La presidenta Cristina Kirchner convocó ayer a la Unión Industrial Argentina y a la CGT a inaugurar el tantas veces anunciado diálogo social. Pro, de Mauricio Macri, pedirá hoy a la justicia electoral que declare la inconstitucionalidad de la ley electoral por violentar garantías de los partidos políticos. Parecen episodios inconexos. Sin embargo, son las dos caras del juego que pretende imponer el Gobierno para sacar ventaja en la carrera hacia octubre.
Habrá que esperar un poco más para verla liderando una ruptura izquierdizante. La Presidenta volvió a mostrarse ayer como una peronista ortodoxa, y no sólo por la pasable xenofobia del confuso proyecto sobre la propiedad de la tierra. La señal es otra: para ella la política consiste en gestionar el consenso entre los representantes de intereses contradictorios. Por lo tanto, sobre todo cuando su cargo está en disputa, la mejor campaña es demostrar que se está en uso pleno de esa capacidad. Es lo que pretende con el retrato de Ignacio de Mendiguren y Hugo Moyano sentados a su mesa. En comparación con quien administra el pacto corporativo, el resto de los candidatos deben quedar reducidos a actores de reparto. Esa es la estrategia.
El arreglo entre empresarios y sindicalistas es un sueño con el que la señora de Kirchner ya atormentaba a su esposo. Lo formuló durante la campaña de 2007, e insistió con la excusa del Bicentenario. Sin embargo, Néstor Kirchner hizo todo por boicotear esa pretensión. Mientras mandaba a Julio De Vido a coleccionar propuestas, encontraba excusas para postergar las reuniones. Era lógico. Kirchner veía en cualquier contrato una limitación a su omnipotencia.
Su viuda podrá ahora darse el gusto. Aunque ayer su anuncio se debió a un sobresalto. Si bien le habían anticipado quiénes concurrirían a la asunción de la nueva conducción de la UIA, la amigable foto de Mendiguren, Moyano y Eduardo Buzzi (Federación Agraria) le provocó algún resquemor. Después de devorar las crónicas de la reunión, advirtió que existe un acuerdo peor que el que no se realiza: el acuerdo al que uno no fue invitado. En el desayuno de Olivos hubo un mal presentimiento: ¿hay lugar en la Argentina para un pacto industrial-sindical? Más: ¿podría librarse una batalla entre un peronismo sin Perón, moyano-vandorista, y un kirchnerismo sin Kirchner, cristino-camporista? Fantasías afiebradas. Pero "mejor no perder tiempo y convocar a una reunión", parece haberse dicho la Presidenta.
Quien conozca a los personajes sabe a qué se expone. Mendiguren es un tejedor incansable, que selló su amistad con Moyano cuando presidía la UIA, en el año 2001. Ayer la Presidenta lo halagó mencionando su juguete preferido: un nuevo banco de desarrollo. Aunque las experiencias han sido tan funestas que ella no se animó a terminar la frase. De nuevo una herejía: a Kirchner jamás se le ocurriría sustituir la libérrima caja de la Anses por una entidad sometida a la regulación del Banco Central.
Moyano, por su lado, está absorbido por sus tribulaciones penales; sobre todo por las de su esposa, la empresaria Liliana Zulet, que lo mortifica a toda hora con pésimos augurios. No hay que olvidar que, en ese clima, hace 40 días declaró un paro contra la señora de Kirchner. Ella no lo olvida.
El encuentro corporativo es, entonces, preventivo. Incluye, además, una indicación para Moyano. La Presidenta le está señalando en qué espacio quiere verlo: la representación profesional de los trabajadores. Igual que, al negarse a participar del acto con el cual Moyano pretende "reventar la avenida 9 de Julio", le está señalando en qué espacio no quiere verlo: la presión callejera por objetivos judiciales o partidarios. Cristina Kirchner no desea repetir el error de asistir a una manifestación de poder ajena, como hizo en River el año pasado. En rigor, trata de corregir el gran desacierto cometido por su esposo cuando permitió al camionero involucrarse en la interna del PJ. Al fin de cuentas, ya lo dijo Juan Urtubey: "Moyano es piantavotos". El contenido del acuerdo entre funcionarios, empresarios y sindicalistas es tan problemático que asegura una experiencia efímera. La propia Presidenta lanzó ayer una humorada -hay que pensar que fue eso- cuando adelantó, pitagórica: "Los espero con números". ¿A cuáles se habrá referido? No ha de ser a los del Indec.
Relojería
En cambio, será interesante verla reaccionar ante los empresarios que cuestionen algunos desperfectos de un modelo cuya "relojería", según explicó ayer, "demandó mucho esfuerzo colectivo y hasta familiar". Para seguir con los relojes, la UIA quiere hablar del atraso cambiario. Techint y otras grandes compañías tal vez pretendan someter al nuevo espíritu dialoguista el decreto de necesidad y urgencia que expande a la Anses en sus directorios. Los prestadores de servicios públicos mendigarán el aumento de tarifas que mil veces les prometió Julio De Vido. Y Moyano acaso retome su sueño de participación de los trabajadores en las ganancias, ¿o Héctor Recalde ya lo sepultó? Tal vez Kirchner tuviera razón: los acuerdos sectoriales en la Argentina siempre se cerraron sobre la cuenta de la política.
A pesar de ese axioma, la señora de Kirchner pretende presidir durante la campaña una escena corporativa que hace juego con el debilitamiento partidario al que induce la nueva regulación electoral. Los dirigentes Federico Pinedo y Pablo Tonelli elaboraron una demanda que Pro presentará hoy en el juzgado electoral de María Servini de Cubría, quejándose por la prohibición de contratar publicidad impuesta a las fuerzas políticas. Según el macrismo, esa veda vulnera el derecho constitucional a divulgar propuestas que asiste a los partidos.
En los Estados Unidos la cuestión ya fue saldada: la Corte sostuvo en dos fallos célebres -Buckley vs. Valeo y Citizen United vs. Federal Election Commission- que financiar las campañas es un modo de ejercer el derecho a la libertad de expresión. Pero el kirchnerismo ha decidido inspirar su reforma en el sistema ideado por el PRI en México -Juan Manuel Abal Medina, el secretario de Medios, lo conoce como nadie-. Allí les impiden a los partidos invertir en publicidad. Pero el oficialismo tiene restricciones severísimas: por ejemplo, no puede otorgar nuevos subsidios sociales ni realizar campañas de vacunación durante el proselitismo. Además, en México está prohibida la reelección presidencial.
En la Argentina, en cambio, los funcionarios-candidatos disfrutarán de una inversión publicitaria que, durante el ciclo kirchnerista, se incrementó en un 358% -este año se prevén $ 512 millones-. Eso sí: en los 7 días anteriores a las elecciones la Presidenta no podrá realizar inauguraciones. Sí podrá abusar de la cadena nacional. Y, por supuesto, ejercer su cargo, un privilegio aberrante para democracias como la de Brasil, por citar una vecina. Allí Dilma Rousseff debió renunciar a su posición de jefa de gabinete de Lula da Silva siete meses antes de los comicios. Si Cristina Kirchner debiera someterse a una cláusula similar, ya se sabría si vuelve a postularse o no. Aunque el tono del discurso de ayer no dejó demasiado lugar a las dudas.
fuente: La Nación
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