De nuevo, la corrupción agita pasiones, como si nuestra sociedad no pudiera poner punto final a un argumento que alude a la degradación de las leyes. Son prácticas que reaparecen constantemente con diferentes rostros. Por un lado, los de funcionarios y sindicalistas, protagonistas de escándalos que concluyen en los estrados judiciales o invaden el espacio público con violentas amenazas; por otro, el perfil que se va formando con las percepciones individuales que recogen encuestas y comparaciones internacionales.
Este último aspecto es digno de mención. En el Indice de Percepción de la Corrupción del año 2010, que prepara Transparencia Internacional (una organización civil que reclama el estricto cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción), la Argentina está ubicada en una suerte de suburbio del planeta en esta materia, debajo de los 100 primeros países sobre un total de 178. En una escala que, de menor a mayor corrupción, va del 10 al 0, la Argentina marca 2,9 puntos cuando Chile tiene 7,2; Uruguay, 6,9, y Costa Rica, 5,3. Brasil (3,7), Colombia y Perú (ambos con 3,5) gozan de una mejor valoración que la que los argentinos se adjudican a ellos mismos.
Nos queda, sin embargo, un premio consuelo, pues Nicaragua (2,5) y Venezuela (2,0) están peor situados. Buena compañía: en estos países con sociedades polarizadas hay gobiernos duramente cuestionados debido al ejercicio hegemónico del poder presidencial.
¿A qué se debe semejante visión de la cosa pública? Nuestro gobierno, junto con los de Venezuela y Nicaragua, esgrime una respuesta que a los tres les calza a medida. De Caracas a Buenos Aires, esos líderes que se dicen populares combaten, con discursos y decisiones concordantes, una poderosa confabulación de medios de comunicación ("dictadura mediática", la llamó hace pocos días Hugo Chávez, en La Plata). Los medios en manos privadas son, de este modo, los grandes pervertidores del siglo XXI: en tanto vanguardia de un nuevo y denostado imperialismo, producen a diario una conciencia falsa y hacen que la gente se comporte como dóciles seguidores de tales artimañas.
Este desprecio hacia la capacidad del ciudadano para elegir lo que quiere leer, escuchar o mirar es un rasgo clásico de regímenes que se creen investidos de verdades seculares. El efecto corruptor de los medios, denunciado por esos gobernantes, debería por consiguiente extirparse o limitarse rigurosamente para que florezca la verdad que ellos detentan. Para este relato, no hay corrupción en las esferas del poder político, sino imágenes ficticias de corrupción; no hay dolo, engaño, prebendas ni enriquecimientos fastuosos, sino una superposición de mentiras cuidadosamente urdida por los medios porque, en definitiva, la corrupción no puede tener cabida en gobiernos en los que refulgen virtudes militantes.
Es un "mundo al revés" en el cual Chávez recibe premios por defender la libertad de comunicación, un galardón tan disparatado, según Ricardo Alfonsín, "como darle a Torquemada el premio a la tolerancia religiosa". Por estos atajos, se desplaza el eje de atención con el propósito de ubicar exclusivamente la corrupción como parte constitutiva del pasado de las dictaduras que asolaron al país en los años 60 (lo cual sin duda es cierto). Así se va montando el escenario de una purificación jacobina que tiene la voluntad de abarcar un número cada vez mayor de culpables. Mientras los crímenes de la guerrilla gozan del beneficio de la prescripción, la tipología de los crímenes del terrorismo de Estado se estira permanentemente con el ánimo de abarcar nuevas figuras delictivas.
Esta estrategia para poner el pasado en la picota sirve de paso para enmascarar las corrupciones del presente. ¿Cómo suponer, en efecto, que un gobierno devoto de la Justicia para castigar los crímenes del pasado, incorpore en su gestión una cohorte de personajes que trafican con el capitalismo de amigos o, desde el campo sindical, extorsionan y desafían los estrados judiciales? Existe entre nosotros una inclinación morbosa a convertir la historia en un tribunal de instrucción que coexiste con otra actitud, no menos malsana, de sustraer los hechos del presente al escrutinio de la Justicia. Por cierto, no todo es blanco y negro. Hay juicios en marcha y procesados tras las rejas, pero mientras no se advierta un comportamiento más consecuente al respecto, este esquema de los dos escenarios (uno implacable con el pasado; el otro condescendiente y laxo con lo que ahora ocurre) conservará rotunda actualidad.
En la política democrática sólo el principio del respeto a la legalidad puede poner coto a los hechos susceptibles de ser calificados de corruptos. La corrupción es una cuestión de grado directamente relacionada, en cuanto a sus posibles sanciones, con la legitimidad y efectividad del Poder Judicial. Si esta piedra de toque del orden constitucional no responde, entonces no sólo la corrupción afecta determinados comportamientos individuales y colectivos, sino la raíz del Estado de Derecho.
En sí mismo, el Poder Judicial debería contar siempre con los medios legítimos de la fuerza pública para impedir que se conculquen los derechos que la Constitución enuncia y garantiza. Si el Poder Ejecutivo, titular de la fuerza pública en los órdenes nacional y provincial, no acata las órdenes judiciales y no concurre con las fuerzas policiales bajo su mando para hacer cumplir la ley, el principio de legalidad se corroe y las leyes se oxidan. El poder legal se transforma en mera fachada desde el momento en que las autoridades que integran el Poder Ejecutivo desobedecen mandatos judiciales (por ejemplo, para desalojar conjuntos habitacionales ilegalmente ocupados o levantar bloqueos que impiden la distribución de diarios) y se colocan por encima de la ley. Son gobernantes irresponsables que rinden pleitesía a una interpretación hegemónica de la democracia.
De proseguir por este camino, podríamos llegar a un punto en el cual los gobernantes hacen uso de la fuerza según su puro arbitrio. De este modo, se habría franqueado una frontera. Al no sujetarse a los controles intraestatales del Poder Judicial, el Poder Ejecutivo correría en rueda libre sin otros límites que no fueran los de su propio cálculo y sentido de la oportunidad. Esta es otra vuelta de tuerca que oprime todavía más nuestra maltrecha democracia institucional: mientras los gobernados estarían obligados a cumplir la ley, los gobernantes, por sus propias acciones y omisiones, se desentenderían de esta obligación.
Habría que preguntarse si estos episodios no evocan el título del capítulo XVIII del los Discursos ... de Maquiavelo. ¿En qué medida, en efecto, se puede "conservar un gobierno libre en un Estado corrupto"? No hay por qué aceptar en un todo esta hipótesis tan temible -sería, obviamente, un error de interpretación-, pero las tormentas que estallan en esta atmósfera cívica perturbada por la intolerancia no prenuncian tiempos más despejados. Nuestra democracia cruje porque no terminamos de aceptar el valor de los frenos y contrapesos aplicados al gobierno emanado de la soberanía del pueblo. Tenemos una democracia de grandes fines liberacionistas, envuelta en retóricas que bajan línea al enemigo con el aparato de la propaganda oficial, y carecemos de una democracia de medios institucionales capaz de albergar a todos, amigos o adversarios, en un sentimiento compartido de seguridad individual y colectiva. Para eso están las leyes que aquí no se cumplen.
fuente: la nación
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