Con la sola intención de aportar un granito de arena a la claridad del tema me tomo el atrevimiento de buscar algunos denominadores comunes. Algunos puntos de acuerdo básicos entre la inmensa mayoría de los argentinos y los expertos en el tema. Uno de los que más estudió la complejidad del combate contra el delito es el doctor León Carlos Arslanián.
Él ayudó a parir junto a fuerzas políticas de las mas diversas lo que se llamó el Acuerdo para una Seguridad Democrática. En su denominación ya nos está dando la pauta de que seguridad y democracia funcionan como dos caras de la misma moneda. No hay seguridad sin democracia porque sería caer en la dictadura. Y no hay democracia completa sin seguridad porque se les priva a los ciudadanos del primero de sus derechos humanos que es a vivir sin temores ni acechanzas, en paz y en tranquilidad con sus familias. Hasta ahí estamos de acuerdo.
La seguridad no es una bandera de la derecha destituyente. Es un reclamo justo de los ciudadanos instituyentes, para utilizar el lenguaje de Carta Abierta.
La democracia no se discute. La vigencia de la ley es un activo de todos que llegó para quedarse para siempre en la Argentina. En esta columna no es mi intención pasar facturas pero debo recordar que esa palabra, seguridad, estaba prohibida en el diccionario del kirchnerismo hasta hace muy poco y se acusaba de poco menos de golpista a los periodistas que reclamaban atención al tema que mas les preocupa por lejos a todos los argentinos.
Avancemos ahora. Bienvenida la voluntad de asumir el tema de la presidenta Cristina Fernández y dejar de negar el tema. Bienvenida la voluntad de atacar la inseguridad y de busca los mejores mecanismos. Es positiva la incorporación de los 6.000 gendarmes a la lucha contra el crimen organizado en el Conurbano. Mas vale tarde que nunca le dije la semana pasada.
Ya sabemos que necesitamos la policía mejor capacitada intelectual y operativamente que podamos conseguir, la que disponga de la última tecnología, de buenos sueldos donde se privilegie la meritocracia y solo se castigue a los corruptos y a los que se salgan de la ley con represión salvaje o torturas. Esto no lo discute nadie. O casi nadie.
Sigamos con los posibles acuerdos. No hay que criminalizar la protesta ni romperle la cabeza a palos a nadie para imponer orden. Pero hay que imponer el orden. Diálogo y persuasión siempre en el primer momento. Pero después, si eso no da resultado, jamás hay que renunciar al uso de la fuerza. Lo dice el propio Arslanián: la utilización de la fuerza, el monopolio de su uso, es una función indelegable del Estado y una de sus primeras responsabilidades. Si se renuncia al uso de la fuerza se transforma al estado en desertor. Se saca al estado del medio y eso deja libre el terreno para que los ciudadanos diriman sus conflictos ejerciendo la justicia por mano propia.
En democracia y cumpliendo todos los protocolos racionales del caso, la fuerza la debe ejercer el estado y su brazo armado, en este caso la policía. Nadie quiere que los conflictos sociales se resuelvan a balazos. Nadie o muy pocos pregonan la mano dura, o la mano ultraderecha. Pero tampoco nadie quiere el caos y la anarquía.
Esa falta de orden y respeto por las normas de convivencia pacífica potencia los reclamos de los más salvajes. Hay que sacar el tema de la seguridad de la pelea política y del chiquitaje electoral. Hay que buscar el consenso de todos los partidos y que todos se comprometan a mantener el mismo criterio.
Ni el autoritarismo que pide sangre y tiros ni el viva la pepa que deja la zona liberada para cualquiera. No matar a nadie. Ni a los manifestantes ni a los policías. Por encima de todo, el Estado debe proteger siempre la vida de todos los ciudadanos. Pero eso no significa que deje indefensa a la sociedad frente a los delincuentes. Eso sería un tiro por la culata. Un verdadera suicidio político.
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