LA RESPONSABILIDAD PRIVADA Y PÚBLICA
Todos hablan del tema pero pocos conocen cómo funciona realmente el “negocio”. Se trata de la adulteración de troqueles de medicamentos, una de las aristas que investiga la Justicia en el marco de la trama de la denominada “mafia de los remedios”.
Si bien unos cincuenta sindicatos se encuentran en la mira de los investigadores por adulterar onerosos fármacos —factores hemofílicos, especialidades oncológicas y remedios contra el HIV—, hay un negocio aún más redituable y ¿menos mortal?, que es el de inventar pacientes para luego facturar a la Administración de Programas Especiales (APE) la prescripción de medicamentos nunca otorgados.
Lo único que se precisa para poder cobrar a esa entidad es la presentación de los troqueles de los remedios supuestamente prescriptos. Ese pequeño pedazo de cartón es la única garantía de que estos fueron dados a los afiliados.
¿Cómo hacer entonces para presentar troqueles si los pacientes ni siquiera existen y los remedios mucho menos? Ahí es cuando aparece el negocio de su adulteración, gracias a la magia de las impresoras laser color y la tecnología actual. Incluso las fotocopias a color ayudan a hace el trabajo sucio.
Sin embargo, la detección de cupones “truchos” es más sencilla de lo que podría parecer, ya que no existen dos troqueles idénticos y poseen características puntuales y casi imperceptibles. La Justicia posee cientos de recetas adulteradas como prueba del delito por el cual hoy se investiga a Gerónimo Venegas y a casi 50 sindicalistas más. Un dato: en las próximas horas, muchos de ellos serán indagados judicialmente.
Como si esa evidencia no fuera suficiente, los investigadores tienen en su poder miles de horas de intervenciones telefónicas que han acumulado a lo largo de casi dos años. Allí, aparece claramente visible la responsabilidad de ciertos sindicatos en la adulteración de troqueles. Todos han confluido en la misma persona para llevar adelante sus desaguisados: Néstor Lorenzo, titular de droguería San Javier y a la sazón financista de la campaña de Frente para la Victoria en 2007.
La ex ministra de Salud, Graciela Ocaña, en una entrevista que este cronista le hizo en 2008, admitió que los principales responsables de los negocios con los troqueles de remedios eran el propio Lorenzo, junto a Rubén Romano —detenido hace unas horas por el juez Norberto Oyarbide— y relevantes sindicalistas, siempre con la venia de los funcionarios de la Superintendencia de Salud de la Nación. “Yo lo vengo denunciando, se lo digo a la propia Cristina (Kirchner) pero no pasa nada. Acá están involucrados los sindicatos más importante del país, incluso Moyano”, admitió Ocaña en ese reportaje.
Poco antes, Sebastián Forza, asesinado en agosto de 2008 en el marco del triple crimen de General Rodríguez, había admitido lo mismo: el negocio lo hacían Romano, Lorenzo, los sindicatos y funcionarios oficiales. “Algunos troqueles están bien hechos, pero muchos son re truchos. Como nadie lo controla, los tipos hacen cualquier cosa (…) El día que esto salte se arma un quilombo de aquellos porque están prendidos casi todos los sindicatos”, confesó Forza en la única entrevista que dio en su corta vida. Esa grabación fue aportada en 2008 al entonces ministro de Seguridad bonaerense, Carlos Stornelli por quien escribe estas líneas.
Hoy, cuando el escándalo ha estallado en la cara de la sociedad, muchos se sorprenden y horrorizan por los escabrosos detalles de un negocio que conspira contra la salud. Pero hay que tener presente lo antedicho: hace años que este delito se viene denunciando sin que nadie haya movido un solo dedo para detenerlo.
Christian Sanz
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