Desde 2003, la libertad de prensa en la Argentina sufre un creciente deterioro y se desenvuelve en un clima hostil, como resultado de un ataque sistemático que viene desplegando el Gobierno.
El Poder Ejecutivo, naturalmente, no comparte esta visión y asegura que la ley de medios busca fracturar al Grupo Clarín -en el que el Gobierno dice concentrar sus ataques- para fomentar la diversidad. Pero, ¿están algunos medios lanzados a una campaña antioficalista? ¿Persigue el Gobierno sólo al Grupo Clarín? O, por el contrario, ¿no ocurre que el rechaza toda crítica periodística para lograr la hegemonía comunicacional?
Veamos algunos datos objetivos:
- El Poder Ejecutivo sistemáticamente se negó a las conferencias de prensa y sus legisladores nunca se avinieron a sancionar las leyes de acceso a la información y la que regula la distribución de publicidad oficial.
- Nunca le asignó importancia a esta libertad y la SIP puede comprobar esto en carne propia: ayer, la delegación fue recibida sólo por el secretario de Medios, Juan Manuel Abal Medina, mientras la presidenta Cristina Kirchner se mantuvo al margen del tema. Una actitud que contrasta con la del presidente de Chile, Sebastián Piñera, que anteayer firmó la Declaración de Chapultepec.
- Los ataques nunca se limitaron a Clarín y responden a un grado elevado de planificación.
- La embestida contra los medios comenzó en 2003, cuando el entonces presidente Néstor Kirchner criticaba a LA NACION y a algunos periodistas por cuestionar su gestión. Y, en forma sutil, en esos años también comenzó la manipulación de la publicidad, para castigar a los medios independientes. Luego, con la crisis que provocó el conflicto con el campo, el Gobierno puso en la mira al Grupo Clarín. Y si bien la Corte condenó en 2011 al Poder Ejecutivo por haber discriminado a Editorial Perfil en el reparto de publicidad, la demanda había sido presentada muchos años antes. Otra prueba: el presupuesto de publicidad que destinó el Gobierno, este trimestre, al diario Tiempo Argentino y a Página 12 (9 millones de pesos) es más de diez veces mayor al entregado a Clarín y LA NACION, los dos diarios de mayor circulación.
- El ataque a Papel Prensa comenzó en agosto de 2009: colaboradores del secretario de Comercio, Guillermo Moreno, denunciaron la existencia de ese plan ante la Justicia. Desde entonces, el Gobierno pidió la intervención de la empresa por supuestas irregularidades comerciales -intervención que la Cámara Comercial revocó-, y formuló múltiples denuncias penales. El objetivo oficial es evidente: controlar el suministro de papel. Si la intención oficial fuera la de abrir el mercado a la competencia, ¿por qué no subsidia la construcción de una nueva planta?
- La ley de medios audiovisuales, aprobada hace dos años, parece enderezada a fracturar a los principales multimedios (el Grupo Clarín no es el único). La norma contiene prohibiciones que no existen en ninguna democracia avanzada: por ejemplo, impide que un grupo acumule un canal de aire y señales de cable, una restricción que serviría, por sí sola, para desarticular a todas las grandes cadenas de televisión norteamericanas si fuesen argentinas.
Además, sobre la base de esa ley, se iniciaron múltiples ataques contra los cables, sanciones y presiones para modificarles la programación y la grilla -por ejemplo, DirecTV no pudo resistir la presión; hoy, comenzará a emitir la señal oficial Paka Paka y no podrá resistir el embate para subir CN23-.
La situación que viven los medios parece responder a una política bien planificada y sistemática para debilitar los canales de comunicación y restarle credibilidad a la prensa.
Es cierto, la Argentina no es Venezuela, pues no hay periodistas detenidos. Tampoco es México, donde los periodistas mueren a manos del narcotráfico. Pero los sistemáticos ataques oficiales asfixian a la prensa.
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