La Argentina parece ser dueña de una corrupción estructural y permanente: no importa quién gobierne, en todas las gestiones hubo resonantes casos de corrupción y casi el ciento por ciento de ellos quedaron impunes.
Narcogate , valijagate, corporaciones beneficiadas con licitaciones, pactos ocultos, contrabando de armas, escándalos o denuncias de coimas en el Senado o en la Cámara de Diputados. Todos son episodios de una película argentina que se repite, no importa que gobiernen conservadores, militares, radicales, menemistas o kirchneristas.
En todos los países hay corrupción -en distinto grado-, pero no en todos hay impunidad permanente. En el nuestro, la corrupción y la impunidad son socias.
¿Qué es más grave? ¿Que haya funcionarios dispuestos a entrar en negocios turbios y apropiarse del dinero que debería ir a educación, escuelas o caminos? ¿O que haya jueces, fiscales e investigadores dispuestos a tolerarlo e, incluso, en ciertos casos, a asociarse a esas ganancias?
Se podría explicar la corrupción de tal o cual gobierno por la simple coincidencia de que, en un determinado período, hayan asumido el poder un nutrido puñado de hombres corruptos. Muchos Jaime o muchas María Julia explicarían la pluralidad de escándalos. Pero la subsistencia de este flagelo a través de largos períodos históricos sólo se explicaría por la impunidad sostenida y, en el peor de los casos, por la connivencia.
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Las encuestas sobre corrupción dicen mucho sobre las expectativas que la gente tiene frente a cada nueva gestión de gobierno, sobre la habilidad de ilusionistas que despliegan los dirigentes para disimular sus desaguisados y sobre el repentino interés que los ciudadanos sienten de mirar las entrañas de un gobierno tan pronto como se desilusionan de su gestión.
Pero quedarse con ilusiones y desilusiones no sirve para encontrar soluciones. Un organismo internacional, el Grupo de Acción Financiera, acaba de dictaminar que la Argentina padece de muy serias deficiencias estructurales que favorecen el lavado de dinero. No es necesario que otros organismos nos adviertan que las policías, la Justicia y los miles de organismos públicos de auditoría padecen de deficiencias similares. Lo que falta es voluntad de buscar soluciones serias.
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