LA RESPUESTA DEL JUEZ TIENE UN MES Y MEDIO DE DEMORA
Desde el 17 de marzo, cuando el Ministerio Público Fiscal de Suiza libró un exhorto a la Justicia argentina solicitando información sobre causas y pruebas relacionadas con Hugo Moyano, Pablo Moyano y su entorno familiar —en el marco de una investigación que se lleva adelante en ese país por presunto blanqueo de capitales aparentemente a través de la firma de basura Covelia— que el país europeo espera un respuesta del juez Norberto Oyarbide y del fiscal Jorge Di Lello.
El exhorto había ingresado en la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, vía Cancillería, y resultó designado mediante el sorteo informático de rigor el Juzgado Federal Número 5 de ese fuero, a cargo de Oyarbide, pero los requerimientos de la Justicia suiza que el mediático juez debía entregar, tienen una demora de un mes y medio.
La Fundación Confianza Pública, presidida por la ex ministra de Salud Graciela Ocaña, conjuntamente con la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), pedirá al juez federal Norberto Oyarbide que comience a certificar las causas en que está investigada Covelia y Hugo Moyano, expresa diario Clarín, el cual pudo acceder a la presentación que será exhibida la semana que viene con el fin de requerir celeridad en la investigación para evitar la extinción de la acción por prescripción.
Ocaña entiende que “teniendo en cuenta que la respuesta al pedido del Ministerio Público de Suiza involucra información dispersa en juzgados de distintos fueros, la compilación de la misma demandará, por falta de un sistema centralizado de información sobre causas en trámite, un tiempo considerable por lo que resulta necesario dar celeridad a la investigación”, agrega.
Ocañana destacó que “estas demoras de la Justicia argentina ya produjo que Suiza cerrara, por ejemplo, la causa por la cuenta del secretario de Menem, Ramón Hernández, en el 2001 por razones parecidas.”
Es preciso recordar que el Camionero ha sido denunciado en reiteradas oportunidades a lo largo de los últimos años ante la Justicia, especialmente por Graciela Ocaña cuando ocupaba la titularidad de la cartera de Salud. Más de 300 troqueles adulterados y varias docenas de pacientes inexistentes —por los cuales la obra social de Camioneros cobró millones de pesos del APE— son las principales pruebas con las que cuentan dos jueces en la Argentina para avanzar contra él.
Carlos Forte
Fuente: Tribuna
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