CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). La inflación provoca pauperización en la clase media y marginalidad en la clase baja. Pero no se habla del impacto social de la inflación, tan responsable como la imprevisión de los gobernantes de la crisis en la zona sur de la Ciudad. El gobierno de Cristina se niega a debatir las causas del incremento de la problemática social en una economía de tan fuerte crecimiento relativo.
Luego, el crimen organizado, que tiene presencia ante la ausencia del Estado. Hay bandas de narcotraficantes instaladas en la zona sur porque conocen del poco Estado, en especial de la seguridad pública. Además, mucho clientelismo no es más Estado. El clientelismo es el suicidio de la legitimidad de la autoridad representativa.
Entonces, inflación y ausencia social del Estado debería provocar más acontecimientos similares a los que padeció una parte de la sociedad argentina. No hay más conspiración que de Cristina contra sí misma.
Entonces, inflación y ausencia social del Estado debería provocar más acontecimientos similares a los que padeció una parte de la sociedad argentina. No hay más conspiración que de Cristina contra sí misma.
Realizadas estas aclaraciones imprescindibles, algunos recortes dominicales.
Marisa Álvarez en el diario platense El Día: La ocupación de predios comenzó en provincia de Buenos Aires, y ahora saltó sobre Ciudad de Buenos Aires.
"(...) La compleja realidad social, que tiene como emergente la radicación de nuevas villas y barrios aún más precarios que aquellas, no constituye, como se dijo, una situación excepcional en la Provincia. No son, por cierto, una novedad para los políticos -en particular del peronismo, que gobierna casi todos los municipios del área metropolitana- ni los episodios porteños fueron para ellos una sorpresa por sí mismos, aunque sí los espantaron las batallas campales que se sucedieron allí.
La "movilidad geográfica" -y el crecimiento, en rigor- de los sectores extremadamente carenciados, y de su mano la creación de asentamientos, se ha multiplicado en los últimos años en la Provincia, con una característica "política" saliente. Hasta ahora, los intendentes y las autoridades provinciales que pudieran tener responsabilidad en evitar usurpaciones, comenzando por las judiciales, han consentido abiertamente esas situaciones. Y también ha resultado "común" que punteros y aún dirigentes políticos, mayoritariamente vinculados al propio oficialismo o a sectores del PJ distintos del que gobierna, incentiven las nuevas localizaciones.
El gobierno provincial, en tanto, ha seguido, en líneas generales, la política de facilitar las reubicaciones de los asentamientos en los pocos casos de desalojo que la Justicia ha ordenado, sobre todo si las tierras "liberadas" pertenecían al Estado.
(...) En los últimos meses hubo en La Plata varias situaciones en las que los vecinos formaron cordones y montaron guardias, dispuestos a no dejar pasar a quienes buscaban instalarse en terrenos linderos a sus barrios, y si finalmente no hubo choques fue porque éstos últimos desistieron de acceder a los predios que habían "elegido". En pos de expresar su rechazo, los vecinos ya instalados en la zona con frecuencia se han plegado, además, al recurso de las acciones ilegales, armando piquetes y cortando el tránsito durante días y semanas en calles y avenidas clave del área "amenazada" por una usurpación y un nuevo asentamiento.
De la chispa al incendio
Es sobre esta realidad bonaerense que "estalló" la capital federal con la usurpación del Parque Indoamericano y el violentísimo rechazo vecinal, configurando un escenario de guerra de piedras, palos y balas y un accionar gubernamental tan deficiente que ni siquiera se sabe si el saldo fatal son tres o cuatro muertos ni quién los mató.
A la toma del Indoamericano, como se sabe, sobrevinieron otras ocupaciones en la zona sur de la capital federal. Y la Provincia se cubrió de inquietud cuando se produjo la toma de los terrenos de una fábrica en Quilmes. Trascendidos confiables indican que en ese mismo distrito se concretaron luego otros asentamientos y que hubo "movimientos" también en otros municipios que no llegaron a los medios masivos de comunicación. (...)".
Eduardo van der Kooy en el diario Clarín: Cristina Fernández salió peor parada que Mauricio Macri de la ocupación del Parque Indoamericano y sus consecuencias.
"(...) Dos trabajos de opinión pública acerca de la valoración de los ciudadanos de la Capital sobre el conflicto. Esos números permitieron comprobar que el gobierno de Cristina no aparecía bien parado.
El 64% de los porteños sostuvo que la Policía Federal debió evitar el estallido del conflicto.
El 24,4% afirmó que, una vez producido, la Policía debió actuar para producir el desalojo del Parque Indoamericano. Sólo el 3,1% sostenía la neutralidad policial. En esa actitud, luego de las dos primeras muertes, había quedado encallada Cristina.
