente es que haya jueces", que no se puede demorar dos años en cubrir las vacantes y que la perjudicada es la ciudadanía.
Una vez que la Presidenta elige a sus candidatos, el trámite sigue en el Senado. Hoy, el kirchnerismo no tiene mayoría en la Comisión de Acuerdos de la Cámara alta y no tiene garantías de que se vaya a avalar a sus postulantes (ver aparte). Una persona que conoce de adentro cómo el Gobierno elige a los jueces relató a La Nacion que en los últimos meses un nuevo factor demoró el proceso. "Después de la muerte de Néstor Kirchner se rompió el circuito de selección -afirmó-. Había actores muy influyentes a la hora de recomendar candidatos al Gobierno que hoy perdieron poder."
Récord mínimoUna vez que el Consejo elevó la terna, la Presidenta eligió a su candidato y el Senado le dio acuerdo, un decreto presidencial pone al nuevo juez en funciones. Durante 2010, sólo seis magistrados cumplieron este proceso y fueron designados. Es el número más bajo de la última década. Mientras tanto, sólo por renuncia, se fueron 30 jueces.
En total, hay 203 vacantes por cubrir, una cifra que casi no ha variado en los últimos años. La diferencia es que antes la mayor parte de los expedientes estaba en el Consejo, que hoy tiene 41 concursos en trámite, según sus datos oficiales.
En materia de subrogancias, la Casa Rosada también está en deuda. En 2007, la Corte advirtió que los subrogantes que nombraba el Consejo eran inconstitucionales y que en un año debía establecerse por ley un nuevo sistema para nombrar suplentes. El Congreso sancionó la ley: estableció que los nuevos interinos iban a ser o bien un juez vecino o bien quien eligiera el Senado de una lista que debía enviarle el Gobierno. Pasaron dos años y medio, y Cristina Kirchner nunca mandó su lista.
Pero las demoras no son exclusivas del Gobierno. El caso más grave está en el Consejo: es el concurso para cubrir cuatro juzgados del fuero federal penal, donde están las principales causas de corrupción. Tiene más de cinco años. Fue anulado a instancias del oficialismo y está bajo sospecha de trampas. En tanto, una de las vacantes la cubre el juez Norberto Oyarbide; otra, el juez Sergio Torres, y las otras dos, Marcelo Martínez de Giorgi, que es subrogante.
LA ELECCIÓN1.- Consejo de la Magistratura
Los postulantes se anotan en el Consejo, rinden un examen, se evalúan sus antecedentes y se forma la terna de candidatos que se remite al Poder Ejecutivo. El año pasado, se puso en marcha un nuevo reglamento de concursos; entre otros motivos, para darles más transparencia a los procesos. Hubo serias denuncias de trampas.
2.- Poder Ejecutivo
Esta etapa está regulada por el decreto 588/03, que establece que una vez que el Ministerio de Justicia recibe las ternas, las publica (para que se puedan presentar observaciones a los candidatos) y tiene 30 días hábiles para elevar las actuaciones a la Presidencia. Según este decreto, Cristina Kirchner no tiene un plazo para elegir a su candidato. Sin explicación, el Gobierno tiene 40 vacantes frenadas desde hace más de un año.
3.- Senado
El último paso es que el postulante obtenga el acuerdo del Senado, donde el kirchnerismo ya no tiene el poder que tuvo en otros tiempos. Después, un decreto presidencial lo pone en funciones.
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