CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). Cuando en junio de 2006 se creó el Observatorio Nacional del Delito en Colombia, se explicó que su finalidad era proporcionar "más inteligencia y menos emociones a la lucha contra el crimen", y que sin información era imposible definir una política criminal efectiva.
En teoría, similar objetivos tuvieron quienes impulsaron una iniciativa similar en la Argentina, en noviembre de 2010.
Impulsado por el Acuerdo para la Seguridad Democrática (ASD), y con el apoyo de legisladores nacionales se presentó el proyecto para crear, por una legislación específica, el Observatorio Nacional del Delito y la Violencia.
La iniciativa fue presentada por
> el autor del proyecto, León Carlos Arslanián, ex ministro de Justicia de la Nación, ex ministro de Seguridad bonaerense, reformador de la Policía Bonaerense -primero para Eduardo Duhalde y luego para Felipe Solá-,
> Alejandro Mosquera (Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires, por el ASD; ex secretario general de la Federación Juvenil Comunista; ex legislador por el ex Frepaso), y
> Horacio Verbitsky (CELS, ex Organización Montoneros, al igual que la defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alicia Pierini, también presente), entre otros.
En la red de relaciones del ASD destaca Alberto Binder (presidente del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia); y legisladores tales como Diana Conti (Frente para la Victoria), Mónica Fein(PS), Alicia Comelli (Movimiento Popular Neuquino), Eduardo Macaluse (Bloque SI), Felipe Solá(Peronismo Federal), Margarita Stolbizer (GEN), y Fernanda Gil Lozano (Coalición Cívica).
Por cierto que es interesante de desatacar que Arslanián, tan cercano a Duhalde en su momento, termina detrás del proyecto de seguridad de Cristina Fernández.
El observatorio será una entidad de carácter técnico con autonomía funcional, técnica y de gestión, y autarquía financiera. Responsable del Sistema Unificado de Información y Análisis del Delito y la Violencia, organismo descentralizado en el ámbito de lo que era el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación.
Pero ahora es el Ministerio de Seguridad, a cargo de Nilda Garré.
Y el próximo objetivo es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por ahora todavía con Julio Alak, que no integra este enfoque transversal.
El antecedente esta iniciativa fueron los 10 puntos del Acuerdo para la Seguridad Democrática, de diciembre de 2009 ("Las respuestas estatales autoritarias e ineficientes frente al delito y la fuerte dosis de exclusión y violencia que domina el debate público y orienta muchas de las acciones del Estado en la materia, exigen una discusión abierta y pluralista, capaz de alcanzar acuerdos básicos sobre políticas democráticas de seguridad que atiendan las legítimas demandas de la sociedad. Esta situación exige instituciones de seguridad comprometidas con valores democráticos y el rechazo a políticas demagógicas e improvisadas, dirigidas a generar expectativas sociales en la eficacia de medidas abusivas que sólo agravan el problema y reproducen la violencia. (...)".
De acuerdo a algunos análisis, detrás de la Seguridad Democrática hay un proyecto político concreto, a partir de la iniciativa: reagrupar la transversalidad, algo que, en definitiva, es la organización no explicitada del Cristinismo como etapa superadora del kirchnerismo, o sea el poskichnerismo.
Por ejemplo, una ex transversal como Victoria Donda (Libres del Sur), "(...) Las autoridades legítimamente elegidas debemos tomar el tema, construir consensos a mediano y largo plazo, y poner en marcha las herramientas que hemos constituido para el control civil de todas las fuerzas de seguridad. Un dato de la realidad es que el Congreso de la Nación, teniendo desde 1992 una Ley de Seguridad Interior que habilita la constitución de una comisión bicameral de seguimiento y control, jamás la ha constituido. Esto demuestra que desde estos órganos de gobierno no sólo no se han dado respuestas efectivas, sino que manifiestan una permisividad institucional al uso abusivo de la fuerza por estas corporaciones policiales y a su autocontrol, junto con el desinterés de los poderes del Estado por reformar las fuerzas de seguridad bajo nuevos paradigmas de la democracia.
(...) La seguridad resulta un problema complejo y que necesita soluciones integrales: inserción social, una fuerza de seguridad y una Justicia eficientes, participación ciudadana y decisión política de los gobernantes para generar políticas públicas adecuadas. Desde el espacio del Acuerdo por la Seguridad Democrática estamos debatiendo iniciativas en ese sentido, y desde la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, en particular, estamos comprometidos con este tema, tendiendo puentes de trabajo con distintos actores de la sociedad civil, otras instituciones e incluso otras comisiones del Congreso. (...)".
Para Verbitsky, la seguridad “es una cuestión demasiado seria como para que quede exclusivamente en manos de la policía, la justicia o el servicio penitenciario; el conjunto de la sociedad debe hacerse cargo”.
Para Arslanian, quien apoyó el desempeño de Cristina Fernández en el contexto de la ocupación ilegal del Parque Indoamericano, hoy día "no es posible definir la eficacia de las agencias del Estado que intervienen en temas de seguridad". Y trabaja con ese objetivo.
Ambos, Verbitsky y Arslanián, a través de Alberto Binder (presidente del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia), resultan el soporte político-técnico que tiene Nilda Garré en el inicio de su gestión.
