Es fácil predecir que las horas de Sergio Schoklender en libertad se agotan.
Schoklender es el culpable perfecto, señalado por el Gobierno y por las Madres de Plaza de Mayo para conformar a la opinión pública y, al mismo tiempo, deslindar sus propias responsabilidades.
La estrategia oficial es clara: busca cargarle todas las responsabilidades al otrora protegido de Hebe de Bonafini, a quien ahora aquella madre considera un "traidor". Y, por si queda alguna duda, además de las declaraciones de varios ministros, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, recibió ayer a Bonafini en su despacho de la Casa Rosada. Todo un gesto.
También Schoklender hizo todo lo posible para comprometerse: se rodeó de una oscura nube de empresas que tienen, en su patrimonio, aviones, yates, autos lujosos y casas. No es delito volverse millonario. El delito podría estar en el origen de esa fortuna, que podría haberse nutrido de dineros públicos.
Además, en su requerimiento de instrucción, el fiscal federal Jorge Di Lello le imputó a Schoklender el delito de asociación ilícita, una calificación que permite enviar a prisión a quien actuó como jefe. Es decir, el plato quedó servido para que el juez Norberto Oyarbide, más temprano que tarde, ordene la indagatoria y detención. Schoklender posiblemente cumpla en esta causa el papel que en otros casos interpretaron Mario Caserta ("Yomagate") o Juan José Zanola (mafia de los medicamentos): soportar las culpas sin chistar.
La causa que lleva adelante Oyarbide será una cantera de novedades, pero, también, puede producir el efecto de una cortina de humo:
- Habría que mirar si dentro de Madres de Plaza de Mayo hay otros cómplices o si las desprolijidades eran evidentes y manifiestas. El juez Oyarbide allanó los domicilios de los sospechosos y secuestró documentación, pero sólo les solicitó amablemente a las Madres que presenten los registros contables y ellas le pidieron diez días para hacerlo. ¿Por qué tanta demora, si los papeles están prolijos?
- Es difícil de creer que en un sistema en el que hay alertas contra el lavado de dinero y en el que la AFIP les pide a los contribuyentes que declaren que son de origen legítimo los dólares que compran, tal vez para protegerse de la inflación, ningún funcionario haya advertido los desmanejos de dinero con partidas que libraba el Gobierno.
Hay una prueba de que sí se desoyeron alertas: hace más de un año, dos bancos habían revelado operaciones sospechosas por montos elevados, pero esa circunstancia sólo fue denunciada la semana última. ¿No puede imaginarse que hubo una trama mucho más basta de encubrimientos?
- El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, que investiga a los funcionarios que repartieron fondos y planes, tiene ante sí un trabajo más duro que el de Oyarbide. Pero esa causa enfrenta dos problemas que demorarán su avance: las dificultades de investigar a la política y la necesidad de unificar esa causa con la que instruye Oyarbide. Si alguien usó fondos públicos, es porque alguien los repartió y no controló.
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