Una fuerte polémica se desató entre la UCR y el kirchnerismo en torno al despacho de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas sobre un informe de la Auditoría General de la Nación sobre la Administración de Programas Especiales (APE).
Por pedido expreso de la presidente Cristina Fernández, el kirchnerismo impuso su mayoría y rechazó el intento opositor para que la Justicia y la Oficina Anticorrupción investiguen al Administración de Programas Especiales (APE), sospechada de mantener vínculos con el sindicalismo en la causa denominada mafia de los medicamentos.
El dictamen rechazado planteaba que la Auditoría General de la Nación (AGN) aportaba evidencias de posibles mecanismos defraudatorios de las obras sociales para con la APE desde 2002, y pedía enviar lo investigado a la Justicia Federal.
El proyecto generado por el radicalismo, proponía regularizar las observaciones, “se deslinden responsabilidades, se determine el eventual perjuicio fiscal” producido por los “hechos de administración fraudulenta” que se desprenden del informe y se envíen las actuaciones a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, a la Oficina Anticorrupción, y a la Justicia Federal.
La iniciativa establece además la apertura de otra investigación, independiente a las que ya tramita la Justicia, sobre la base del informe de la AGN.
En un comunicado enviado a Urgente24 la UCR señaló que “la Auditoría General de la Nación (AGN) aporta evidencias de posibles mecanismos defraudatorios de las obras sociales para con la APE desde 2002. Se encontraron sobreprecios en la compra de vacunas, falta de control de las prestaciones médicas subsidiadas, y rendición de medicamentos con la presentación de troqueles en fotocopia, en lugar de originales. El órgano de control remitió su informe en 2007, pero recién pudo tratarse en la Comisión Mixta con el cambio de autoridades de 2010”.
Este miércoles 13/04,la sesión había estado en riesgo. Horas antes, el titular del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Ángel Pichetto había amenazado con no dar quorum, endilgando a la oposición que no se iban a tocar temas sensibles como éste.
Y Pichetto tenía razón. Claro que el tema es sensible. De hecho involucra a una de las principales espadas que tiene el kirhnerismo, el camionero Hugo Moyano.
El líder de la CGT es investigado por 3 jueces: Norberto Oyarbide, Ariel Lijo y Claudio Bonadio.
Oyarbide y Bonadio lo investigan en causas ligadas a la mafia de los medicamentos. Moyano controla, desde hace más de 20 años, la Obra Social de Choferes de Camiones (Oschoca). Un peritaje ordenado por la Justicia detectó centenares de troqueles apócrifos que habían sido presentados por esta entidad ante la Administración de Programas Especiales (APE), del Ministerio de Salud, para obtener el reintegro del precio de remedios que no se sabe si existieron.
Además, Bonadio investiga una denuncia de la ex ministra de Salud, Graciela Ocaña, que acusó a Moyano del delito de administración infiel. Ocaña presentó a la Justicia un detallado informe sobre varias empresas que figuran a nombre de familiares de Moyano, y pidió que se investigaran sus contratos con el gremio de camioneros, la mutual y la obra social.
Tambien el juez Ariel Lijo investiga a Moyano como consecuencia del exorto que llegó de Ginebra, donde se informa que se bloqueó una cuenta de US$ 1.874.806,30 a nombre de Covelia porque se sospecha que recibió fondos de origen ilícito, provenientes de supuestos negocios espurios en los que podrían estar implicados Hugo Moyano y su familia. Para determinar si eso es cierto, los suizos pidieron ayuda a la Argentina.
Lijo solicitó a la Unidad de Información Financiera (UIF) todos los reportes de operaciones sospechosas que pudiera tener sobre Moyano, Covelia o su titular, Ricardo Depresbiteris. La UIF, que funciona dentro de la órbita del Ministerio de Justicia, recibe informes de bancos y otras entidades sobre movimientos que podrían esconder maniobras de lavado de dinero.
Lijo pidió también los datos en poder de la Dirección de Personas Jurídicas sobre la constitución de Covelia y solicitó que se revisara el resto de las causas del fuero federal para averiguar si hay alguna vinculada a esta nueva investigación.
Las causas
> Medicamentos : Oyarbide y su colega Bonadio investigan a Hugo Moyano por el supuesto cobro de reintegros indebidos por parte del Estado, por la compra de costosos medicamentos oncológicos. En el caso se detectaron unos 300 troqueles de un remedio apócrifo.
