La decisión de elevar la investigación a la Justicia se tomó contra reloj; el rol del líder sindical
Hugo Alconada Mon
LA NACION
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La Unidad de Información Financiera (UIF) cajoneó durante meses la investigación sobre Sergio Schoklender, decisión que también extendió al líder de la Confederación General del Trabajo (CGT), Hugo Moyano, por presuntas irregularidades detectadas en la obra social de los camioneros, indicaron a LA NACION tres fuentes con conocimiento de lo que ocurre dentro de la unidad antilavado.
La decisión de las autoridades de la UIF, José Sbattella y Gabriel Cuomo, de mover la pesquisa sobre Schoklender y presentar miles de hojas sin procesar ante la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos de Lavado de Dinero (Ufilavdin), a cargo del fiscal general Raúl Plee, se tomó contra reloj durante las últimas semanas. En particular, luego de que este diario reveló la politización del organismo y la protección otorgada al Banco Macro y a su presidente, Jorge Brito, que derivó en la apertura de una investigación preliminar por posibles delitos por parte del fiscal federal Carlos Stornelli.
El proceso en la UIF se aceleró aún más, sin embargo, tras la difusión de los primeros indicios sobre una pelea entre los hermanos Schoklender. "Lo hicieron porque el caso era una papa caliente dentro de la UIF y se lo querían sacar de encima", relató una fuente al tanto de lo que ocurre dentro de la UIF. "La presentación [ante Plee] la llenaron de papeles inservibles", acotó.
En Tribunales coinciden con esa visión. "Tuvieron parada la investigación durante meses y la UIF pudo haber hecho mucho más que juntar papeles. No hicieron nada de inteligencia o de trabajo de campo", relató a LA NACION una fuente de Comodoro Py que accedió al material, y remarcó un dato que consideró "por lo menos curioso". Recordó que apenas un día después afirmar en los medios que no había "indicios" en contra de Schoklender, Sbattella envió todo a la Justicia por considerarlo sospechoso sin que conste nada en el expediente interno que haya dado un vuelco a la pesquisa. "¿Qué pasó en el medio? ¿Alguien desde arriba dio la orden de soltarle la mano?", ironizó la fuente.
Según fuentes de la UIF, los responsables del caso Schoklender fueron los mismos que avanzan a paso cansino con el Banco Macro. Entre otros, la titular del área de Asuntos Jurídicos, Mariana Quevedo; la ex integrante de esa área, asesora legal y actual consejera de la Unidad, María Laura Gómez, y el secretario general ejecutivo de la Unidad, Federico de Negri. Todos ellos, en la órbita y bajo el control directo de Cuomo y Sbattella.
El propio titular de la UIF pasó por todas las direcciones del organismo; el 19 de mayo pasado, y a puertas cerradas, les reclamó a los empleados por la "fuga de información", publicada en LA NACION. Aclaró que se estaba "analizando el problema", lo que derivó en la paranoia dentro de la Unidad sobre eventuales escuchas telefónicas y pinchadura de correos electrónicos.
Los controles constatados, por lo pronto, abarcan la revisión de bolsas, carteras y mochilas de los técnicos de la UIF cada vez que entran o salen del organismo. Esa práctica contrasta con la libre circulación de las computadoras portátiles de las nuevas autoridades y los responsables del área informática, que mueven información sensible por su cuenta, relataron desde la UIF.
Tres semanas antes del planteo de Sbattella sobre "fuga de información", el 29 de abril, las autoridades habían aportado otra muestra de la creciente politización del organismo. Ese viernes, mientras los técnicos trabajaban en el análisis de distintos legajos, ingresó gente con bombos y pancartas con el rostro de Cristina Kirchner. A metros de allí, Moyano lideraba un masivo acto en la avenida 9 de Julio.
"Escuchar a los directivos [de la UIF] decir que teníamos total permiso para retirarnos e ir al acto de Moyano superó todo lo imaginable", relató una fuente que presenció lo ocurrido en el organismo, que, a su vez, cuenta con investigaciones pendientes sobre el dirigente gremial. "Paradójico, ¿no? ¿No somos profesionales técnicos con la finalidad de combatir el lavado de dinero?", ironizó.
Sbattella y Moyano mantienen un vínculo que se reforzó cinco años atrás, cuando el titular de la UIF fue despedido por el presidente Néstor Kirchner -por entonces en buenos términos con el Grupo Clarín- luego de que se opuso desde la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia a la fusión de las señales Cablevisión y Multicanal.
Ya fuera de la función pública, Sbattella recaló en el área económica de la CGT, donde se encargó de estimar la célebre "inflación del supermercado", que luego Moyano invocaba en público para presionar al Gobierno y a las empresas. Y tras la pelea entre los Kirchner y Clarín, cuando Sbattella ingresó en la UIF, su vínculo con Moyano se mantuvo, incluso después de que la Justicia recibió un pedido desde Suiza sobre la empresa Covelia y sus vínculos con el líder de la CGT.
Eso ocurrió, además, en forma paralela a la pesquisa del juez federal Norberto Oyarbide sobre un eventual rol de Moyano con la mafia de los medicamentos. Simultáneamente, la UIF obtuvo datos sobre presuntas irregularidades y supuestas defraudaciones dentro de la obra social de los camioneros, relataron a este diario dos fuentes con conocimiento de aquella investigación.
La pesquisa de la UIF, relató una de ellas, "había nacido por el reporte [de operación sospechosa] de un banco", pero también quedó en manos del núcleo de extrema confianza de Sbattella dentro de la UIF: Quevedo, Gómez, De Negri y Cuomo, junto con una estrecha colaboradora de éste, la directora de Análisis, Ana Helbardt, según reconstruyó LA NACION.
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