Advierten que no hay tope para los gastos de campaña

El financiamiento de la política / Grave derivación de un vacío legal

La cifra debía surgir del presupuesto, que no se aprobó; la Cámara Electoral reclama una solución.

Gabriel Sued
LA NACION

Si la campaña electoral comenzara hoy, cada candidato podría gastar lo que quisiera. Estaría en condiciones también de recibir aportes millonarios de una sola persona.

Esta insólita situación, prohibida por la legislación, se produce a raíz del vacío generado por la falta de una ley de presupuesto . En esa norma debía fijarse el valor del llamado "módulo electoral", un índice que, de acuerdo con la reforma impulsada por el kirchnerismo en 2009, iba a ser tomada como referencia para calcular el tope de los gastos de campaña y de las donaciones a los candidatos. Pero, al no haber ley de presupuesto, tampoco hay módulo electoral ni límites para los gastos proselitistas. Así lo advirtió la Cámara Nacional Electoral, ya en dos oportunidades este año, en cartas que envió al ministro del Interior, Florencio Randazzo, y al presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Fellner. Nunca obtuvo respuesta. "Estamos en una situación de complejidad. La preocupación debería ser de todo el sistema", dijo a LA NACION una fuente de la Cámara Electoral.

Vale aclarar, de todos modos, que en el proyecto de presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso tampoco había menciones al módulo electoral. La solución al problema radica en el Congreso, dado que por ser una cuestión electoral no puede resolverse por medio de un decreto presidencial. Pero en el bloque kirchnerista esperan que el Poder Ejecutivo envíe un proyecto de ley para avanzar en la resolución del tema. "Si la cifra debía estar en el presupuesto, lo lógico es que sea el Poder Ejecutivo el que tome la iniciativa, aunque luego tengamos que sacar una ley", explicaron dos diputados oficialistas.

Fuentes del Ministerio del Interior informaron a LA NACION que se analiza enviar un proyecto de ley para fijar el módulo en 3 pesos. De aprobarse esa iniciativa, el tope de gastos para las elecciones presidenciales se duplicaría respecto de los comicios de 2007, dado que hasta la reforma de 2009 el límite era de 1,5 pesos por cada elector.

La cifra total pasaría de 42 a 84 millones de pesos, aproximadamente. Y los topes para los aportes personales, fijados en el 2 por ciento del total de gastos permitidos, irían de 840.000 a 1.680.000 pesos. Pero hasta el momento no existe ni siquiera ese límite.

En la oposición, no se oponen a la nueva cifra, pero reclaman que el tema se resuelva lo antes posible. La primera en advertir la gravedad de la situación fue la diputada Laura Alonso (Pro). La dirigente presentó un proyecto de ley para suspender por única vez la fórmula del módulo electoral y fijar el límite en 3 pesos por elector, tal como lo haría el oficialismo . El mismo número propuso en otro proyecto de ley el diputado Gerardo Milman (GEN).

"Es preocupante, porque se desvirtúa el esfuerzo normativo que se venía haciendo desde 2002, cuando se aprobaron los límites para los gastos electorales. Si no hay módulo electoral, quedan fuera de control los topes de gastos y las donaciones. Se provocarían inequidad e incertidumbre, que es el efecto contrario al buscado con la reforma", dijo a LA NACION Alonso.

El proyecto de la diputada de Pro fue girado a las comisiones de Justicia, de Presupuesto y de Asuntos Constitucionales. Graciela Camaño, presidenta de esta última, informó a LA NACION que tiene previsto convocar a una reunión plenaria de las tres comisiones para resolver el tema lo antes posible. "Hay que fijar un límite para los gastos. Pero lo más preocupante es el uso electoral que hace el Gobierno de la publicidad de los actos de gestión", sostuvo Camaño.

Sin referencias

El diputado Milman explicó que la nebulosa en la que se encuentran los partidos por el vacío legal les impide planificar los gastos de campaña. "Los partidos políticos no sabemos el dinero que vamos a poder gastar y no podemos contrastarlo con los precios de mercado", dijo. De hecho, de acuerdo con la ley de reforma política, la Cámara Electoral debe informar los dos primeros meses de cada año los límites establecidos para los aportes privados, cosa que el tribunal no pudo hacer este año.

En el radicalismo, la preocupación también va en aumento. "Estas son las consecuencias de que el Gobierno se niegue a tener una ley de presupuesto, para manejar los fondos discrecionalmente", afirmó el jefe de la bancada de la UCR, Ricardo Gil Lavedra, que recordó que el tema no puede resolverse por medio de un decreto de necesidad y urgencia.

El valor del módulo electoral también es la unidad de referencia para calcular otras cuestiones previstas en la ley electoral. Una de ellas son las sanciones que se van a aplicar a los candidatos que hagan campaña por fuera del plazo establecido en la ley.

Ya sea que lo impulsen el oficialismo o la oposición, la definición del módulo despejaría, al menos, una incertidumbre del proceso electoral.

LAS DIFERENCIAS ENTRE LA LEY Y LA REALIDAD

• INTERNAS EN LOS PARTIDOS 
  La ley electoral que se votó en 2009 obliga a todos los partidos a resolver sus candidaturas en elecciones internas, abiertas y obligatorias. Se resolvió para fortalecer a los partidos y democratizar sus decisiones.

• Sin competencia 
  En su estreno, el 14 de agosto, ninguno de los candidatos presidenciales tendrá rivales internos. Habrá que ir a votar igual. La elección será apenas un termómetro que puede anticipar las presidenciales de agosto.

• EL CONTROL DE LOS GASTOS 
  Desde 2002 rige una ley que establece límites de aportes y gastos de campaña a los candidatos. Se busca con eso evitar ventajas competitivas entre los grandes partidos (o las fuerzas de gobierno) con el resto.

• Sin límites 
  La norma indica que para hacer el cálculo del límite debe establecerse un "módulo" en la ley de presupuesto del año en que se vota. Este año, al no haberse votado el presupuesto, no hay medida para establecer el límite.

• PUBLICIDAD DE CAMPAÑA 
  En la última reforma, se impuso la prohibición a contratar propaganda electoral en medios audiovisuales. Sólo habrá espacios distribuidos por el Estado. La razón esgrimida: democratizar la llegada del mensaje a los votantes.

• Sin equivalencias 
  La reglamentación de la ley dejó al descubierto que el reparto de minutos será favorable al oficialismo. Y, sobre todo, que no habrá limitaciones a la propaganda de la gestión, que el Gobierno usa de manera discrecional.

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