LO QUE EL FUNCIONARIO OMITIÓ DECIR
Es que, al llegar al anexo de la legislatura, intentó congraciarse con el diputado de Coalición Cívica Juan Carlos Morán, pero no tuvo éxito.
Fatala elogió la corbata azul y roja del legislador, pero Morán lo paró en seco:“Usted está acá como funcionario y yo, como diputado, Así que acá lo que hablamos es de asuntos institucionales”.
Prontamente, el funcionario comenzó a dar explicaciones sobre el escándalo que envuelve en estas horas a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, despegando por completo al Gobierno. "La estafa es una estafa que está afuera del sistema. Es como si hubieran abierto una caja fuerte y se llevaron la plata. Estamos en una línea muy finita en la que se mezcla el financiamiento estatal con una estafa realizada por un tercero", dijo Fatala, utilizando a partir de ese momento erráticos eufemismos para hablar de lo ocurrido.
Hubiera sido oportuno que alguien le preguntara al funcionario si no cabía alguna responsabilidad al Ejecutivo nacional por ser quien tenía la llave y control de esa “caja fuerte” que tan poéticamente se encargó de describir.
"Los dineros que hemos aplicado en la construcción de las viviendas, a través de la Fundación , tienen un curso normal. Desde el punto de vista financiero, todo está bien", agregó luego.
¿Por qué Fatala habló del “curso” del dinero y no del “control” del mismo por parte del Estado? En realidad sí lo hizo, pero tangencialmente y escapando a toda responsabilidad posible: "Nosotros no tenemos trato directo con Madres, tratamos con las jurisdicciones", dijo.
¿No debía haberse pedido entonces puntuales explicaciones a las jurisdicciones —municipios y provincias—, al tratarse de fondos millonarios que se dieron en la mayoría de los casos por contratación directa y sin puja de precios?
Fatala tira la pelota afuera porque sabe que la subsecretaría a su cargo auditó menos del 30% de las obras adjudicadas a Madres. No se trata solo del control de lo hecho, sino también de la solvencia de las empresas constructoras que se utilizaron para trabajar: por caso, ¿por qué se le dio dinero a una entidad que ostentaba veintenas de cheques rechazados y adeudaba impuestos de diversa índole al Estado Nacional?
Peor aún, ¿por qué los fondos para las viviendas fueron autorizados por la Subsecretaría de Obras Públicas de la Nación , cuando existe una Subsecretaría de la vivienda?
Esta última pregunta salió de boca del gobernador de Chubut, Mario Das Neves, quien aprovechó el momento para denunciar que los gobiernos provinciales reciben menos dinero para viviendas que las organizaciones no gubernamentales.
De eso no habló Fatala, simplemente porque nadie se lo preguntó. Eso sí, no dudó en señalar a Sergio Schoklender como “empleado” de la Fundación Madres
No hace falta recordar que este último en realidad ha sido apoderado y mandatario de Madres, por lo cual ha actuado en la mayoría de los casos como representante de los capitostes de esa fundación. Al menos así lo define el Código Civil.
Los sospechosos de siempre
Mal que le pese al Gobierno, los problemas para Fatala y otros funcionarios del oficialismo no está dado por lo que han relatado las crónicas periodísticas ni por las acusaciones de la oposición, sino por la actuación de la propia Justicia Federal.
No hay una, sino dos causas judiciales que hoy investigan el eventual manejo irregular de los fondos públicos que administró la Fundación Madres
“En su requerimiento de instrucción, presentado ayer, (Osorio) apuntó a todos los responsables de los convenios celebrados con la Fundación que preside Hebe de Bonafini, desde 2003 en adelante, en el marco del plan federal de viviendas. Esto incluye tanto a funcionarios provinciales y municipales (ellos firmaron los contratos y certificaron las obras) como a autoridades nacionales, que hacían el control final y liberaban los pagos”, refiere hoy diario La Nación.
Esa denuncia investiga la eventual comisión de los delitos de violación de los deberes de funcionario público, malversación de caudales, defraudación a la administración y abuso de autoridad, requerimientos que descansan hoy en el escritorio del juez Marcelo Martínez de Giorgi
Sin embargo, a pesar de estos requerimientos judiciales, el Gobierno a pleno ha salido a respaldar la entrega de dinero a Madres de Plaza de Mayo y forzó un encuentro público entre el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y Hebe de Bonafini. No fue casual: ocurrió inmediatamente después de que Fatala terminara su exposición ante Diputados.
En el mismo sentido, ayer el ministro de Planificación, Julio De Vido, había dicho que el Gobierno seguiría apoyando el plan de viviendas bajo sospecha y enfatizó que ponía “las manos en el fuego por las Madres.”
Esto lleva a una pregunta incómoda: la cerrada defensa del Gobierno hacia la figura de Bonafini, ¿se debe a la creencia de que realmente nada tiene que ver con el escándalo de marras o al temor de que se haga pública la responsabilidad política por nunca haber controlado los fondos que se le entregaron?
A este último respecto hay que mencionar —una vez más— que las denuncias por desmanejos en los fondos entregados a Madres no son nuevas. Hace años que se habla de sobreprecios y blanqueo de dinero.
Para rastrear esos señalamientos basta dirigirse a la provincia de Chaco. Allí, la delegación provincial de la Cámara Argentina de la Construcción cuestionó la adjudicación de obras públicas a Madres de Plaza de Mayo de manera “directa” y con fuertes sobreprecios.
El presidente de la CAC chaqueña, Ricardo Siri, aseguró oportunamente que el Gobierno nacional pagaba de modo muy distinto a esta última entidad respecto al mismo trabajo de las empresas privadas. “Las viviendas que construyen las Madres le cuestan al Estado 210.000 pesos y por las nuestras, que son las mismas, nos pagan 81.000, o a lo sumo 100.000 si se hace alguna ampliación a la obra”, denunció.
Siri agregó en esa oportunidad un dato escandaloso: comentó quela CAC le planteó el tema al gobernador chaqueño, Jorge Capitanich y que este les respondió crudamente: "Esto viene de Buenos Aires como un paquete cerrado".
Si ello no fuera suficientemente escandaloso, basta recordar las denuncias realizadas mucho antes por el piquetero Emerenciano Sena, al que le cedieron en su momento la ejecución de un barrio de 500 casas en Resistencia. Debe destacarse que Sena no es parte de la oposición ni compite en la construcción de viviendas, sino que supo tener un convenio contractual con la mismísima fundación Madres de Plaza de Mayo.
Ese acuerdo devino finalmente en una denuncia judicial donde Sena acusó a la entidad de diversos delitos, entre los cuales aparece la contratación de empleados “en negro”. A la hora de opinar sobre Sergio Schoklender, el piquetero no ahorró en calificativos: “Esta basura vino acá y estafo al pueblo del Chaco en por lo menos 125 millones de pesos”.
¿Dónde estaba Fatala y demás funcionarios nacionales cuando todo esto ocurría? Imposible saberlo, ya que nadie hoy en el Congreso Nacional tuvo la ocurrencia de preguntárselo.
Christian Sanz
fuente: Tribuna
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