Eduardo Altamirano, secretario de Prensa del gremio Camioneros, anunció un paro nacional el lunes 24/03 en defensa de Hugo Moyano y Pablo Moyano, investigados por lavado de dinero.
Resulta insólito que por una investigación judicial, el sindicato anuncie una medida de fuerza de camiones de residuos, camiones de combustibles, camiones de residuos y todas las actividades vinculados a la federación de autotransportistas de cargas, que tanto creció gracias a los Kirchner.
Altamirano ofreció una conferencia de prensa para anunciar paro y movilización, y mezcló todo: la investigación sobre irregularidades en el APE, las acusaciones de que participó de la violencia política en Mar del Plata durante los '70, las investigaciones sobre lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
Denunció que tenía que ver con el acuerdo de paritarias, que era una maniobra política contra el avance político de Moyano, etc. etc.
Denunciaron a los medios de comunicación de prestarse a difundir las denuncias y a empresarios molestos por el proyecto de Héctor Recalde de participación de trabajadores en las ganancias empresarias.
"No se juega con Camioneros ni con Moyano si no hay argumentos confiables", denunciaron.
La turba que lo rodeaba cantó: "Ay ay ay qué risa que me da / Ay ay ay que risa que me da / Ay ay ay que risa que me da / si tocan a Moyano qué quilombo se va a armar".
¿Qué había ocurrido para provocar todo esto?
El juez federal Norberto Oyarbide recibió este jueves (17/3) un exhorto enviado por el Ministerio Público Fiscal de Suiza, donde solicita información sobre causas y pruebas relacionadas con Hugo Moyano, Pablo Moyano y su entorno familiar, en el marco de una investigación que se lleva adelante en ese país por presunto lavado de dinero, informa el Centro de Información Judicial.
Resulta insólito que por una investigación judicial, el sindicato anuncie una medida de fuerza de camiones de residuos, camiones de combustibles, camiones de residuos y todas las actividades vinculados a la federación de autotransportistas de cargas, que tanto creció gracias a los Kirchner.
Altamirano ofreció una conferencia de prensa para anunciar paro y movilización, y mezcló todo: la investigación sobre irregularidades en el APE, las acusaciones de que participó de la violencia política en Mar del Plata durante los '70, las investigaciones sobre lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
Denunció que tenía que ver con el acuerdo de paritarias, que era una maniobra política contra el avance político de Moyano, etc. etc.
Denunciaron a los medios de comunicación de prestarse a difundir las denuncias y a empresarios molestos por el proyecto de Héctor Recalde de participación de trabajadores en las ganancias empresarias.
"No se juega con Camioneros ni con Moyano si no hay argumentos confiables", denunciaron.
La turba que lo rodeaba cantó: "Ay ay ay qué risa que me da / Ay ay ay que risa que me da / Ay ay ay que risa que me da / si tocan a Moyano qué quilombo se va a armar".
¿Qué había ocurrido para provocar todo esto?
El juez federal Norberto Oyarbide recibió este jueves (17/3) un exhorto enviado por el Ministerio Público Fiscal de Suiza, donde solicita información sobre causas y pruebas relacionadas con Hugo Moyano, Pablo Moyano y su entorno familiar, en el marco de una investigación que se lleva adelante en ese país por presunto lavado de dinero, informa el Centro de Información Judicial.
El exhorto ingresó en la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, vía Cancillería, y resultó designado mediante el sorteo informático de rigor el Juzgado Federal Nº 5 de ese fuero, a cargo de Oyarbide.
A raíz del requerimiento judicial internacional que hizo Suiza sobre las causas penales que pesan sobre Moyano y su hijo, el diputado nacional Juan Carlos Morán, de Coalición Cívica, afirmó: “Carrió tenía razón, aunque muchos decían que exageraba, cuando señalaba que Moyano terminaría perseguido por la Interpol porque la corrupción terminará en un escándalo a nivel internacional”.
Morán, quien se encuentra realizando una investigación sobre posibles campos de Moyano y sus hijos en el centro de la Provincia de Buenos Aires dijo: "Es una vergüenza que el presidente del PJ y jefe político de (Daniel) Scioli sea un extorsionador profesional y ahora un sospechado por lavado de dinero internacionalmente".
Morán a su vez señaló: “Hay que terminar con los sindicalistas que en lugar de ser trabajadores son empresarios millonarios. El lavado de dinero puede ser internacional, pero también estamos investigando si es propietario de dos estancias en el centro de la Provincia de Buenos Aires”.
“Involucrado a la mafia de los medicamentos, manipulador de los subsidios de APE, vinculado a los barra bravas de compromiso K, administrador de cajas oscuras como el Belgrano Cargas, son algunas de las tantas vinculaciones siniestras de una persona que solo puede haber avanzado tanto en la Argentina con la complicidad directa de la presidenta y el gobernador de la Provincia", agregó Morán.
