El Gobierno se empeña en homologar la aplicación de la ley a la represión. Con ello desbarata toda posibilidad de contribuir a dar forma a una comunidad organizada. Con ello, además, se convierte en promotor de la impunidad que debería combatir y de la anarquía social que debería impedir. Obra como un cómplice cuando debería hacerlo como un juez.
¿Qué teme el Gobierno? Mucho más los costos de la asunción de sus obligaciones que los amargos frutos de su escalofriante prescindencia. Esa y no otra es su conducta perversa. Quiere ganar, ganar siempre, al precio que sea, caiga quien caiga. Y esta verdad es la que buscan disimular sus aparentes cambios recientes. Los comportamientos últimos de la Presidenta, que parecían indicar que se distanciaba del estilo de su esposo, hoy vuelven a probar que ese estilo no murió con él.
Si el gobierno de la ciudad de Buenos Aires es impotente para proceder, el nacional es irresponsable, pues debiendo y pudiendo intervenir, no lo quiere hacer. ¿Cómo no sospechar que su propósito es terminar con Mauricio Macri y no con el delito?
Villa Soldati es el escenario que refleja la magnitud alcanzada por la ausencia de la ley, por su instrumentación perversa, por su manipulación. Tal vez los ánimos se apacigüen en un tiempo más. Pero el problema que los enardeció hasta caer en el salvajismo no estará resuelto mientras la simulación democrática en que vivimos no dé lugar a los mandatos de la democracia auténtica.
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