Con la más estricta reserva, las autoridades de la Unidad de Información Financiera (UIF) se arrogaron la facultad de ordenar el pase al archivo de reportes de operaciones sospechosas (ROS) de lavado de activos, lo que derivó en el cajoneo de más de 1200 alertas recibidas durante el último año y medio. Lo hicieron sin respetar criterios previos de selección y análisis, confirmaron a LA NACION tres informantes que trabajan o trabajaron en el organismo.
La decisión de José Sbattella y Gabriel Cuomo, aún vigente, se plasmó en una resolución secreta, que, según las fuentes, lleva el número 81/2010. La firmaron durante el segundo trimestre del año pasado, a pesar de las objeciones que la iniciativa tuvo incluso dentro de la unidad, donde llegó a plantearse que la decisión reformaba las pautas impuestas por ley y era, por lo tanto, inconstitucional. Además, se planteó que alentaba las suspicacias de quienes podrían verla como otra medida para favorecer a aliados del Gobierno con el cajoneo de reportes incómodos.
Sbattella y Cuomo desoyeron las objeciones y avanzaron con la resolución junto con su círculo más íntimo de colaboradores. Entre ellos están la directora de Asuntos Jurídicos, Mariana Quevedo, la entonces asesora y actual consejera de la Unidad -en teoría en representación de la Sedronar-, Laura Gómez, y el secretario general del organismo, Federico Denegri.
El archivo de reportes se multiplicó de manera exponencial desde entonces: en un año y medio hubo el doble de alertas desestimada que en la sumatoria de los ocho años precedentes.
Así, más de 1200 reportes pasaron a lo que se conoce como "guarda activa", mientras que todos los ROS recibidos sobre posibles operaciones de lavado de activos llegan a las manos de Denegri, que los gira a Cuomo -el número dos de la UIF-, que determina de manera discrecional si cada reporte se investiga o se paraliza.
El ritmo anual de cajoneo se quintuplicó, pero podría justificarse en la sobrecarga de trabajo y la necesidad de optimizar los escasos recursos de la UIF, concentrándolos sólo en los "peces grandes", indicó su primera titular, Alicia López, ante la consulta de LA NACION. "Pero eso debería hacerse con criterios prefijados por una ley, no por una resolución secreta que podría permitir que «pasen de largo» algunos expedientes incómodos", alertó la ex funcionaria.
LA NACION intentó consultar a Sbattella sobre la resolución 81/2010 y sus facultades discrecionales, pero no respondió las llamadas que dejó a su vocero y a su secretaria privada. Pero los datos estadísticos difundidos por la Unidad en su página de Internet exponen el altísimo incremento de expedientes archivados por año. Así, pasó de 95 durante 2008 y de 254 en 2009 -los últimos dos años de la gestión de Rosa Falduto-, a 1098 durante 2010, el primer año de Sbattella y otros 102 sólo durante el primer trimestre de 2011.
Un segundo ex alto funcionario de la UIF, que acompañó a Falduto durante toda su gestión, también consideró que podría ser "lógica" la decisión de archivar los ROS que emiten los bancos para descubrir una posible acción de lavado de dinero. Sería sólo ante lo que definió como "sobrecarga" del organismo -en particular, ante el incremento sustancial de sujetos obligados a reportar tras las distintas reformas normativas-. Pero destacó tres condiciones previas para que eso ocurra: "Todos los expedientes deben pasar antes por el área de Asuntos Jurídicos; no puede ser algo discrecional, que definan sólo los jefes de la Unidad, y debe apoyarse en criterios objetivos y preestablecidos de qué se debe archivar y por qué motivo".
Hasta la resolución 81/2010, la UIF se apoyaba en los artículos 21 y 19 de la ley 25.246 para descartar o confirmar el carácter sospechoso de una operación. Y eso, a su vez, se sustentaba en los informes técnicos de los expertos de la Dirección de Análisis de la UIF y el posterior control de legalidad de Asuntos Jurídicos. Sin embargo, todo eso quedó atrás, hasta tal punto que los 1200 reportes archivados en los últimos meses no pasaron por el área jurídica del organismo.
"Si bien las opiniones del área de Jurídicos no es vinculante para las autoridades de la UIF, legalmente no pueden omitir su intervención. Eso es algo imperativo", planteó un informante a LA NACION, que insistió en el carácter "discrecional" que adoptaron las investigaciones desde entonces, que -añadió- incluyen órdenes de "hacer mierda" a ciertos empresarios y "no joder" a algunos sujetos reportados.
SIN PUBLICAR
Pese a reformar la metodología de la UIF, además, la resolución 81/2010 no fue publicada en el Boletín Oficial, ni tampoco figura en la página de Internet de la Unidad. Pero les permitió a las autoridades disponer del archivo prematuro y cerrar investigaciones potencialmente explosivas, según reconstruyó LA NACION.
La propia decisión de no publicar esa resolución en el Boletín Oficial abrió un segundo frente de tormenta dentro de la UIF, donde los críticos la consideraron ilegal y arbitraria. El argumento de Sbattella, y en particular de Cuomo, fue que sólo se trataba de una norma de organización interna sin interés público, por lo que tampoco se subió al sitio web oficial.
Según López, una orden así no registra precedentes en la UIF. "No es normal. Primero deberían fijar montos mínimos para investigar, operatorias, lugares, personas y actividades de riesgo, y todo eso por ley, y además disponer, por ejemplo, que las operaciones que podrían configurar más una evasión tributaria más que lavado, primero lo revise la AFIP [por la Administración Federal de Ingresos Públicos] y sólo luego la UIF", argumentó.
La orden secreta fijaría ciertos montos mínimos para dar luz verde a una investigación. Pero también impuso que antes de abrirse una pesquisa debe cotejarse si en la base de datos de la Dirección de Análisis de la UIF, bajo el mando de Ana Helbardt, se registran antecedentes sobre la persona o empresa reportada.
Así, si se tratara del primer alerta, sólo se incorporaría a la base para su inmediato pase al archivo..
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