Alrededor de Hugo Moyano, además, gira una red de empresas liderada por el IARI, la administradora de la obra social de los camioneros que maneja su esposa Liliana Zulet. IARI tiene negocios con la constructora Ancora, que integra Valeria Salerno –una de las hijas de Zulet–, y Dixey (que es un taller de ropa). El grupo posee además la organización de seguridad Las Marías, la aseguradora Caminos Protegidos –en cuyo directorio figuran tres de los siete hijos de Moyano- e Ivetra (Instituto Verificador del Transporte) –uno de cuyos directores es el actual abogado de camioneros, Daniel Llermanos. Aunque no tiene relación comercial, al jefe de la CGT se le atribuyen gestiones sistemáticas frente a intendentes y la gobernación bonaerense a favor de la empresa de limpieza Covelia.
El juez federal Claudio Bonadio decidió ampliar la investigación que pesa sobre el líder de la CGT, Hugo Moyano: no sólo trata de determinar si la obra social de los camioneros defraudó al Estado mediante el cobro de reintegros indebidos por la compra de costosos medicamentos para tratar el cáncer, sino que ahora analiza si incurrió en el delito de administración fraudulenta.
El fiscal Patricio Evers impulsó la pesquisa a partir de una nueva denuncia de 40 carillas que presentó la ex ministra de Salud Graciela Ocaña. Como es de práctica ante un hecho nuevo, el juez envió la denuncia al fiscal para que opinara si correspondía ampliar la investigación y Evers así lo entendió.
Hasta ahora, Moyano aparecía complicado en esta investigación porque el juez detectó la existencia de unos 200 troqueles del medicamentos Erbitux, usado para tratar el cáncer de colon, que no se corresponden con los cartones de los envases originales del remedio fabricados por Merck Química en Alemania.
A raíz del requerimiento judicial internacional que hizo Suiza sobre las causas penales que pesan sobre Moyano y su hijo, el diputado nacional Juan Carlos Morán, de Coalición Cívica, afirmó: “Carrió tenía razón, aunque muchos decían que exageraba, cuando señalaba que Moyano terminaría perseguido por la Interpol porque la corrupción terminará en un escándalo a nivel internacional”.
Morán, quien se encuentra realizando una investigación sobre posibles campos de Moyano y sus hijos en el centro de la Provincia de Buenos Aires dijo: "Es una vergüenza que el presidente del PJ y jefe político de (Daniel) Scioli sea un extorsionador profesional y ahora un sospechado por lavado de dinero internacionalmente".
Morán a su vez señaló: “Hay que terminar con los sindicalistas que en lugar de ser trabajadores son empresarios millonarios. El lavado de dinero puede ser internacional, pero también estamos investigando si es propietario de dos estancias en el centro de la Provincia de Buenos Aires”.
“Involucrado a la mafia de los medicamentos, manipulador de los subsidios de APE, vinculado a los barra bravas de compromiso K, administrador de cajas oscuras como el Belgrano Cargas, son algunas de las tantas vinculaciones siniestras de una persona que solo puede haber avanzado tanto en la Argentina con la complicidad directa de la presidenta y el gobernador de la Provincia", agregó Morán.
Alrededor de Hugo Moyano, además, gira una red de empresas liderada por el IARI, la administradora de la obra social de los camioneros que maneja su esposa Liliana Zulet. IARI tiene negocios con la constructora Ancora, que integra Valeria Salerno –una de las hijas de Zulet–, y Dixey (que es un taller de ropa). El grupo posee además la organización de seguridad Las Marías, la aseguradora Caminos Protegidos –en cuyo directorio figuran tres de los siete hijos de Moyano- e Ivetra (Instituto Verificador del Transporte) –uno de cuyos directores es el actual abogado de camioneros, Daniel Llermanos. Aunque no tiene relación comercial, al jefe de la CGT se le atribuyen gestiones sistemáticas frente a intendentes y la gobernación bonaerense a favor de la empresa de limpieza Covelia.
El juez federal Claudio Bonadio decidió ampliar la investigación que pesa sobre el líder de la CGT, Hugo Moyano: no sólo trata de determinar si la obra social de los camioneros defraudó al Estado mediante el cobro de reintegros indebidos por la compra de costosos medicamentos para tratar el cáncer, sino que ahora analiza si incurrió en el delito de administración fraudulenta.
El fiscal Patricio Evers impulsó la pesquisa a partir de una nueva denuncia de 40 carillas que presentó la ex ministra de Salud Graciela Ocaña. Como es de práctica ante un hecho nuevo, el juez envió la denuncia al fiscal para que opinara si correspondía ampliar la investigación y Evers así lo entendió.
Hasta ahora, Moyano aparecía complicado en esta investigación porque el juez detectó la existencia de unos 200 troqueles del medicamentos Erbitux, usado para tratar el cáncer de colon, que no se corresponden con los cartones de los envases originales del remedio fabricados por Merck Química en Alemania.
Fuente: U24
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