Y ECHEGARAY SIGUE EN SILENCIO
En tal sentido, en las últimas horas se precipitaron feroces internas entre el sindicato del personal aduanero (SUPARA) y la Aduana, debido al avance de la denuncia que este medio hizo contra diversos funcionarios públicos en el marco de la desaparición de dos millones de pesos dentro de esta última entidad.
A su vez, se supo que en las últimas horas se ventilaron las quejas de miembros del Centro de Despachantes de Aduana (CDA) por los altos retornos (coimas) a pagar en el Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, tópico que también ha denunciado este medio.
Las quejas fueron realizadas por los Despachantes de Aduana al subdirector de Asuntos Legales de esa dependencia, Pedro Roveda, y a los Jefes del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros, Edgardo Paolucci y Eugenio Olaverría, por las altas "tarifas" que se cobran para reducir los montos de las multas, pérdida de expedientes, retoques de resoluciones y/o dictámenes, dejar prescribir deliberadamente expedientes, transformar contrabando en infracciones, y dejar pasar libremente mercaderías por la "Sucursal" que dicho departamento posee en Ezeiza, etc.
Al no lograr el Centro de Despachantes de Aduana la remoción de los actuales "cajeros" de la dependencia aludida (léase Paolucci y Olaverria), los despachantes comunicaron masivamente un listado de reclamos ante el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray.
Lo cierto es que la situación se agrava día a día con el apriete y negociados de algunos funcionarios con expedientes administrativos vinculados a la desaparición de documentos respaldatorios de infracciones, dictámenes "a la carta", seguros de caución a empresas importadoras, "sumarios", entre otros desaguisados. Sumado a lo ya denunciado por Tribuna ante la justicia: se trata de la situación generada a partir del vaciamiento de la cuenta de honorarios de abogados de la aduana, con incierto destino, cuyos fondos hasta el 12 de agosto del 2011 ascendían a aproximadamente 3 millones de pesos y que han pasado a tener un saldo de menos de $400.000.
La diferencia, según fuentes oficiales de la AFIP, habría ido a parar, parte a la campaña política del Frente para la Victoria —tal como ocurrió en la Anses—, y parte a los bolsillos de los funcionarios del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros. ¿A dónde están los funcionarios de la Auditoría General de la Nación (AGN) u otros organismos de contralor frente a lo denunciado?
"Mediante una simple consulta al sistema que administra los expedientes administrativos de toda la AFIP, aquella área (Procedimientos Legales) registra unos 87 mil expedientes desaparecidos o se encuentran perdidos (...) las tarifas o coimas que se cobran para hacer 'desaparecer' estos expedientes van desde los 5.000 a los 500.000 dólares, de acuerdo a la gravedad de la infracción aduanera que se ventila", admitió una fuente de la Aduana.
Mientras esto ocurre, Echegaray no abandona su cómplice silencio. ¿Qué tan desvinculado está el titular de AFIP del escándalo aquí mencionado?
Aún no puede precisarse, aunque sí debe mencionarse que los desaguisados que este ha permitido en los últimos años ya comienzan a repercutir sobre su propia persona. Hoy martes, por caso, dará inicio el primer paro contra Echegaray por parte de los empleados de la Aduana y de la AFIP, debido a que ambos organismos han sido los únicos que no recibieron aumento salarial alguno durante este año.
Ese otro escándalo también fue anticipado por Tribuna hace varias semanas y es parte de la presentación judicial que hizo este medio oportunamente.
Más temprano o más tarde, los funcionarios aquí mencionados deberán dar las explicaciones del caso.
No es poco.
Christian Sanz
Fuente: Tribuna
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