No existe la Comisión de Etica Pública
La ley de ética pública, sancionada en noviembre de 1999, creó el actual régimen de declaraciones juradas, de acuerdo con el cual todos los funcionarios de los tres poderes del Estado deben presentar anualmente el detalle de sus bienes.
La norma estableció, además, que el control de las declaraciones juradas correspondía a la Comisión Nacional de Etica Pública, organismo independiente, con representantes de los tres poderes, que debía funcionar de manera autónoma, dentro de la órbita del Congreso de la Nación.
Como esa repartición no se creó, cada poder estableció su propio sistema de presentación y acopio de las declaraciones juradas.
En el Poder Ejecutivo, la tarea quedó a cargo de la Oficina Anticorrupción (OA), que, además de ocuparse de que todos los sujetos obligados presenten su rendición de bienes, también hace una revisión de oficio de las declaraciones de los funcionarios más importantes.
De esa manera, puede detectar faltantes en el relleno de los formularios, posibles conflictos de intereses y eventuales crecimientos patrimoniales no justificados. De hecho, varias causas judiciales en las que se investiga el delito de enriquecimiento ilícito se abrieron a partir de denuncias de la OA.
El acceso a las declaraciones juradas de la Presidenta, ministros, secretarios de Estado y otros funcionarios del Poder Ejecutivo consume, en general, menos de una semana. Los pedidos pueden hacerse por Internet.
En el Poder Judicial, el reclamo y conservación de las declaraciones juradas quedó a cargo del Consejo de la Magistratura, que estableció un régimen mucho más restrictivo para el acceso a los detalles de bienes de los jueces. Los pedidos deben hacerse por escrito y se les da la posibilidad a los magistrados de rechazar las peticiones.
En el Congreso, las autoridades dejaron la tarea en manos de las secretarías administrativas de cada cámara. Tanto en Diputados como en el Senado, los pedidos de declaraciones juradas deben hacerse por escrito.
Otra coincidencia entre ambas cámaras es que en ninguna hay un control del contenido de las declaraciones juradas de los legisladores.
Es decir, sólo se exige a los diputados y a los senadores las presentaciones de los documentos, que se conservan por diez años. Pero nadie se fija si contienen todos los datos que la ley estipula, como, por ejemplo, los bienes e ingresos de los cónyuges de los legisladores. Tampoco hay un control para detectar posibles enriquecimientos ilícitos.
QUE PASA ENTONCES????
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La mitad de los senadores declaró bienes millonarios
Los más ricos, Basualdo y Verna; no hay control de lo declarado
Gabriel Sued
LA NACION
LA NACION
Casi la mitad de los senadores nacionales declaró un patrimonio superior al millón de pesos.
Dos de ellos, el sanjuanino Roberto Basualdo y el pampeano Carlos Verna (ambos peronistas disidentes), consignaron bienes por más de $ 50 millones. Dos senadores kirchneristas, Guillermo Jenefes (Jujuy) y Beatriz Rojkes de Alperovich (esposa del gobernador tucumano), declararon propiedades por más de $ 20 millones. Y a ellos les sigue el también oficialista César Gioja (hermano del gobernador sanjuanino), con $ 19,4 millones. En total, son 32 los senadores con patrimonios millonarios, un 44,4 por ciento de los integrantes de la Cámara alta.
En el otro extremo, cuatro de los 72 senadores declararon un patrimonio inferior a $ 200.000.
La información surge del análisis de las últimas declaraciones juradas patrimoniales de los senadores, documentos que son de acceso público y que La Nacion obtuvo como resultado de un trámite que llevó dos meses y medio. Para calcular los patrimonios, este diario sumó el valor de los bienes declarados y las acreencias, y restó las deudas.
Las autoridades de ambas cámaras del Congreso se encargan de que los legisladores presenten las declaraciones juradas y de conservar los documentos. Pero nadie se ocupa de verificar si, en la presentación de las declaraciones, los legisladores cumplen con los requisitos estipulados en la ley de ética pública.