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Videos
http://www.youtube.com/watch?v=UnyHaqfjIHE
http://www.youtube.com/watch?v=_lTKtg9klMo
En teoría, similar objetivos tuvieron quienes impulsaron una iniciativa similar en la Argentina, en noviembre de 2010.
Impulsado por el Acuerdo para la Seguridad Democrática (ASD), y con el apoyo de legisladores nacionales se presentó el proyecto para crear, por una legislación específica, el Observatorio Nacional del Delito y la Violencia.
La iniciativa fue presentada por
> el autor del proyecto, León Carlos Arslanián, ex ministro de Justicia de la Nación, ex ministro de Seguridad bonaerense, reformador de la Policía Bonaerense -primero para Eduardo Duhalde y luego para Felipe Solá-,
> Alejandro Mosquera (Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires, por el ASD; ex secretario general de la Federación Juvenil Comunista; ex legislador por el ex Frepaso), y
> Horacio Verbitsky (CELS, ex Organización Montoneros, al igual que la defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alicia Pierini, también presente), entre otros.
En la red de relaciones del ASD destaca Alberto Binder (presidente del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia); y legisladores tales como Diana Conti (Frente para la Victoria), Mónica Fein(PS), Alicia Comelli (Movimiento Popular Neuquino), Eduardo Macaluse (Bloque SI), Felipe Solá(Peronismo Federal), Margarita Stolbizer (GEN), y Fernanda Gil Lozano (Coalición Cívica).
Por cierto que es interesante de desatacar que Arslanián, tan cercano a Duhalde en su momento, termina detrás del proyecto de seguridad de Cristina Fernández.
El observatorio será una entidad de carácter técnico con autonomía funcional, técnica y de gestión, y autarquía financiera. Responsable del Sistema Unificado de Información y Análisis del Delito y la Violencia, organismo descentralizado en el ámbito de lo que era el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación.
Pero ahora es el Ministerio de Seguridad, a cargo de Nilda Garré.
Y el próximo objetivo es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por ahora todavía con Julio Alak, que no integra este enfoque transversal.
El antecedente esta iniciativa fueron los 10 puntos del Acuerdo para la Seguridad Democrática, de diciembre de 2009 ("Las respuestas estatales autoritarias e ineficientes frente al delito y la fuerte dosis de exclusión y violencia que domina el debate público y orienta muchas de las acciones del Estado en la materia, exigen una discusión abierta y pluralista, capaz de alcanzar acuerdos básicos sobre políticas democráticas de seguridad que atiendan las legítimas demandas de la sociedad. Esta situación exige instituciones de seguridad comprometidas con valores democráticos y el rechazo a políticas demagógicas e improvisadas, dirigidas a generar expectativas sociales en la eficacia de medidas abusivas que sólo agravan el problema y reproducen la violencia. (...)".
De acuerdo a algunos análisis, detrás de la Seguridad Democrática hay un proyecto político concreto, a partir de la iniciativa: reagrupar la transversalidad, algo que, en definitiva, es la organización no explicitada del Cristinismo como etapa superadora del kirchnerismo, o sea el poskichnerismo.
Por ejemplo, una ex transversal como Victoria Donda (Libres del Sur), "(...) Las autoridades legítimamente elegidas debemos tomar el tema, construir consensos a mediano y largo plazo, y poner en marcha las herramientas que hemos constituido para el control civil de todas las fuerzas de seguridad. Un dato de la realidad es que el Congreso de la Nación, teniendo desde 1992 una Ley de Seguridad Interior que habilita la constitución de una comisión bicameral de seguimiento y control, jamás la ha constituido. Esto demuestra que desde estos órganos de gobierno no sólo no se han dado respuestas efectivas, sino que manifiestan una permisividad institucional al uso abusivo de la fuerza por estas corporaciones policiales y a su autocontrol, junto con el desinterés de los poderes del Estado por reformar las fuerzas de seguridad bajo nuevos paradigmas de la democracia.
(...) La seguridad resulta un problema complejo y que necesita soluciones integrales: inserción social, una fuerza de seguridad y una Justicia eficientes, participación ciudadana y decisión política de los gobernantes para generar políticas públicas adecuadas. Desde el espacio del Acuerdo por la Seguridad Democrática estamos debatiendo iniciativas en ese sentido, y desde la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, en particular, estamos comprometidos con este tema, tendiendo puentes de trabajo con distintos actores de la sociedad civil, otras instituciones e incluso otras comisiones del Congreso. (...)".
Para Verbitsky, la seguridad “es una cuestión demasiado seria como para que quede exclusivamente en manos de la policía, la justicia o el servicio penitenciario; el conjunto de la sociedad debe hacerse cargo”.
Para Arslanian, quien apoyó el desempeño de Cristina Fernández en el contexto de la ocupación ilegal del Parque Indoamericano, hoy día "no es posible definir la eficacia de las agencias del Estado que intervienen en temas de seguridad". Y trabaja con ese objetivo.
Ambos, Verbitsky y Arslanián, a través de Alberto Binder (presidente del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia), resultan el soporte político-técnico que tiene Nilda Garré en el inicio de su gestión.
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http://www.youtube.com/watch?v=UnyHaqfjIHE
http://www.youtube.com/watch?v=_lTKtg9klMo
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