El conflicto entre el Gobierno y las empresas líderes -hoy corporizado en la pelea contra Siderar-Techint- por la participación de la Anses en sus directorios no debe hacer perder de vista un dato: el ataque lo inició el Poder Ejecutivo.
El dato parece obvio, pero es revelador de un caldo de cultivo que se vive en un país donde no parece haber ningún límite:
- La presidenta Cristina Kirchner, para eliminar el tope que existía al derecho a voto de la Anses en las aludidas empresas, dictó un decreto de necesidad y urgencia, una medida sorpresiva que salteó la intervención del Congreso aun cuando no había urgencia y cuando las cámaras están en sesiones.
- El Congreso, por su parte, no tiene posibilidad de controlar ese DNU: la Comisión Bicameral está paralizada desde hace un año, porque kirchnerismo y oposición están empatados en ocho integrantes cada uno y no tiene presidente. Y, además, el kirchnerismo tiene mayoría en el Senado. En otras palabras, la Presidenta dictó un DNU sabiendo que el Congreso no lo podrá anular.
De paso, la primera mandataria no se detuvo a pensar que, posiblemente, los legisladores de centroizquierda y algunos radicales hubiesen aprobado ese proyecto, según lo dejaron traslucir algunos senadores de la UCR.
El único control que queda para el DNU y para la resolución que dictó la Comisión Nacional de Valores es, entonces, el Poder Judicial y allí estarán centradas todas las expectativas y presiones; en la Cámara Comercial, que deberá revisar un recurso de Siderar, y en el nuevo juez a cargo del juzgado comercial número 12, donde demandó la Anses.
La estrategia del Gobierno fue la de politizar el conflicto y revestir el verdadero objetivo del ataque -aumentar el control sobre las empresas privadas que operan en sectores estratégicos- bajo el discurso progresista de la necesidad del Estado de cuidar los fondos de los jubilados. En realidad, la excusa es falsa.
En primer lugar, los fondos de las AFJP, entre los que estaban las acciones de Siderar y de otras empresas, nunca fueron de los jubilados, sino de los trabajadores que aportaban y que tenían cuentas nominadas. Cuando la Anses, gracias a una ley de 2008, se quedó con esos fondos, se apropió de las acciones. Pero el Gobierno usa buena parte de esos fondos, que toma a cambio de bonos, para financiarse.
Y, en segundo lugar, en la asamblea de accionistas del viernes pasado, la Anses se opuso a que Siderar repartiese 1510 millones de pesos en dividendos. A la Anses le interesó mucho más recalentar el conflicto que tomar dinero para pagar jubilaciones.
En otras palabras, el DNU de Cristina Kirchner revela un acto sorpresivo, dictado a sabiendas de que no será controlado por el Congreso. Pero también muestra la permanente intención de avanzar sobre sectores estratégicos de la prensa, los servicios y la producción, en medio de una situación de debilidad institucional y de falta de reflejos de la oposición para frenar la embestida oficial.
Fuente: La Nación
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