martes, 14 de junio de 2011

Un plan para culpar sólo a Schoklender. Por Adrián Ventura


Unicamente la víctima de un delito tiene derecho a actuar como parte querellante en una causa, porque es quien tiene motivos para impulsar una investigación y pedirle al juez que condene al imputado. Ayer, la organización Madres de Plaza de Mayo se colocó en posición de víctima y pidió la condena de Sergio Schoklender y de su "banda" .
La estrategia de la defensa ante el juez Norberto Oyarbide es clara y, también, más ambiciosa de lo que parece:
  • Primero, lo obvio: mientras varios políticos e, incluso, referentes de derechos humanos deslizan sospechas en el sentido de que Hebe de Bonafini no podía desconocer el alto nivel de vida que llevaba su entonces protegido o las irregularidades de su gestión, ella buscó, con su querella, correrse de la posibilidad de ser considerada imputada. La estrategia, claro está, no es un blindaje definitivo. Hubo casos en los que, por ejemplo, el Banco Central o la Anses actuaron como querellantes, pero eso no impidió a los jueces, luego, imputar y procesar a sus presidentes o directores.
Sin embargo, la estrategia de Hebe de Bonafini sigue al pie de la letra la que trazó el Gobierno: la cadena de responsabilidades se debe cortar en Schoklender y en su "banda", a la que Bonafini calificó de ser una asociación ilícita. Hasta ahora, ni el Gobierno ni las Madres de Plaza de Mayo parecen dispuestos a admitir que pudieron estar involucrados integrantes de la fundación o funcionarios públicos.
  • Segundo: en su escrito, Bonafini dio dos empujones a Schoklender y a la "banda", para enviarla a prisión.
En efecto: por un lado, involucró a Sergio y a Pablo Schoklender en una asociación ilícita. Si se confirma esta calificación y el juez descubre que Sergio fue el jefe de la banda, éste debería ir preso, porque ese delito no admite la excarcelación. En este punto, la titular de Madres de Plaza de Mayo sigue la línea que fijó el fiscal Jorge Di Lello.
Pero, además, Hebe de Bonafini denunció que robaron documentación de la sede de la asociación. Así, les dio al juez y al fiscal un motivo para que puedan fundamentar la detención de Schoklender: los jueces suelen tomar esa medida cuando hay datos de que el imputado, si permanece en libertad, puede obstaculizar la acción de la justicia haciendo desaparecer pruebas. Es, por ejemplo, lo que mantiene a Juan José Zanola en prisión por la mafia de los medicamentos.
Ahora bien, más allá de esas sutilezas, surgen muchas dudas:
  • Ayer, el subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala, reconoció públicamente, en declaraciones a Radio Mitre, que las obras y fondos públicos eran entregados a Madres sin licitación pública y aclaró, ademas, que el dinero no era otorgado como subsidio, sino para hacer obras públicas.
El juez no debería pasar por alto esa declaración. Sin advertirlo, Fatala vino a admitir que hubo irregularidades, porque la ley de obras públicas (número 13.064) dice que todo trabajo o servicio que se realiza con fondos del Tesoro es obra pública y debe ser contratado mediante una licitación pública previa. Las fundaciones no están exentas de ese requisito.
  • El fiscal pidió investigar la posible participación de funcionarios públicos. Si bien, por ahora, la causa avanza sólo contra Schoklender y contra sus socios, la decisión de haber contratado a la fundación o a las empresas vinculadas sin licitación pública indicaría que hubo funcionarios que entregaron indebidamente fondos públicos y, también, que hubo otros funcionarios que no controlaron esa irregularidad.
  • Pero, ayer, Bonafini aportó otro dato llamativo: denunció que en la noche del viernes 3 desconocidos robaron documentación de la fundación. Ese mismo día, curiosamente, el magistrado comenzó una serie de allanamientos, pero decidió no allanar las oficinas de la fundación y se conformó con pedir a las Madres que presentaran la documentación en diez días. Quizás, Oyarbide debió haber allanado ese lugar, para secuestrar los valiosas papeles, sin que ello signifique imputar a nadie.
¿Existen copias de esos documentos robados? ¿Se perdieron pruebas? ¿Fue causalidad? Otra casualidad: horas después del robo, el avión Cessna de Schoklender despegó, en su último vuelo, hacia Rosario y sin pasajeros.
fuente: La Nación

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