"A las 3.50, la Policía Federal Argentina intenta comunicarse con la Fiscalía Federal N° 7 -a cargo del Dr. Cearras-, sin resultado", sostiene el comunicado que difundió anteayer el Ministerio de Seguridad, en el que Nilda Garré defendió su actuación durante el bloqueo a la planta de 'Clarín'.
Pero el fiscal federal Carlos Cerreas negó haber recibido llamadas de la Policía Federal y emplazó al jefe de la fuerza, comisario Enrique Capdevila, para que en 24 horas informe "todas las comunicaciones que efectuó la fuerza a su cargo con el suscripto o con los números de teléfono que fueran informados por esta dependencia, para consultas durante el turno en relación con el bloqueo".
Esto es, ni en los celulares personales del fiscal ni en los especialmente establecidos para los días de turno con la policía, hay registros de llamadas entrantes por este caso. Por esa razón, Cearras especifica que la Policía debe indicarle "a qué número telefónico se dirigieron las mismas y qué personal y repartición de la Policía las efectuaron".
Así, el fiscal de turno durante el bloqueo negó la versión que el lunes dio la ministro de seguridad Nilda Garré, según la cual cumplió "estrictamente las directivas de los magistrados actuantes" y calificó de "infundadas e irresponsables" las advertencias sobre un eventual juicio político que podría impulsar la oposición en Diputados.
Según el comunicado del Ministerio de Seguridad, después de que la Comisaría 30 –que tiene jurisdicción donde está la planta impresora de 'Clarín', en el barrio de Barracas– constatara el bloqueo realizado por trabajadores de esa empresa, la Policía Federal se comunicó con la Fiscalía Correccional Número 3, a cargo de Sánchez Negretti, que instruyó para que se diera intervención a la Justicia Federal, por lo que a las 3.50 la Policía Federal intentó comunicarse con la Fiscalía Federal Número 7 –a cargo de Cearras– "sin resultado".
Esa información suscribía el relato policial sobre el accionar de esa fuerza durante las doce horas que duró el conflicto gremial que bloqueó la salida y distribución del diario Clarín.
Cearras escribió en su oficio que ese extracto del comunicado “resulta a todas luces extraño ya que oportunamente se informaron la totalidad de los números telefónicos a los cuales podía llamarse para cualquier consulta relativa al turno en los que no se recibió llamado alguno durante ese día”.
En rigor, el procedimiento indica que en la justicia federal, la Policía debe llamar al juez o al secretario del juzgado de turno cuando exista alguna situación que requiera su intervención. De hecho, según informa el diario 'Clarín' de fuentes vinculadas al juzgado de Claudio Bonadio, la Policía se comunicó efectivamente con la secretaría n°22 a cargo de María Laura Charnis y le informó sobre los hechos que sucedían en la planta impresora. La funcionaria judicial consideró que no se trataba de un hecho que involucrara delitos federales.
Nada de esto quedó registrado ni en el sumario policial ni en el comunicado que envió Garré para aclarar los sucedido en la madrugada del domingo.
Cearras abrió un sumario administrativo por estas inconsitencias y espera tener hoy una respuesta concreta de la Policía. Por su parte, el Ministerio no volvió a emitir comunicados sobre el asunto y tampoco se despejaron otras dudas que surgieron de la información que enviaron el lunes.
En ese relato, consignaban que el primer contacto con un funcionario judicial había sido a las 2 de la mañana luego de recibir una denuncia que generó que policías de la comisaría 30 se presentaran en la planta de la calle Zepita para ponerse al tanto del bloqueo.
Sin embargo, con esa versión la cartera de Seguridad omitió casi en su totalidad la intervención de la fiscalía contravencional a cargo de Marcela Solano, que a las once y media de la noche ya había ordenado “identificar a los autores de la contravención, recabar medios de prueba e intimar al cese de la contravención”. Estas órdenes no fueron acatadas por la Policía.
Así, el pedido del fiscal volvió a poner en el ojo de la tormenta a la ministra de Seguridad, que por decisión de la oposición hoy tendrá que concurrir a informar sobre los hechos a tres comisiones de la Cámara de Diputados.
Si Garré desiste de concurrir, la oposición impulsará su interpelación ante el plenario de la Cámara Baja, dijo la presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión, la radical Silvana Giúdici, aunque para ello requerirá contar con dos tercios de los votos de los presentes en el recinto.
En declaraciones periodísticas, Garré relativizó la inicial posición gubernamental que redujo el asunto a un conflicto estrictamente sindical. "La libertad de prensa no está afectada", dijo la ministra, quien justificó la inacción de su ministerio ante el bloqueo, como lo había ordenado una sentencia judicial de enero pasado, en que esa orden "no indicó nunca medida coactiva sobre nada".
También insistió en que la base del problema es "gremial", pero concedió, por primera vez desde el Gobierno, que "si hay algún otro que lo aprovecha para otra cosa, la verdad que repudio esa posibilidad… A río revuelto, ganancia de pescadores", señaló, tras reconocer que hechos como el bloqueo "no le hacen bien al Gobierno".
fuente: U24
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