El decreto anunciado ayer por Amado Boudou, por el cual se amplía la capacidad de intervención de los representantes de la Anses en los directorios de las compañías, es otra manifestación de un modo de administrar el poder que el kirchnerismo ha convertido en habitual: primero se selecciona al enemigo, después se elabora la doctrina más adecuada para atacarlo.
Pasado mañana está prevista la celebración de la asamblea anual de Siderar, el corazón del mayor grupo industrial del país, Techint. El Gobierno abrió una discusión sobre el reemplazo de su representante en esa empresa. El último, Aldo Ferrer, actual embajador en Francia, había sido designado de común acuerdo entre el Estado y Siderar. A propósito de su sustitución, Cristina Kirchner introdujo un nuevo criterio: el sucesor de Ferrer se sentaría en el directorio sin el acuerdo del accionista privado. La elección recaería, como en otros casos, en un militante de La Cámpora.
La Anses postuló a Axel Kicillof, actual responsable financiero de Aerolíneas Argentinas. Kicillof es un ex dirigente estudiantil de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, fundador de la agrupación TNT (Tontos pero no Tanto). Sus compañeros le reconocen una gran disciplina y una monolítica formación marxista.
Los ejecutivos de Techint defendieron ante Boudou la conveniencia de mantener el consenso. Adelantaron su resistencia a que se designe a un militante de una facción que, como La Cámpora, está muy determinada por su sesgo ideológico. En las tratativas se barajaron varios nombres, entre ellos, el de un economista que, en teoría, sería inobjetable para la Casa Rosada. Sin embargo, Boudou insistió con Kicillof. El aspirante, mientras tanto, dialogó con varios amigos, uno de los cuales dice haberle escuchado que "hasta octubre estaremos juntando información; si ganamos las elecciones, evaluaremos un avance sobre la empresa, porque la siderurgia es estratégica".
La discusión quedó trabada. Los ejecutivos de Techint le hicieron notar al ministro que la participación de la Anses en las empresas estaba acotada a un 5 por ciento, una proporción que, en sentido estricto, no daba derecho a la designación de un director. Es la barrera que la Presidenta decidió remover, asignándole al Estado una representación equivalente al paquete accionario que controla. En el caso de Siderar, es del 26 por ciento.
La decisión abrió una polémica legal. Varios expertos recordaron ante este diario que Boudou, por entonces director de la Anses, consiguió la aprobación de la ley de estatización de las AFJP con la condición de que el sector público no gozaría de una representación superior al 5 por ciento. El límite se justifica en que, cuando se crearon esas administradoras, se estableció que sólo podían tener más que el 5 por ciento de una compañía de manera transitoria. La Anses heredó esa restricción. El motivo es que esas acciones no constituyen una inversión en una actividad económica, sino una garantía para los activos jubilatorios de los trabajadores. El criterio del legislador fue que ni las AFJP ni la Anses debían inmiscuirse en la estrategia de las empresas cuya propiedad compartían. Esa regla se rompió ayer.
¿Hay que recordar que, para la señora de Kirchner, Techint participa de una conjura opositora? La novedad es que la inercia del hostigamiento a esa empresa está derivando en un intervencionismo más radical. Habrá que esperar, entonces, otras noticias de la misma familia: la Anses controla, por ejemplo, el 9% del grupo Clarín.
La Cámpora es ideal para colorear esta "profundización del modelo" con un folklore combativo: de sus filas sacó la Anses a sus directores en Aluar -Iván Heyn?y en Telecom -Norberto Berner-. Boudou acompaña esta expansión con su propia metamorfosis: antiguo seguidor de los Alsogaray, acaba de ser designado "hijo simbólico" por Hebe de Bonafini.
El decreto anunciado ayer hace juego con otras pulsiones estatizantes del Gobierno. Las manipulaciones de Guillermo Moreno sobre el comercio exterior, cada vez menos superavitario, siembran el temor a una nueva junta de granos. Pero no siempre el afán socializante tiene las motivaciones que agradan a Kicillof.
Otro transfigurado, Roberto Dromi, quien de privatizar para Carlos Menem pasó a asesorar a Julio De Vido, declaró a la revista Noticias : "Repsol está en problemas y, si hay que ayudarla, el momento es ahora. El Estado debería comprarle las acciones en YPF". La "ayuda" estaría envuelta, eso sí, en las banderas nacionalistas de La Cámpora.
Se puede adivinar el punto de fuga de este cuadro, si la Presidenta consigue la reelección: Diana Conti confirmó en su momento el plan de una reforma constitucional revelado por La Nacion. En este clima de ideas, es impensable que los derechos de propiedad queden fuera del debate.
Hay sectores sociales y económicos que describen esta pérdida de inhibiciones del Gobierno frente a la esfera privada como una tentación chavista. Tal vez, la metáfora esté resultando ociosa y se trate de kirchnerismo, a secas.
Fuente: La Nación
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