1 - LAS INTERNAS ABIERTAS, EN UN LIMBO DE INCERTIDUMBRE.
En un país normal no debería pasar. Pero, se sabe, la Argentina a veces adolece de normalidad. El 2011 —año eminentemente electoral— se inicia con una certeza muy fuerte que circula en el mundo político y judicial pero que contradice el discurso público del Gobierno en esa materia: está muy instalada la idea de que, finalmente, no se aplicará la promocionada ley de reforma política que el kirchnerismo impulsó en diciembre de 2009, una de las consecuencias de la derrota de ese año en las urnas.
Fuera de micrófono, los políticos de todos los partidos dudan de su efectiva aplicación, en especial la del capítulo de las internas abiertas y simultáneas que deberían realizarse el próximo 14 de agosto.
Frente a los micrófonos, los kirchneristas hacen denodados esfuerzos por rebatir esa idea y se aferran al guión emanado de la Casa Rosada según el cuál "no hay nada que impida la realización de esas primarias". El encomillado pertenece, por ejemplo, al Director Nacional Electoral, Alejandro Tullio, quien cerró el 2010 paseándose por las provincias para explicar lo que nadie cree.
El otro vocero de esta versión oficial es el ministro del Interior, Florencio Randazzo, quien hasta se muestra ofuscado cuando se le insinúa una posible suspensión. Se ve que se compenetra en el papel.
En la oposición son más directos. Dirigentes como Margarita Stolbizer, del GEN, han propuesto "parar con la farsa" y "hacer un acuerdo político entre todos los partidos" para resolver la indefinición que supone este doble camino del rumor hiperinstalado, por un lado, y del libreto oficial, por el otro.
Lo mismo han opinado desde el disidente Peronismo Federal. En la provincia de Buenos Aires, donde se aprobó una ley casi calcada de la nacional (Nº 14.086), desde sectores como el radicalismo también han pedido la urgente reglamentación.
El juez electoral platense, Manuel Blanco, fue una de las voces que ya se alzaron diciendo que la ley, dado los tiempos que faltan, parece impracticable.
Hace horas, nada menos que el titular de la Cámara Nacional Electoral, Alberto Dalla Vía, le reclamó al Gobierno nacional que termine de reglamentar la ley en cuestión, ya que existen "aspectos imprescindibles" a regular para que los comicios de este año "puedan llevarse adelante". En boca del magistrado: "La Cámara va realizar todos los esfuerzos en el marco de la ley para llevar adelante el proceso electoral.
Creemos que es imprescindible que se reglamenten varios aspectos para que la elección se pueda llevar adelante". Sus declaraciones pueden leerse en el portal del Centro de Información Judicial.
No es un secreto: la Cámara Electoral le ha pedido varias veces al Ejecutivo la reglamentación de los aspectos importantes de la ley que faltan reglamentar. Conviene recordarlo: la norma fue aprobada hace más de un año. ¿Tanto puede llevar ese trámite?
¿Por qué la importancia de la voz judicial? Porque la versión instalada dice que sería justamente la Justicia la que dictaría la inaplicabilidad de la ley ante la incompleta reglamentación del PEN. Y es más: el rumor se completa con el detalle del regreso, dado que no habría internas, de las famosas listas colectoras, una receta que el kirchnerismo —con Néstor Kirchner en vida— elevó a la categoría de salvación electoral.
En verdad, los partidos chicos celebrarían la no aplicación de la ley de reforma ya que, en su momento, la repudiaron porque consideraron que sólo favorecía a las fuerzas políticas más grandes, como el peronismo y el radicalismo. Esto tiene que ver con una serie de condiciones que se fijaron en la norma, vinculadas a cantidad de afiliados y provincias en las que debe acreditarse representatividad, que aparecen como muy difíciles de cumplir para las agrupaciones menores.
A modo de respuesta frente a las críticas judiciales por la demora en la reglamentación, en el Gobierno desempolvan 4 decretos reglamentarios que, efectivamente, la presidenta Cristina Fernández rubricó a fines de junio pasado. A saber:
-Creación del Consejo de Seguimiento de las elecciones Primarias y Generales, que estará integrado por un apoderado legal de cada una de las listas que participen en esas elecciones.
-Modernización del Registro Nacional de Electores en base a las nuevas tecnologías para informatizar el padrón, tramite a cargo de la Justicia.
-Se simplifican los trámites relativos a los partidos políticos, facilitando desafiliaciones y agilizando las nuevas afiliaciones.
