Antes de lanzarse a la reelección, Cristina vetó un artículo que prohibía a la UIF ser querellante
La decisión fue publicada en el día de ayer en el Boletín Oficial junto con la promulgación de la Ley 26.683 a través del decreto 825, pero el inesperado anuncio de Cristina en el marco de la concesión de 220 nuevas licencias para emisoras de televisión digital hizo que no lograra trascender en la opinión pública.
El veto de la Presidenta generó al instante fuertes críticas de parte de la oposición, “la medida busca preservar a los amigos del Poder", expresaron diferentes diputados opositores a los medios.
El artículo 25 de la norma establecía que la UIF no podía "constituirse como parte querellante en procesos penales"que estén vinculados a casos de lavado de dinero, sin embargo en el Boletín Oficial ahora figura que es "necesario" que la UIF "se encuentre facultada para intervenir como parte querellanteen los procesos en los que se investiguen delitos tipificados por la ley Nº 25.246 y sus modificatorias". El objetivo sería el de de impulsar investigaciones en curso "no sólo para perseguir a los responsables de delitos, sino también para promover el decomiso de activos ilegalmente obtenidos".
Actualmente, la UIF cumple el rol de querellante en varias causas en las que investiga las actividades de presuntas asociaciones ilícitas, pero que también involucran al propio Gobierno, como por ejemplo la llamada "mafia de los medicamentos".
Hay que destacar que este veto se produce en medio del escándalo que involucra a Sergio Schoklender, quien casualmente operaba con la misma financiera que el desaparecido Sebastián Forza, asesinado en agosto de 2008 en el marco de triple crimen de General Rodríguez,hecho por el cual hoy se encuentra detenido Martín Lanatta, antes mano derecha del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.
Todo esto acurre cuando el fiscal federal Guillermo Marijuan acaba de imputar al presidente de la UIF, José Sbatella, por incumplimiento de deberes de funcionario público por dar impulso a la investigación vinculada a los fondos de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
“Dicha decisión se adoptó en atención a que el Estado Nacional tiene un significativo interés institucional en satisfacer los deberes emergentes de los compromisos internacionales asumidos en la materia”, plasma el Boletín Oficial.
“Se requiere que, con el máximo respeto a la división constitucional de poderes, el Poder Ejecutivo Nacional tome intervención en las actuaciones judiciales en las que se investigan hechos de tal gravedad”, agrega el decreto.
"Semejante facultad judicial sin lugar a dudas continuará siendo ejercida arbitrariamente de acuerdo a quien sea la persona investigada", sostuvo el diputado denarvaísta Gustavo Ferrari en un comunicado.
"La Presidenta no puede desconocer que uno de los motivos sobre los que pende la posibilidad de que la Argentina sea sancionada, es precisamente la utilización política de la UIF", agregó. Y es que según los integrantes del Grupo de Acción Financiera Internacional, el Gobierno nacional ha hecho un uso político de la UIF, por lo que se plantea incluir a la Argentina entre las naciones con más deficiencias en el lavado de dinero, como Irán y Corea del Norte.
El diputado recordó que "la necesidad de restringir" a la UIF "era uno de los puntos centrales" que reclamaba su espacio para sancionar esta norma en el Congreso, debido a los antecedentes de "utilización" de la entidad "como un organismo de persecución política de opositores y de protección y encubrimiento de los amigos del Poder".
Un paso más atrás de la independencia de poderes que caracteriza cualquier sistema democrático, y una decisión desesperada del Gobierno nacional por controlar lo que la corrupción torna a veces incontrolable.
Eliana Toro
Twitter: @toroeliana
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FUENTE: TRIBUNA
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