Página/12 titula "Estamos Haciendo Buchones" a una iniciativa relativamente lógica de la Administración porteña: la información proporcionada por particulares que pueda ayudar a conocer cualquier hecho de inseguridad que pueda ocurrir en el perímetro de la Ciudad de Buenos Aires. La estupidez del ladriprogresismo no tiene límites.por EDGAR MAINHARD
El falso progresismo no tiene respuesta para la inseguridad porque considera inapropiada cualquier iniciativa por represiva, y cuando todo se desborda terminan denunciando el gatillo fácil.
En esa lógica, de una perversidad llamativa para con el interés comun de la sociedad, el falsoprogresismo pierde a menudo la batalla ante la opinión pública, situación que, hasta ahora, sin embargo, no consigue utilizar en beneficio propio la heterogénea oposición.
En cualquier esquema de inseguridad en la Ciudad aparecen 4 datos relevantes:
> la cantidad de policías metropolitanos es insuficiente,
> no hay recursos suficientes para incorporar el patrullaje suficiente.
> nadie conoce mejor la situación en un barrio que sus propios vecinos, y
> la Administración porteña no puede contar con la colaboración de la Administración nacional.
La instalación masiva de cámaras de seguridad es una opción. Pero, a menudo, no es una herramienta preventiva porque el delito es identificado una vez que ha ocurrido.
Luego, ocurren muchísimos casos de emergencia que no son delictivos pero que integran cualquier Mapa de Inseguridad: accidentes varios, agresiones domésticas no denunciadas, explotación de personas tampoco denunciadas, etc.
Al Gobierno porteño se le ocurrió imitar una experiencia que ocurre en otros países. La incorporación de los taxímetros al sistema de seguridad fue una propuesta que, inclusive, Urgente24 llevó a Juan José Álvarez y Diego Gorgal, cuando se encontraban al frente de la seguridad porteño, luego del incendio del local República Cromañón, una iniciativa de una empresa de radiotaxis (un taxista en su vehículo tiene 3 botones: rojo, verde y amarillo, y los toca según se trate de un accidente de tránsito, de una emergencia de salud, de un incendio o de un hecho delictivo). Se trataba de utilizar más eficientemente las redes de comunicaciones existentes en las diversas frecuencias de radiotaxis.
Álvarez derivó a Gorgal, quien cuestionó cómo incorporar a todos los taxímetros a un sistema voluntario. Básicamente consideraron que no era un mecanismo convencional pero hay países vecinos que lo aplican, para comenzar.
La Administración Macri incorporó la idea al Plan de Seguridad metropolitano.
Luego, lo extendió a las agencias de seguridad privadas con actuación en la Ciudad: hoy se firmará un convenio con la cámara que agrupa al 90% de las agencias privadas de seguridad. El gobierno porteño dotará a los vigiladores de teléfonos celulares para que comuniquen cualquier novedad alCentro Unico de Comando y Control (CUCC).
Y por supuesto hay otros actores posibles para un esquema que permita conocer con mayor precisión qué ocurre en una urbe tan vasta y compleja.
Luego, las autoridades policiales deberán desmenuzar el flujo informativo e identificar prioridades. Pero hoy día hay un problema real de déficit informativo, y además la colaboración y participación ciudadana permite un enfoque diferente al problema de la inseguridad.
Pero para Carlos Rodríguez, el escudero de Raúl Kollman en el matutino paraestatal Página/12, hay algo "peligroso" en "apelar a la delación generalizada".
¿Delación? Muy curioso el concepto de Rodríguez, quien termina cometiendo los graves errores de enfoque en la cuestión de la inseguridad de toda la prensa afin al ladriprogresismo.
El ministro de Seguridad y Justicia porteño, Guillermo Montenegro, respondió: “Es un plan de alertas médicas, civiles, sociales y no sólo por casos delictivos. Cualquier taxi, en Madrid, está conectado a un número mediante el cual puede comunicarse con las autoridades que correspondan (policiales, sanitarias y otras) para informar sobre un hecho en el cual sea necesaria su intervención. Todo suma a la seguridad. Los acuerdos se van a realizar mediante convenios con los gremios y en el caso de mañana (por hoy) será con la Cámara Argentina de Seguridad e Investigación (Caesi)”.
Que el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) se oponga a la iniciativa es casi una garantía de que el proyecto puede resultar interesante y hasta efectivo.
El Cels es una organización no gubernamental que afirma velar por los intereses de las minorías, los desprotegidos, etc. pero termina más interesado en los derechos de los victimarios que de las víctimas, cuando la disyuntiva escala en la jerarquía judicial.
Gastón Chillier, director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales, cuestionó el proyecto ante Página/12 (donde es columnista el presidente del Cels, Horacio Verbitsky: “En primer lugar, porque involucrar en un plan oficial a los vigiladores privados es delegar la responsabilidad que tiene el Estado en materia de seguridad y que no se puede privatizar.”
Sin embargo, ¿qué es el Estado sino una expresión de todos los ciudadanos?
Chillier ubica al Estado como un ente apartado de los ciudadanos, en una lógica corporativista que provoca el desinterés de por lo que, en verdad, es de todos.
El Estado es colectivo (de eso trata la democracia representativa, de la delegación puntual de parte de la Administración) tal como la seguridad pública es colectiva.
Chillier agregó: “Está demostrado que las agencias de seguridad privadas funcionan en medio de un total descontrol. Se trata de verdaderos ejércitos de vigiladores que trabajan en empresas que, en algunos casos, son propiedad de ex represores de la dictadura militar”.
Un prurito ridículo. Dado que el Cels consigue muchos de sus recursos financieros con el discurso de lo ocurrido durante el Proceso de Reorganización Nacional, hasta es previsible que Chillier apuntaría a eso. También lo es que cuestionara a la Policía Metropolitana, en parte una consecuencia en la jurisdicción porteña de la tozudez política del kirchnerismo, su desinterés por los intereses de los porteños y la ineficiencia de la Policía Federal, al menos en los últimos años, y hoy al servicio de Nilda Garré, una amiga del Cels.
En principio, el plan piloto se comenzará a aplicar en las comunas donde ya está constituida la Policía Metropolitana, en los barrios porteños de Saavedra, Coghlan, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón, Parque Chas, Villa Ortúzar, Chacarita, Agronomía, Paternal y Villa Crespo. El programa se llevará luego al resto de los barrios.
fuente: http://www.urgente24.com/noticias/val/2566/ficha.html
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