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| Imagen de la mina Veladero en San Juan, propiedad de la Barrickl |
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró su competencia originaria en tres causas en donde se dictaron medidas cautelares que suspendieron la aplicación de artículos de la ley 26.639, de Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, con respecto a emprendimientos mineros en el territorio de la provincia de San Juan.
En ese sentido, el Máximo Tribunal sostuvo que “dada la índole de la participación asumida en el pleito por la Provincia de San Juan en la calidad indicada en el considerando precedente, corresponde reconocerle la condición de parte sustancial en virtud del interés directo que tiene en el litigio”.
"En tales condiciones, y al haber invocado el Estado provincial en su primera presentación el privilegio que le asiste en los términos del artículo 117 de la Constitución Nacional, esta causa corresponde a la competencia originaria de la Corte rationae personae, en mérito a que la única manera de armonizar las prerrogativas jurisdiccionales de las que gozan tanto la provincia a no ser juzgada por los tribunales inferiores de la Nación, en virtud de la referida garantía de rango constitucional que al respecto le reconoce el citado artículo 117, como el Estado Nacional al fuero federal, según el artículo 116 de la Ley Fundamental, es sustanciado el proceso en esta instancia”, agregó, según informa el Centro de Información Judicial.
Con estos fallos, la Corte profundiza su tendencia ambientalista, que ya había comenzado con el tema del Riachuelo (ver notas relacionadas).
Pero, por otra parte, significa de un revés para Cristina Fernández, quien en noviembre de 2008 vetó una ley de protección de glaciares para defender el proyecto minero de la empresa canadiense Barrick en San Juan.
En ese entonces, el Frente para la Victoria, por orden de Néstor Kirchner, suspendió la sesión en la Cámara de Diputados el 19/11/2008 ante la posibilidad de que se votara sobre tablas la ley sobre protección de glaciares que Cristina Fernández acababa de vetar.
La iniciativa que había aprobado el Congreso en su momento fue el resultado de la labor de expertos, organizaciones sociales, ecologistas y amantes de las montañas, todos preocupados por la reducción cada vez mayor de los glaciares en el país.
Finalmente, en septiembre de 2010, luego de muchas gestiones ante el Ejecutivo Nacional, y pese al Frente para la Victoria, se aprobó la Ley de Preservación de Glaciares y del Ambiente Periglacial, un texto apoyado por organizaciones ambientalistas y asambleas ciudadanas de todo el país. El Ejecutivo Nacional prefería un texto diferente.
Algunas horas antes, el 10/12, el diputado nacional por Proyecto Sur, Fernando Solanas, y otros legisladores, difundieron un documento repudiando "cualquier acto (del Ejecutivo Nacional) que suspenda la aplicación de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y el Ambiente Periglacial y ponga en riesgo la institucionalidad del Congreso de la Nación, y su capacidad de dictar leyes de presupuestos mínimos".
Fuente: U24
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