La valoración sobre las responsabilidades políticas tampoco resultaron alentadoras. Es cierto que el 47% opinó que las culpas eran compartidas entre Cristina y Macri. Pero fuera de ese conglomerado, el 35% apuntó contra el Gobierno nacional y sólo el 16%, contra el porteño.
El acuerdo, entonces, fue la resultante inevitable del desacomodo en que había quedado la administración kirchnerista. Ese acuerdo primario, basado en una promesa vaga de construcción de viviendas para los ocupantes del parque, podría estar demostrando dos cosas: la necesidad que tenían Cristina y Macri de abandonar el encierro y cierta labilidad también del movimiento de protesta, donde las necesidades habrían estado acicateadas por la política, la mafia inmobiliaria y las bandas de narcotraficantes.
De otro modo resultaría difícil explicar que aquellos ocupantes que llegaron con determinación al Indoamericano, se retiraron con rapidez y mansedumbre ante la primer oferta.
El peligro, sin embargo, no desapareció. Según informes de inteligencia, la ocupación habría sido inducida por bandas decididas a convertir el Sur porteño en una gigantesca favela.
En cada uno de sus extremos, el Parque Indoamericano limita con dos importantes villas miserias. De una de ellas habría salido mucha gente que participó de la ocupación una vez que el predio había sido tomado por inmigrantes despachados desde La Matanza.
Aquellas mismas investigaciones tendrían la lupa colocada sobre un grupo liderado por un ciudadano peruano, antiguo militante en su país de la guerrilla de Sendero Luminoso. Ese movimiento fue financiado en sus últimos años de existencia por el narcotráfico.
Las escenas de la Policía Federal haciendo, con poca aptitud profesional, el intento fracasado de desalojo en Villa Soldati colmaron los nervios de Cristina. Ese detonante la impulsó a crear el Ministerio de Seguridad y a asumir un problema al cual Kirchner siempre le había sacado el cuerpo.
La medida repentina y la improvisación quedaron grabadas en dos hechos: Nilda Garré, la nueva ministra, se enteró apenas una hora antes del anuncio presidencial; la incertidumbre era tal que Héctor Timerman y Aníbal Fernández jugaron una apuesta por una importante suma de dinero acerca de lo que podía ocurrir. Por eso el canciller festejó como en una cancha cuando escuchó a la Presidenta mientras al jefe de Gabinete se le desencuadraba el rostro.
El peronismo también está dispuesto a husmear los pasos de Garré. La ministra tiene, sin dudas, una abundante historia en el peronismo pero, casi nunca , ligada a las corrientes tradicionales. Su relación con el fallecido caudillo catamarqueño, Vicente Leónidas Saadi, sería quizás una excepción.
Garré parecería dispuesta a obrar con la Policía Federal de la misma manera que lo hizo con las Fuerzas Armadas, sobre todo el Ejército. Allí ejecutó una purga profunda privilegiando a los oficiales jóvenes sin lazos personales ni familiares con la dictadura. Y modificó una tradición: los oficiales de más alto rango, en su mayoría, comenzaron a surgir del área de Inteligencia.
Cinco de los ochos ascensos propuestos a generales pertenecen a esa área. Entre ellos César Milani, el general al cual Garré pretende encumbrar en la jefatura del Ejército.
Las primeras pinceladas que la ministra acaba dar en la Federal señalarían un derrotero similar. El comisario Enrique Capdevila es un agente que recorrió todo el espinel profesional. Su segundo, Alejandro Di Nizo, dedicó la mayor parte de su tiempo a tareas de inteligencia. Los contextos, sin embargo, difieren. Garré pudo trabajar sin grandes traumas sobre unas Fuerzas Armadas en repligue. La Federal es una fuerza de 52 mil agentes en actividad plena, en una instancia donde la inseguridad figura al tope de las preocupaciones populares.
Hay otros enigmas que sólo el tiempo dirá cómo se resuelven. Una política integral de seguridad requeriría, al menos, de una misma sintonía entre las policías más poderosas del país: la Federal y la Bonaerense. Esos son los territorios principales del delito. La gran depuración en la Bonaerense fue ejecutada en su época por León Arslanián.
Scioli, primero con Carlos Stornelli y ahora con el ministro Ricardo Casal, se mostró proclive a evitar remezones que le causaran focos de conflicto.
Aníbal Fernández, en la jefatura de Gabinete, Interior o Justicia, tuvo con la Federal una política más a tono con la de Scioli y la Bonaerense que con la que estaría proponiendo ahora Garré.
Aníbal Fernández no lo hizo en soledad: fue siempre apañado por Kirchner , inclinado a no sacudir ninguna alfombra si no había una acechanza extrema.