A la cabeza del ranking de los que declararon más bienes está, de lejos, Basualdo. Consignó una fortuna de $ 112.814.284, casi el doble de los $ 63.867.368 que declaró Verna, el segundo. La mayor parte de la fortuna de Basualdo se concentra en títulos públicos y acciones de empresas. El senador declaró valores en ese rubro por más de $ 80 millones. Tiene bonos de la deuda pública argentina Boden 2015 en dólares por $ 16 millones y acciones de la chilena Corporación Nacional del Cobre (Codelco) por más de $ 25 millones, entre otras cosas. Basualdo, por años dueño de una empresa mayorista de perfumería y artículos de limpieza, consignó, además, siete propiedades en San Juan, Mendoza y Mar del Plata, por más de $ 2.300.000.
La fisonomía del patrimonio de Verna, el segundo senador que más bienes declaró, por un total de $ 63.867.368, es bien distinta a la de Basualdo. La fortuna que consignó el pampeano se compone, principalmente, de nueve bienes inmuebles, todos ubicados en La Pampa y en la Capital Federal, valuados en $ 63.233.723.
El senador que declaró el tercer patrimonio más abultado, de $ 22.066.797, es Guillermo Jenefes (Frente para la Victoria-Jujuy). La porción más valiosa de su fortuna, según su propia declaración, son las acciones que posee en el multimedio Radio Visión Jujuy SA, por $ 14.918.858. El senador consignó, además, 17 propiedades en Jujuy, Salta y la ciudad de Buenos Aires, por casi $ 3.700.000.
La senadora Beatriz Rojkes de Alperovich, esposa del gobernador José Alperovich (Tucumán), declaró la cuarta fortuna más abultada del Senado, con $ 20.627.274. La mayoría del patrimonio declarado por Rojkes está en acciones de León Alperovich de Tucumán SA, una concesionaria de autos. La senadora consignó, además, depósitos bancarios y dinero en efectivo por casi $ 5 millones.
El quinto integrante del ranking es el sanjuanino César Gioja, hermano del gobernador José Gioja. Declaró un patrimonio de $ 19.403.564. Dueño de once propiedades, todas en San Juan, valuadas en casi $ 6 millones, Gioja consignó acciones en empresas mineras por más de $ 10 millones.
Los restantes senadores que declararon patrimonios superiores a un millón de pesos son Nito Artaza, Jorge Banicevich, Rolando Bermejo, Fabio Biancalani, Oscar Castillo, Elena Corregido, Sonia Escudero, María Eugenia Estenssoro, Hilda Duhalde, Juan Carlos Marino, Josefina Meabe, Carlos Menem, Ramón Mestre, Gerardo Morales, Norma Morandini, Liliana Negre de Alonso, José Pampuro, Nanci Parrilli, Juan Pérez Alsina, Teresita Quintela, Carlos Reutemann, Marina Riofrío, Adolfo Rodríguez Saá, Juan Carlos Romero, Ernesto Sanz, Arturo Vera y Pablo Verani.
El de Menem es un caso especial. El senador dedicó una hoja entera de su declaración a hacer "observaciones complementarias". Allí explica por qué no consigna como bienes las propiedades que la justicia federal detectó como faltantes en su declaración jurada. Otro dato llamativo: Menem aún menciona como cónyuge a Cecilia Bolocco, pero no detalló ni los bienes ni los ingresos de su cónyuge.
En el grupo de los 32 senadores que declararon un patrimonio superior al millón de pesos, hay cinco que aseguraron que sólo viven de las dietas que perciben como legisladores, de alrededor de $ 13.000. Ellos son Elena Corregido, Marina Riofrío (ambas del Frente para la Victoria), Hilda Duhalde (Peronismo Federal), Gerardo Morales (UCR) y Norma Morandini (Frente Cívico), quienes dejaron en blanco los casilleros de las declaraciones juradas correspondientes a "otros ingresos".
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