Sobre las elecciones primarias, se estableció en este decreto que el Registro Nacional de las Personas "trabaje en forma mancomunada conla Justicia Electoral " para confeccionar los padrones generales, ubicación de las mesas, etc. Y se fija un plazo de 90 días hábiles para que los partidos regularicen su situación con las nuevas pautas (será requisito para mantener las personerías partidarias y la participación electoral que los partidos confirmen adhesiones o afiliaciones del 4 por mil en cinco distritos sobre el padrón electoral general).
-Sobre el financiamiento privado de los partidos, se exige la identificación fehaciente del donante. Esto es: "sólo pueden aportar fondos para las campañas las personas físicas".
Evidentemente para la Justicia Electoral esto no es suficiente. Las versiones del mundillo político sostienen que, arrepentido de haber impulsado la norma pero procurando no pagar costos, en el Gobierno esperan —o quieren forzar— una medida judicial que dictamine la imposibilidad de aplicar la ley, tal como la votó el Congreso.
Algunas voces sostienen, sin embargo, que eso sólo sería posible si el propio Parlamento vota otra ley, en este caso de suspensión de reforma política. No es nuevo. Eso ya sucedió en 2002, al suspenderse la reforma post crisis del 2001 y se alumbró el esquema electoral del 2003: ningún partido tuvo internas y al final se terminó dirimiendo todo en la elección general.
La que consagró a Kirchner. Y se volvió a suspender en en 2007, lo que llevó a las listas colectoras en la elección que consagró a Cristina.
Mariano Pérez de Eulate
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2- Un año electoral atípico
Por Adrián Ventura
La nueva ley de partidos políticos cambiará la dinámica de las elecciones, pero no cambió, ni podría hacerlo, la forma de construir política: sin cohesión ni proyectos, siempre será difícil llevar adelante una candidatura y, mucho más aún, una buena gestión de gobierno.
Este año, los argentinos viviremos varias novedades que se incorporaron con la nueva ley de partidos políticos, número 26.571, sancionada en diciembre de 2009:
- El 14 de agosto se harán las elecciones primarias abiertas (no limitadas a los afiliados de cada partido), simultáneas (para todos los partidos) y obligatorias (para todos los ciudadanos).
Allí, los partidos seleccionarán a sus candidatos a las presidenciales, que se harán muy poco tiempo después, el 23 de octubre. Eventualmente, podrá hacerse el ballottage. Y, todo eso convivirá con distintos turnos electorales en las provincias y en la ciudad de Buenos Aires. Habrá mucha campaña y poco tiempo para la gestión política.
- Si dos partidos quieren conformar una alianza tendrán tiempo hasta fines de junio. Es decir, después de las elecciones primarias, ya no se podrá hacer alianzas y las fórmulas consagradas en esos comicios serán las que participen en los nacionales.
- Los partidos que en las elecciones primarias no obtengan el 1,5 por ciento de los votos válidos emitidos no podrán participar de las nacionales. Es posible que algunas agrupaciones pequeñas se queden en el camino.
- La ley establece un límite absurdo, que será imposible de respetar y sólo servirá para justificar sanciones o reproches: la campaña electoral de cada partido comenzará 30 días antes de las internas, es decir, a comienzos de agosto. Sin embargo, Ricardo Alfonsín, Eduardo Duhalde, Ernesto Sanz y otros muchos candidatos ya hicieron públicas sus aspiraciones. Si bien todos los partidos votaron la ley de partidos, los candidatos no pueden darse el lujo de demorar hasta agosto para buscar su posicionamiento electoral.
- A diferencia de años anteriores, ahora los partidos no podrán contratar espacios de publicidad televisiva y radial, algo que les permite asegurar su llegada al público -aunque insume más del 70 por ciento del presupuesto partidario-. Ahora gozarán de espacios gratuitos, que los medios deben ceder obligatoriamente. Pero la oposición teme que el Gobierno los relegue a los horarios marginales, mientras que el Poder Ejecutivo, que puede mostrar actos de gestión, ni siquiera necesita usar esos espacios.
La ley fue sancionada con el apoyo de legisladores y partidos que, ahora, ven difícil o inconveniente su cumplimiento. Muchos políticos y no pocos jueces creyeron que la norma terminaría por ser suspendida, como ocurrió en 2002. Pero, en aquel entonces, el propio PJ necesitaba esa salida, mientras que, ahora, el peronismo kirchnerista (el PK) insiste en su aplicación para acorralar a la oposición.
Lo cierto es que, hasta este momento, ningún partido pidió la suspensión ni la inconstitucionalidad de la ley.
De todas formas, más allá de los rigores que impone el texto, está el desafío del Gobierno y de la oposición de proponer soluciones y programas serios para combatir la inflación, la inseguridad y la pobreza. El problema no está en la ley, sino en la falta de imaginación de la política.
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