Las diferencias políticas se entrelazarían, en este caso, con las diferencias personales. La disputa entre Aníbal Fernández y Garré es añeja. Se remonta a cuando la mujer llegó en el 2007 al Ministerio de Defensa: en ese tiempo acusó al jefe de Gabinete de intentar boicotearla con un espionaje realizado por el entonces jefe de Inteligencia del Ejército, Osvaldo Montero.
De ese espionaje, la ahora ministra de Seguridad se habría percatado por infidencias de la SIDE. En especial, a través de uno de sus directores, Fernando Pocino. Garré ha tenido siempre debilidad por los papeles de inteligencia. (...)".
Horacio Verbitsky en el diario Página/12: Los transversales 2010 no cometerán los errores de Héctor J. Cámpara 1973.
"(...) No es un dato menor que la Presidente haya designado a Nilda Garré, quien mostró que era posible actuar ante las Fuerzas Armadas como representante de la voluntad popular, y no a la inversa.
Tampoco puede atribuirse al azar que la Presidente y su ministra hayan escogido para la Secretaría de Gestión Operativa a Cristina Caamaño, la fiscal que impulsó el allanamiento al Departamento de Policía para secuestrar las modulaciones del Comando Radioeléctrico el último día de la breve vida de Mariano Ferreyra.
De allí surge una de las puntas de la investigación. Luego del asesinato, el Comando Radioeléctrico ordenó identificar y detener a sus autores, mandato que el personal en el lugar no cumplió y del que ninguno de los interlocutores volvió a hablar.
En junio de 1973 el entonces joven ministro del Interior de Héctor Cámpora pronunció un mensaje enaltecedor ante los mandos policiales, con una explicación impecable sobre la conducta que se espera de ellos ante los reclamos populares, diferente en una dictadura y en un gobierno popular. Pero luego Esteban Righi no pudo adoptar las medidas de depuración imprescindibles para que ese discurso se hiciera realidad, ya que por encima de Cámpora, la voluntad superior de Perón ataba sus manos.
Sin perder un minuto, los jerarcas azules se plegaron a los planes golpistas que cuajarían en Ezeiza pocos días después.
Ni Garré ni Caamaño tienen aquella restricción que paralizó a Righi, porque fue CFK quien decidió lo que se necesitaba hacer.
(...) La policía es una parte del problema, pero no todo el problema, y debe convertirse en una parte de la solución. Por eso, para enfrentar desde el ministerio a la criminalidad organizada, Garré designó a un policía de investigaciones que acaba de pedir su pase a retiro luego de esclarecer, contra la voluntad de sus camaradas, un homicidio que durante muchos años parecía insoluble. Cristina se reunió con el investigador y sugirió su nombre a Garré.
(...) Las versiones acerca de la presunta influencia del ex ministro Carlos Arslanian, de Marcelo Saín o del CELS, corren por cuenta de quienes las propalan. (...)
Pero no fue la policía, sino ese sector de la dirigencia política que ya sólo puede acceder a la escena con estrépito y a golpes, el que procuró repetir la escalada de ocupaciones que en 1973 preparó el relevo del presidente Héctor Cámpora y preanunció las algaradas que desplazaron a otros mandatarios electos por el voto popular.
En Alberto Martínez Baca, Ricardo Obregón Cano, Miguel Ragone, Oscar Bidegain y Jorge Cepernic se probó entonces la medicina que tres décadas más tarde fueron obligados a tomar De la Rúa y Adolfo Rodríguez Saá.
Sólo así se encaramó el ex senador Eduardo Duhalde en el sitio que la voluntad popular le rehusó y al que ahora intenta regresar.
Horas antes de que comenzaran las ocupaciones dijo desde Estados Unidos que se vivía un estado de preanarquía y que sólo él podía reimplantar el orden. Después de las tres muertes en el Parque, agregó: “Sin reprimir”. Curiosa relectura del único peronista que no pudo terminar su mandato desde 1983, debido a los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán.
Esos crímenes no fueron consecuencia necesaria de la crisis de fin de siglo, sino de la amenaza de impedir por la fuerza cualquier piquete, propósito que su Secretario de Informaciones Carlos Soria y su ministro de Justicia Jorge Vanidosi atribuyeron a un “plan subversivo”. (...)".
Joaquín Morales Solá en el diario La Nación: el Parque Indoamericano le provocó a Cristina un derrumbe de 20 puntos en su imagen positiva en la Ciudad. En tanto crecieron, según algunas encuestas, Mauricio Macri y Eduardo Duhalde.
"(...) El último martes de fuego, poco antes de que el gobierno nacional hiciera su enésima rectificación, en la Capital había 47 amenazas de ocupaciones ilegales en terrenos públicos o privados. Ya dos supermercados habían sido asaltados por grupos violentos en territorio porteño. Sólo entonces el Gobierno ordenó la movilización de la Gendarmería y la Prefectura.
