EL ESTADO INVADE LAS EMPRESAS PRIVADAS
Caótico final de época del kirchnerismo (¿o queda alguna duda? La economía argentina no puede sostener los salarios en dólares que está fijando. Recordar el período 1999-2001): intentar un peligroso control estatal sobre todo (menos sobre la seguridad, la educación y la salud pública, sus competencias específicas).
La familia Perez Companc marcó el camino: bloquear el arribo de los directores estatales que pretende ingresar la ANSeS (ya habrá tiempo de ajustar cuentas con Amado Boudou y Diego Bossio. No habrá kirchnerismo para siempre).
Hoy es el turno de Paolo Rocca, de Techint. ¿Qué dirá Jorge Brito, de Banco Macro, siempre positivo hacia Amado Boudou? Es evidente que no todas las empresas podrán resistir como lo hizo Molinos el jueves 14/04, pero el capital privado estrecha filas contra el ladriprogresismo estatal.
Habrá que considerar, además, la responsabilidad en toda la trama de Carlos Zannini, el José López Rega de estos tiempos de Presidenta viuda.
"El Gobierno estrenó ayer (14/04) su nueva potestad para ejercer los derechos políticos que le dan las tenencias accionarias heredadas de las ex AFJP en grandes empresas.
En la asamblea anual de accionistas de la alimentaria Molinos, que se celebró ayer, la representante de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) presentó una moción para ampliar el directorio de la empresa de los seis miembros actuales -según indica la página web de la firma- a ocho, de modo de incorporar a dos que le respondiesen.
La Anses tiene el 19,99% de Molinos, la empresa controlada por los Perez Companc, pero hasta anteayer sólo ejercía sus derechos por hasta el 5%, según establecía la norma anterior a la ahora modificada por decreto de necesidad y urgencia.
Pero la propuesta oficial de poner a dos directores en la compañía fracasó porque se topó con los votos del grupo familiar que dispone de casi el 70% de las acciones.
También votaron en contra de la Anses los representantes del resto de los accionistas minoritarios, que son inversores de la Bolsa y que cuentan con alrededor del 10% de la firma. (...)".
"El Gobierno intentará a partir del mediodía (15/04) imponer su flamante derecho de designar 3 directores dentro de la acería Siderar, la más grande del país, controlada mayoritariamente por el grupo Techint.
Para no pocos analistas, la asamblea de accionistas de Siderar convocada para hoy es un caso testigo para el resto de las empresas privadas donde participa el Estado, ahora con derecho a nombrar directores en proporción directa a su participación accionaria.
En rigor, la primera de esas asambleas ya tuvo lugar ayer, en Molinos. La empresa que controla la familia Pérez Companc tiene sólo cinco directores, tres en nombre de la familia controlante y dos independientes.
Ninguno de los cinco representa al Estado. Una representante de la ANSeS reclamó ayer en Molinos que la cantidad de directores sea elevada a nueve, con dos de ellos designados por el Gobierno. La propuesta fue rechazada.
El miércoles, a través de un decreto de necesidad y urgencia, el Poder Ejecutivo eliminó el tope de participación política que tenía el Estado en los directorios de las empresas privadas. Ese tope había sido establecido en el régimen de las AFJP, que fue reestatizado en diciembre de 2008. Sin embargo, la norma que derogó el régimen de AFJP – votada en el Congreso – mantuvo el tope de 5% de derechos políticos por parte de los representantes del Estado.
Fue ese techo el que ahora quedó eliminado. (...)".
"Pese al profundo malestar que el planteo generó entre las principales entidades empresarias, Hugo Moyano ordenó ayer (14/04) a sus hombres de confianza en la conducción de la CGT redoblar la presión por el reclamo para que referentes sindicales sean designados para ocupar la ampliación de la representación estatal en los directorios de las empresas dispuesta el miércoles por decreto.
El pedido de Moyano fue cumplido al pie de la letra por los dirigentes Omar Viviani (peones de taxis), Julio Piumato (judiciales) y Omar Plaini (canillitas), quienes salieron en conjunto a defender la decisión del Gobierno de incrementar la participación del Estado en los directorios de la compañías y se entusiasmaron con la posibilidad de que algunos gremialistas se queden con esos lugares. "Queremos jugar ahí", admitió Viviani.