> La pista suiza : Oyarbide recibió un pedido de ayuda de la justicia de Suiza para que les informe las causas que tienen Moyano y sus familiares aquí. Los suizos investigan si hubo lavado de dinero. El juez Ariel Lijo a la Unidad de Información Financiera (UIF) todos los reportes de operaciones sospechosas que pudiera tener sobre Moyano, Covelia o su titular, Ricardo Depresbiteris
> Administración infiel : Bonadio tramita una denuncia de Graciela Ocaña, que acusa a Moyano de haber cometido ese delito al contratar empresas de su familia.
Ahora, será la presidente Cristina Fernández quien deberá establecer cuáles son los pasos a seguir en lo que hubiera sido un paso más en una
investigación que ya tiene preso al líder de los bancarios, Juan José Zanola.
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El kirchnerismo impidió que una auditoría sobre APE vaya a la justicia
Se trata de un informe de la AGN sobre su funcionamiento hasta 2005. El organismo se encarga de financiar los tratamientos de alta complejidad y está involucrado en causas sobre la mafia de los medicamentos. La oposición del Senado pidió enviar el trabajo a la justicia federal pero no consiguió mayoría para lograrlo. Si faltaba algo para que el kirchnerismo haga valer su mayoría en el Senado, esta tarde frenar el envío a la justicia de un informe sobre el funcionamiento de la Administración de Programas Especiales (APE), organismo encargado de financiar los tratamientos de alta complejidad en la mira de todas las investigaciones sobre la mafia de los medicamentos.
El informe fue realizado por la Auditoría General de la Nación (AGN) y comprende el período entre 1998 y 2005, cuando el APE aún no estaba en el ojo de la tormenta.
Sin embargo, para la UCR y el peronismo federal en ese lapso incorporó un manejo discrecional de los fondos que derivó las denuncias sobre irregularidades que pesan hoy.
La más recurrente es sobre una deuda de la APE con las obras sociales que según la CGT ascendería a 9000 millones y tuvo inicio antes de la llegada de Cristina Kirchner.
A través de un comunicado, la UCR sostuvo que la AGN “aporta evidencias de posibles mecanismos defraudatorios de las obras sociales para con la APE desde 2002”.
“Se encontraron sobreprecios en la compra de vacunas, falta de control de las prestaciones médicas subsidiadas, y rendición de medicamentos con la presentación de troqueles en fotocopia, en lugar de originales”, amplió.
La AGN remitió su informe en 2007 y recién pudo tratarse el año pasado porque mientras tuvo mayoría el kirchnerismo congeló el funcionamiento de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas.
Morales recordó esa tardanza y sostuvo que es necesario determinar el prejuicio fiscal y “deslindar y efectivizar las responsabilidades”. Y apuntó a la campaña antigripal de 2004 “con subsidios acordados a seis obras sociales, en las que se detectó que se ha pagado, desde la APE, un valor por monodosis de 24 pesos, cuando en realidad costaban en el mercado 12 pesos, es decir que pagan el doble del valor”, y la “rendición de cuentas con fotocopias de troqueles”.
Su compañero de bloque y titular de la Comisión de Salud, José Cano, “a medida que corra el tiempo, serán más escandalosos los informes” y agregó que con este tema “se ha generado una situación que genera corrupción”.
“Donde están los fondos que reclama el sindicalismo. Hay que distribuirlos en el sistema. Si hay 6500 millones que no se usaron hay que distribuirlo en el sistema”, reclamó Cano.
Juan Carlos Romero, del Peronismo Federal, pidió que APE no se disuelva como ocurrió con la ONCCA. “Que queden los papeles y se investigue”.
El kirchnerismo se defendió con las dos espadas más leales a la Casa Rosada: Nicolás Fernández y el jefe de bloque, Nicolás Pichetto: “El dictamen de mayoría tiene severos vicios inconstitucionales. Este paso intermedio que se intenta realizar, que no es una denuncia, busca ser noticia. Esto de informar al Poder Judicial a mitad de un proceso sin descargo es una barbaridad”, se quejó Fernández, tras una detallada descripción sobre las complejidades del APE para calcular la inversión.
Sí reconoció la deuda con las obras sociales pero consideró necesario cancelarla de forma ordenada. El kirchnerismo impuso su dictamen con 33 votos, cinco más que la oposición, que volvió a ayudarlo con inoportunas ausencias.
Fuente: LPO http://lapoliticaonline.com/noticias/val/72769/El_kirchnerismo_impidio_que_una_auditoria_sobre_APE_vaya_a_la_justicia_.html
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