A la oposición, ni seguridad. Por Joaquín Morales Solá

Mauricio Macri suele decir que no le queda otra alternativa que ser candidato a presidente, porque los porteños terminarán pidiéndole que se vaya del gobierno de la ciudad si fuera reelegido en el distrito. No puede imaginarse cuatro años más peleando cuerpo a cuerpo con el gobierno nacional. Sea cierto o no ese dramatismo, lo real es que, por ahora, la administración de Cristina Kirchner lo eligió a él como el centro perfecto y constante de su campaña electoral. ¿Cómo explicar, si no, que haya ordenado de un plumazo el desplazamiento de 1400 policías indispensables para cuidar los organismos públicos capitalinos, incluidos escuelas y hospitales?

La decisión, que conlleva graves riesgos para la seguridad colectiva, tiene dos lecturas. Una es electoral y la otra es institucional. El kirchnerismo aspiró siempre a una elección polarizada con Macri para definir claramente dos propuestas ideológicas antagónicas. Macri es ahora, además, el precandidato presidencial que figura segundo en las encuestas, aunque su proyecto electoral para acceder a la presidencia nunca se oficializó formalmente. Hay dos razones, entonces, que explican la beligerancia del gobierno nacional con el jefe de la Capital: el lucro y la necesidad.

El paisaje es más preocupante si se lo mira desde lo institucional. Hasta es posible que el gobierno central requiera de esos policías federales que también prestaban servicio custodiando entidades de la Capital. Suena irracional, sin embargo, que el anuncio se haya hecho con pocas horas de antelación y que ninguna negociación haya existido previamente entre las autoridades nacionales y las distritales. ¿Por qué no exponer las razones que justificaban esa decisión? ¿Por qué, en última instancia, no se fijó conjuntamente un calendario para el retiro de los policías federales, de tal manera que la sociedad no fuera afectada?

El hecho, tal como sucedió, sería interpretado como un chiste inoportuno en cualquier país con una democracia medianamente sana. Jugar con la inseguridad como arma electoral, cuando la inseguridad ya está colmando la paciencia de los argentinos, expresa además concepciones demasiado frívolas sobre los asuntos públicos.

Ayer, el gobierno nacional retrocedió parcialmente en su decisión, pero tanto el avance como el supuesto retroceso fueron resoluciones unilaterales del kirchnerismo, sin ninguna consulta con las autoridades elegidas de la Capital.

La escisión entre los dos gobiernos era ayer tan absoluta que los funcionarios macristas construían teorías propias sobre la decisión del gobierno nacional. Nadie sabía, a ciencia cierta, cómo amanecerá hoy la Capital y si los organismos públicos tendrán -o no- una vigilancia asegurada, que el gobierno local no podría proveer.

Es otro síntoma de que el gobierno de Cristina Kirchner ha decidido profundizar la impronta autoritaria que adquirió, sobre todo, en los últimos meses.

El concluyente bloqueo a otro diario argentino anteayer, La Voz del Interior, de Córdoba, mereció la misma justificación que se le dio al asedio que había afectado una semana antes a La Nacion y Clarín: "Fue un conflicto sindical", dijeron los funcionarios nacionales.

El gobierno de Cristina Kirchner se convirtió, así, en cómplice de los bloqueos por su inacción, pero también cuando justificó lo que es injustificable. Medio centenar de personas pudieron, en la Capital y en Córdoba, impedir la circulación de dos diarios o demorar peligrosamente la distribución de otro.

Provocación

Igualmente grave fue la decisión de cumplir con una sentencia de la Corte Suprema, que obligó a la administración nacional a darle publicidad oficial a la editorial Perfil, enviando a Perfil un módico aviso con un texto contra la propia editorial. Esa ocurrencia puede interpretarse como una provocación contra la empresa periodística, y nadie se equivocaría.

Pero otra interpretación lleva a suponer que lo que el gobierno nacional hizo fue desairar a la Corte Suprema y que manifestó de ese modo su ostensible enojo por aquella resolución del máximo tribunal de justicia del país. Esta es la explicación más realista, tal vez, si se observa el persistente incumplimiento de las sentencias judiciales por parte del gobierno de Cristina Kirchner.

En ese contexto de estragos institucionales, una parte de la oposición erró por apresuramiento cuando mezcló de manera inoportuna un serio pronunciamiento en defensa de la democracia con las objetivas necesidades electorales.

Rumores de alianzas eventuales, de cercanías posibles y de diálogos improbables sacaron aquel documento democrático de los reflectores públicos para enfocarlos en la consecuente disputa. Malgastaron ellos también una oportunidad institucional haciendo malabarismos electorales.

Inéditos firmantes

Para decirlo de manera directa: Macri, Elisa Carrió y Eduardo Duhalde fueron inéditos firmantes de aquel pronunciamiento, pero no estarán juntos, hasta donde llega la mirada, en una misma propuesta electoral.

El inicial promotor de esa carta de la oposición fue el macrista Federico Pinedo (supuestamente por mandato de su líder), pero Carrió y la diputada Patricia Bullrich la resucitaron, con respiración boca a boca, luego de un primer desvanecimiento de la intención conjunta.

Sin embargo, fue Carrió la primera en rechazar cualquier alianza electoral con Macri y con Duhalde. Carrió y Duhalde han llevado hasta la Justicia la resolución de sus agravios. "Todo depende de cómo lleguemos a tiempos más cercanos a las elecciones", sentenció uno de los que participaron en las negociaciones.

El conflicto crucial está en el radicalismo, porque podría abrir las puertas (o cerrarlas) para un acuerdo más amplio que el que concibió hasta ahora.

Ricardo Alfonsín proponía hasta el viernes una vasta coalición de partidos y dirigentes demócratas para enfrentar al kirchnerismo en las elecciones de octubre, pero dos días después se rectificó, seguramente presionado por las distintas líneas internas de su partido. Ernesto Sanz se jugó (tarde, vale aclararlo) por una alianza en condiciones de incluir expresiones más abarcadoras que los aliados históricos del radicalismo.

Hasta ahora sólo se sabe el nombre de los que no estarán juntos para enfrentar al oficialismo, pero nada se sabe de quiénes y cómo se unirán antes de octubre. Sea como sea, la oposición no será dentro de siete meses lo que es hoy.

fuente: La Nación