Piumato, a su vez, sostuvo que "el Estado toma esta decisión en su calidad de administrador de los fondos de los jubilados" y afirmó que el objetivo es "garantizar que a futuro no haya nuevos negociados, como los que ya hubo cuando estos fondos estaban en manos de las AFJP".
También Plaini consideró que el Gobierno tiene derecho a tener directores en las empresas porque "si no es un socio bobo" y aconsejó a las empresas que si no les gusta la decisión "que le compren las acciones al gobierno, que las paguen y listo".
Mas allá del entusiasmo público del moyanismo con ocupar esos espacios, fuentes cegetistas admitieron ayer que hasta el momento no conversaron directamente esa posibilidad con funcionarios del Gobierno.
"Seguramente se va a hablar en cualquier momento porque está claro que nosotros podemos ayudar en algunas cuestiones", comentó un dirigente y recordó que en la actualidad los gremios tienen representantes en directorios empresarios, como ocurre en las concesionarias de los servicios públicos. (...)"
"(...) Boudou amenazó con represalias contra Techint y Novegil advirtió que iba a recurrir a la Justicia para impedir esa designación. La respuesta de la Quinta de Olivos fue el decreto que elimina los topes y amplía la participación oficial en los directorios, conforme el porcentaje de acciones en poder de la ANSeS.
Boudou habría negociado con La Cámpora otorgarle más cargos en las empresas privadas , a cambio de un apoyo de esa organización a su candidatura porteña.
Similar promesa hizo a la CGT y por eso sus dirigentes salieron rápido a pedir las suntuosas designaciones.
El tema tuvo el aval de Carlos Zannini.
El secretario Legal no quiso improvisaciones, después de los decretos sobre uso de las reservas que redactó Boudou y le costaron al Gobierno un escándalo. Pero esta decisión puede originarle un igual dolor de cabeza al ministro, porque legalmente está muy expuesto.
Aunque no coticen en alzas sus compromisos públicos, Boudou afirmó en el Congreso que el nuevo régimen de jubilación pública mantenía en un 5% la representación estatal en las compañías privadas. Entonces era director ejecutivo de la ANSeS y defendió en el Parlamento el proyecto de estatización de las AFJP.
También es muy endeble el actual decreto: la necesidad y urgencia de su texto obedece sólo a castigar a Techint, porque la asamblea de Siderar se realiza hoy.
La medida –además– deterioró la relación de Boudou con el banquero Jorge Brito, dado que el Banco Macro tendrá que ceder varios lugares en su directorio.
Entre los financistas también están alertas por otra decisión polémica, considerada como antiempresaria.
La titular del Banco Central quiere dar marcha atrás la resolución de la Superintendencia de Bancos, que le permite distribuir utilidades a cinco bancos, dos de ellos españoles.
Se trata de 2.400 millones de pesos, en beneficio de los bancos Macro, Galicia, Patagonia, Santander Río y Francés. La medida le costó el cargo al ex superintendente Carlos Sánchez, pero Mercedes Marcó del Pont no ubicó en la Superintendencia a su primer candidato, Matías Kulfas. Cristina Kirchner hizo una consulta y lo vetó el titular del Banco Nación, Juan Fabregas.
Al final, Marcó del Pont aceptó la sugerencia de nombrar a Santiago Garnero, pero ayer produjo el desplazamiento de dos funcionarios clave en la Superintendencia: Guillermo Zuccolo y Ruben Narduzzi, ambos gerentes que manejaban desde hace tiempo semejante estructura de poder.
Ahora Marcó del Pont quiere frenar la autorización de distribuir utilidades y condicionarla a una cuestión política: que los bancos españoles presionen a su gobierno para que España deje de cuestionar a la Argentina en el GAFI.".
Ahora Marcó del Pont quiere frenar la autorización de distribuir utilidades y condicionarla a una cuestión política: que los bancos españoles presionen a su gobierno para que España deje de cuestionar a la Argentina en el GAFI.".
fuente: U24
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