Milton Fridman, premio Nobel de economía sostenía que, había que liberar y despenalizar todos los estamentos de la droga, para que el mercado estableciera su demanda, y la oferte lejos de hacerse a costa de la violación legal de las naciones se ajustara a esas leyes y, que a partir de allí, el control se podría hacer mediante las políticas fiscales de los países.
No le falta razón a la teoría de Milton Fridman pero, también concuerdo con aquellos que sostienen que no podemos dejar librado a la oferta y la demanda un flagelo que hoy obnubila a prácticamente a todos los organismos de seguridad del mundo.
El problema, en nuestro país no es el delito, no es la droga, por el momento, aunque el crecimiento del narcotráfico haya sido exponencial con el gobierno que tenemos, sino la manera o forma de encararlo desde el Estado que, a todas luces, carece de una política seria y responsable contra el delito que, amén de la droga se nutre de muchos otros elementos tanto o más serios que la droga misma.
No es con la simple creación de un Ministerio especifico que los problemas de inseguridad creciente han de ser resueltos, no es necesariamente que modificando la edad de imputabilidad el delito ha de menguar y podrá ser controlado, una política de seguridad es una política que genere expectativas de crecimiento personal, permita la salida de la pobreza e indigencia, que motive el trabajo como mecanismo de superación individual y, sobre todo haciendo un fuerte énfasis en la educación, que tendrá que sé de excelencia, inclusiva y preparatoria.
Nada más alejado de una política inclusiva que el clientelismo, planes dirigidos por punteros o prebendas a determinados sectores sociales, generalmente afines o con intencionalidad de los gobernantes.
¿Si hemos crecido a tasas “chinas” en los pasados 7 años, porque seguimos teniendo los niveles de pobreza, indigencia y desocupación intolerables?, ¿Por qué la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense concentran el 45% de la población del país, que hemos hecho con el federalismo?
Los países con graves ´problemas de seguridad, como el caso de Colombia, han implementado políticas y con ellas acciones para que su narco-terrorismo no paralice su nación e intimide a las inversiones.
¿Debe ser la edad de imputabilidad la que sea revisada con un sesgo eminentemente político y no criminalístico, sociológico y/o psicológico?
Tolerancia “cero” para conducir con alcohol como en la Ciudad de Buenos Aires es una definición, la aparición de conductores bajo el efecto de drogas prohibidas está siendo seguido muy de cerca por el Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad el Dr. Montenegro y, la información que el ha proporcionado no es ni menor ni despreciable.
Basta ver los noticiosos o canales de noticias que nos muestran lo que ocurre en los asentamientos, villas o barrios de emergencia o, la salidera de los boliches para comprender en qué estado se encuentran los jóvenes y menores que viven o concurren a esos lugares, si lo podemos ver por televisión, ¿A dónde mira el Gobierno?
¿Qué hacen los organismos de inteligencia?, ¿vigilarlo a Macri?, ¿apretando jueces como Oyarbide y a otros, en lugar de cuidar a la ciudadanía y las fronteras? La Comandante Teresa ya destruyo la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas ahora ¿hará lo mismo con la policía?, si ese es el objetivo no va por mal camino.
¿Qué pasa con la Policía Federal y la bonaerense y gran parte de los punteros políticos de la Provincia de Buenos Aires? Los ciudadanos saben donde se vende la droga en sus barrios, ¿Por qué no ellos?, con qué autoridad moral puede este Gobierno Nacional hablar de delito, laxitud de los jueces e inoperatividad policial cuando, desde la valija de Antonini Wilson hasta la mochila del cadete de la Presidente todo está bajo sospecha, debido a los elevados índices de corrupción, operaciones políticas involucrando a políticos de la oposición con la connivencia de los propios jueces a los que se cuestiona.
Lo primero que hay que hacer para atacar el flagelo del delito es reconocer su existencia, asumir la responsabilidad de los que gobiernan, no descargar responsabilidades en los jueces y policías, no dar por sentado que las leyes existentes son las adecuadas como dice el Ministro del Interior.
Estos hechos, esta vorágine delictiva merecen cuanto menos una discusión, seria profunda y profesional, sin pre conceptos garantistas o con una mirada sesgada de los Derechos Humanos, pero por sobre todo desde la ejemplaridad de los gobernantes.
Hablar de orden no es setentista, hablar de aplicar la ley no es derechoso, reprimir es un atributo del Estado porque, entre el caos y el desorden el delito se filtra y agranda.
¿Podemos tolerar que la Señora de Bonafini increpe, insulte y amenace a los jueces con la complicidad del Gobierno? , ¿Generaremos mayor seguridad y respeto a la ley cuando la presidente anuncia que ha de violar la ley, de ser necesario, para hacerse con las reservas?
En un mundo de desiguales, la ley es el único instrumento que nos iguala y protege, y deberíamos ser todos esclavos de ella para ser una nación seria y previsible, porque de los contrario “un día atrás de otro” iremos empeorando y tanto la inseguridad como la miseria coartan las libertades individuales
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