Estimado Dr. Alejandro Catania:
Aún sigo sin entender el sentido de su solicitud a varios diarios para que le suministren la nómina, dirección y teléfonos de los periodistas que hayan publicado noticias vinculadas a índices inflacionarios de la República Argentina desde el año 2006 hasta la actualidad.
He estado en los últimos días haciendo cuentas y hablando con colegas tan sorprendidos como yo por su decisión. Mi conclusión fue que desde la intervención del Indec y el despido de muchos de sus técnicos más reputados, hacia 2007, prácticamente no ha pasado un día sin que LA NACION haya mencionado la palabra inflación. A tal punto que si usted se tomara el trabajo de buscar en Google los textos en los que aparece la palabra "inflación" asociada a este diario, se encontrará con nada menos que 272.000 archivos. Y si se toma el trabajo de buscar periodistas que hayan mencionado ese término en alguno de sus artículos del mismo diario, se encontrará con más de medio centenar.
Es probable que, entre los seis diarios a los que usted solicitó la información, existan varios centenares de periodistas y colaboradores de esos medios que alguna vez se hayan referido aunque sea tangencialmente al problema de la inflación en la Argentina.
No menos dudas me provoca el hecho de que no haya citado a algunos referentes del mundo político y sindical que han dado cátedra sobre la inflación
Me pregunto si valdrá la pena citar a su juzgado a cada uno de ellos para que no hagan más que ratificar lo expresado en miles y miles de artículos periodísticos en los últimos cinco años. Imagino que en su tribunal tendrá empleados de sobra, con muchísimo tiempo libre y probablemente sin otras causas judiciales de relevancia para encarar semejante tarea.
Me resulta extraño que, siendo así, no haya reparado en que numerosos periodistas de radio y televisión, de agencias de noticias y de sitios web, quizás tan influyentes como quienes escriben en los diarios, también se han referido a diario a la inflación. Me pregunto cuál habrá sido el motivo de tan rara discriminación.
No menos dudas me provoca el hecho de que no haya citado a algunos referentes del mundo político y sindical que han dado cátedra sobre la inflación en la Argentina. Sin ir más lejos, podría haber convocado como testigo al titular de la CGT, Hugo Moyano, quien más de una vezdesacreditó públicamente las estadísticas del Indec y afirmó que la única forma de medir el aumento del costo de vida es por medio del "índice del changuito" del supermercado.
Pero más allá de todas estas dudas, señor juez, deseo que sepa que puede contar con mi testimonio para aportarle modestamente algunos elementos que puedan ayudar a su investigación. Por ejemplo, podría exhibirle una columna que escribí allá por el 5 de octubre de 2007 en LA NACION, titulado "La culpa la tiene el otro", en el que precisaba que el entonces presidente de la República dijo que había sectores minoritarios "demandantes de inflación" que "ahora quieren desestabilizar". También expresé en ese artículo que "los Kirchner parecen reclamar comprensión con las tropelías del sheriff Guillermo Moreno para frenar o disimular los aumentos de precios, cuando señalan que por cada punto de inflación la deuda pública sube en 420 millones de dólares".
Y si me concede algunos minutos más, podría explicarle, de acuerdo con opiniones de numerosas fuentes consultadas cuyo criterio comparto, para qué le sirve al Gobierno disimular la verdadera inflación con las mediciones del Indec: para enmendar uno de los puntos más débiles de nuestra deuda pública, como el ajuste de los bonos por la variación del costo de vida (aunque no reparen que buena parte de esos títulos públicos están en manos de la Anses); para persuadir a la ciudadanía de que el índice de pobreza, que se mide en función del poder adquisitivo de las familias y del costo de una canasta de alimentos, es uno de los más bajos del mundo (8,3% según el Indec, ¡la mitad del de los Estados Unidos!), y para no subir como se debería el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias para los trabajadores en relación de dependencia.
Pero más absurdo me parece hacer lugar a una demanda que sólo apunta a ponerle un cepo a la libertad de expresión
Por supuesto, podría acompañar mi declaración testimonial con toda clase de elementos que muestren que mis gastos personales, al igual que los de muchos otros argentinos, vienen siendo golpeados por una inflación mucho más galopante que la que parece medir el Indec. Por ejemplo, boletas que dan cuenta de un aumento del litro de nafta súper del 94,6% entre enero de 2009 y el día de hoy; comprobantes de que, en el mismo período, la bajada de bandera del taxi se incrementó un 52,6%; que el kilo de pan experimentó una suba del 42%, y que una entrada de cine se incrementó en un 70 por ciento. Y, aunque tal vez no le interese, podría comentarle también que todos los años para esta época suelo encargar en una confitería porteña 100 saladitos para una fiesta familiar y que ahora debo pagar 300 pesos por lo mismo que dos años atrás me costaba 160 pesos. Los encuestadores del Indec no llegaron a ese comercio.
Señor juez, sé que todo esto puede parecerle ridículo. Pero más absurdo me parece hacer lugar a una demanda que sólo apunta a ponerle un cepo a la libertad de expresión de quienes, a través de consultoras especializadas, buscan paliar la carencia de estadísticas confiables sobre la inflación desde que el Indec dejó de ser un organismo creíble.
Lo saludo atentamente.
fuente: La Nación
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