El silencio de los culpables. Por Adrián Ventura

Según las leyes, toda persona acusada de un delito tiene derecho a callarse o mentir para no autoincriminarse. Pero en política hay silencios que sugieren culpabilidad.

La agrupación Madres de Plaza de Mayo fue la que brindó al Gobierno su bandera de los derechos humanos; es la que maneja, a través de una fundación, millonarios fondos públicos para hacer obras, y es, también, la que está bajo sospecha de haber desviado, junto con Schoklender, una parte de esos dineros que terminó en manos de la firma Meldorek, de la que aquél es accionista y director titular.

Hasta ahora, sin embargo, las Madres no quisieron aclarar nada:

• La Unidad de Información Financiera (UIF) demoró un año en enviar su investigación al fiscal de Casación Raúl Plee, para que iniciara una causa penal. Apenas se decidió a hacerlo ayer, para evitar ser objeto de fuertes críticas durante la sesión del Senado, donde se aprobó una importante reforma de la ley antilavado que reclamaba el Grupo de Acción Financiera Internacional.

• Un abogado presentó otra denuncia ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi, para que se investigara si hubo desvío de fondos. El fiscal requerirá, pero la pesquisa implicará auditar todos los fondos que recibe Madres, por lo cual demorará en dar frutos.

• La Sindicatura General, violando su obligación, nunca transparentó aquel financiamiento.

• Además, Schoklender y las Madres tienen en su favor otra carta: como hasta ahora nadie investigó si incurrieron en defraudación, administración infiel u otro delito, no puede imputárseles el llamado delito "precedente", por lo cual nunca podrán ser condenados por lavado de dinero proveniente de ese delito. Sólo ayer el Congreso independizó la sanción del delito precedente de la del delito de lavado, pero esto nunca podría perjudicar retroactivamente a Schoklender. En suma, los vericuetos legales favorecen la impunidad.

Por eso, la decisión de las Madres de excluir del Espacio de la Memoria a varios periodistas que pretendían obtener algunas respuestas sólo alimenta la sensación de que se intenta ocultar algo turbio. La Corte Interamericana, la misma que siempre impulsó el castigo por los desaparecidos, también estableció que impedir el acceso de periodistas a fuentes públicas es censura. Sólo la ceguera política puede justificar que las Madres quieran censurar el derecho a la expresión, base de todo reclamo.

Fuente: La Nación