Es llamativa la pasividad con que se asiste al reiterado asesinato de efectivos de las fuerzas policiales
SI se hubiera dicho en el pasado que alguna vez la Argentina -la Argentina de tiempos de paz, por así llamarlos- asistiría sin mayor conmoción e indignación públicas a los asesinatos periódicos de policías de que informa la prensa, la primera reacción, comprensiva de cualquier otra, habría sido de estupor.
Las reacciones anestesiadas, con las cuales se observa la permanente reiteración de aquellos graves sucesos, reflejan la desmedrada plenitud del sistema institucional argentino y el estado de frágil entereza de la moral colectiva. Ponen de relieve las fracturas que neutralizan la capacidad de respuesta general ante hechos que desafían lo esencial de la razón de ser del Estado, que es la protección de los habitantes, tanto física como jurídica. Demuestran una alarmante irresponsabilidad, compartida por los gobernantes y por la oposición, que debería fiscalizar sus actos y no lo hace con el vigor que demanda aquel cuadro de cosas, y por amplias franjas de la opinión pública que dejan pasar, sin mayor registro recriminatorio, crímenes que prenuncian la agudización de males que afectan a todos.
Frente a corrientes de moda, que erosionan el significado de las fuerzas policiales y de seguridad, y tienden a paralizarlas en el cometido de sus funciones, es hora de oponer los principios que han justificado desde siempre en el mundo la necesidad de arbitrar medios institucionales de defensa del orden interno y de los derechos soberanos del país. Es curioso que aquellas corrientes hayan sido muchas veces estimuladas por tendencias políticas comprometidas con la memoria de aventureros internacionales y regímenes despóticos, como lo fueron el de la Unión Soviética y la China de Mao y lo sigue siendo hoy, con pobre trascendencia continental, al menos en comparación con Venezuela, la vapuleada isla de la familia Castro.
Como si fuera escaso el virtual desarme moral en que se ha pretendido colocar desde hace años a las fuerzas policiales -en particular, a las policías Federal y de Buenos Aires-, es llamativa la pasividad con la que se asiste al reiterado asesinato de sus efectivos.
A raíz del gravísimo intento de asalto de un camión blindado que transportaba 20 millones de pesos, en el que murieron dos policías, hubo quejas policiales por la pobreza del armamento de que se dispone en relación con el arsenal utilizado por los delincuentes en episodios como aquél. Ha llegado el momento de que se constituya una comisión investigadora del Congreso de la Nación para que haga saber si ese virtual estado de indefensión es de la importancia que se denuncia y proponga las soluciones pertinentes. Una indagación más profunda debe estar dirigida a responder si las fuerzas policiales se encuentran respaldadas por el suficiente compromiso moral con ellas de la dirigencia política argentina. También debe examinarse la conducta de la Justicia y la laxitud de algunas normas legales.
Es frecuente tomar nota de quejas ciudadanas sobre la inacción de policías respecto de delitos que se cometen bajo sus propias narices en la vía pública. Es frecuente, también, que muchos ciudadanos razonen que, si la policía no actúa con suficiente diligencia ante hechos delictivos, es porque la abruma el riesgo de que sea ella misma, y no los delincuentes, la que termine procesada, cuando no entre rejas.
Según algunas estadísticas, los policías muertos en manos del hampa no siempre se encontraban en servicios prestados a la institución a la que pertenecen sino a empresas privadas de seguridad. No se alcanza a comprender la seriedad de esa insinuación. Si hoy se desempeñan en el territorio argentino mucho más de cien mil efectivos que revistan en organizaciones privadas es porque el Estado ha defeccionado, de forma alarmante, en la misión indelegable que debería cumplir a favor de la seguridad pública e individual.
Al cabo de casi treinta años de democracia, los políticos deben trazarse objetivos más claros y con ánimo más resuelto sobre el lugar que corresponde dar en la sociedad a la policía. Poco o nada tienen que inventar, porque está previsto en la Constitución y en las leyes que de ella se derivan. Deberían mirarse a sí mismos y responder si mucho de lo peor que se imputa, por ejemplo en el Gran Buenos Aires, al accionar policial no lo ha sido como consecuencia de un siniestro maridaje entre política provincial y local y policía.
La represión del delito es un acto indispensable del Estado, que para eso está. Lo del "gatillo fácil", comprobado en lamentables episodios, concluye siendo una frase efectista, hueca y por completo hipócrita si de lo que se trata es de dejar a la ciudadanía a merced de la delincuencia. Lo que la policía debe hacer ante el delito es actuar con medios racionales, y no con cualquier medio, a fin de impedirlo o repelerlo, y eso, en buena ley, se llama represión.
Un instinto último de preservación ha llevado siempre al final a las sociedades a reaccionar de cualquier modo cuando toman conciencia de que está en juego su propia existencia. En ese momento, el péndulo tiende a saltar sin términos medios de un extremo a otro. Es lo que debe evitarse con sabiduría. De igual modo que corresponde aventar la absurda neutralidad con la cual se agravan, día tras día, las manifestaciones de violencia y delito.
Agentes policiales y soldados, contados por miles, debieron ocupar días atrás las favelas de Río de Janeiro, controladas por narcotraficantes. Nadie dirá que el presidente Luiz Inacio Lula da Silva es un dictadorzuelo de derechas porque ordenó la represión.
El penoso ejemplo de vastos sectores de la población dominados por el narcoterrorismo constituye un cuadro que debería llamarnos la atención sobre nuestro propio futuro. Droga y delito son acápites de un fenómeno en peligroso aumento en la Argentina y se convierten en una cuestión de defensa nacional.
Debemos estimular y exigirles la más competente preparación profesional a las fuerzas policiales y de seguridad y a las Fuerzas Armadas, además de rodearlas de la consideración ciudadana que se merecen, comenzando por nuestro interés en la configuración de sus cuadros y por los incentivos indispensables para esperar de ellos lo mejor. De lo contrario seremos parte de una sociedad suicida.
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