Hasta anteayer, varios intendentes del conurbano recibían reiteradas advertencias de nuevas ocupaciones o de asaltos a comercios. Los pronósticos fallaban en la mayoría de los casos. Esperamos que algo suceda en las vísperas de las Fiestas, dijo uno de los intendentes. ¿Información o percepción? Percepción, respondió, lacónico.
La mirada conspirativa del Gobierno contribuye a ampliar la mancha del estallido. La administración anuncia todos los días una nueva conspiración que sublevaría a los pobres; los propios seguidores del kirchnerismo se afanan luego para hacer realidad la profecía. ¿No es eso lo que terminó confesando Luis D'Elía cuando dijo que él mismo inundó de gente el parque Indoamericano para evitar un complot contra el Gobierno? Eran kirchneristas, entonces. Los punteros kirchneristas son los que más se mueven aquí, reconoció otro intendente peronista del conurbano.
La reacción de Cristina Kirchner frente a un hecho nuevo mostró un alto nivel de indecisión, inusual en los tiempos de su marido muerto.
De hecho, la Presidenta estuvo, en las horas iniciales de la revuelta de Villa Soldati, más preocupada por las autopsias de los primeros dos muertos que por la preocupante evolución de la rebelión. Jueces de la Corte Suprema de Justicia debieron hacer gestiones ante la Morgue Judicial para que apurara las autopsias.
¿Qué quería saber la Presidenta? Pedía con urgencia que le informaran si las balas de esos crímenes correspondían a la Policía Federal o a la Metropolitana. Las balas correspondían al tipo de proyectiles que usa la Policía Federal; en ese momento comenzó la caída de Aníbal Fernández, que aún no tocó fondo.
La Presidenta está convencida de que hubo una conspiración para quebrar su romance de viuda con algunos sectores sociales, antes remisos. Buscaba culparlo a Mauricio Macri de esa intriga. Nunca tuvo más elementos que la retórica.
Pero una cosa es cierta: la explosiva irrupción de la marginalidad social le provocó a Cristina un derrumbe de 20 puntos en su imagen positiva en la Capital, según varias mediciones. Paralelamente, crecieron, según algunas encuestas, sus archienemigos Macri y Eduardo Duhalde, los dos políticos que tuvieron el mensaje más claro en apoyo del orden público.
En una de esas mediciones, el 80 por ciento de los porteños consultados pedía que el Gobierno terminara cuanto antes con las ocupaciones, y de cualquier forma. El romance y la espuma que beneficiaban a Cristina se están diluyendo, aceptó un encuestador serio, que siempre hizo mediciones para el peronismo.
Cuando el humo y la insurrección habían capturado amplias zonas de la Capital, los dos gobiernos, el federal y el local, estaban sumidos en un ataque paranoico. La Presidenta quería culpar públicamente a Macri de haber provocado las muertes; no pudo. El propio equipo de Macri estudiaba contra reloj la posibilidad de que el gobierno nacional dispusiera la intervención federal de la Capital mediante un decreto de necesidad y urgencia, ahora que el Congreso está en receso.
Fuentes seguras de la administración central aseguraron que ese proyecto nunca existió. Los dos gobiernos están ahora tan distantes como antes.
Cristina Kirchner estaba ya más preocupada por intervenirlo a Aníbal Fernández que a Macri. El jefe de Gabinete fue siempre un hombre obsesionado por cubrir cargos con gente propia hasta en las covachas más insignificantes. La implacable poda pública de poder que le hizo a Fernández en los últimos días lo colocó a éste en una situación política casi terminal. Han crecido todos sus adversarios en el Gobierno. Nilda Garré no le perdonará nunca a Aníbal que haya usado en su momento el propio espionaje del Ejército para desestabilizarla. Aníbal competía con Julio De Vido por la cercanía a la Presidenta, pero De Vido nombró al nuevo ministro de Defensa. Fernández lo ninguneó siempre al ministro del Interior, Florencio Randazzo, pero Cristina le ordenó a éste que presidiera la reunión con Macri. Aníbal Fernández aceptó una silla al costado, como un funcionario más, resignado al disfavor.
Garré podría terminar con la larga carrera de Aníbal en el poder si cumpliera con la promesa de transparentar las acciones de la Policía Federal. Es probable que la ministra arrase con el sistema de espías, de escuchas telefónicas y de intervención de correos electrónicos que el jefe de Gabinete había montado en complicidad con la Federal.
Garré anunció también que pondrá fin a la protección de la corrupción policial, que en estos tiempos puede significar el arribo del narcotráfico a las fuerzas de seguridad.
El miércoles pasado, en Malvinas Argentinas, se realizó una jornada sobre el narcotráfico; participaron camaristas, jueces y fiscales de todo el país. La reunión fue organizada por el intendente, Jesús Cariglino, y asistieron diplomáticos norteamericanos. No hubo funcionarios provinciales ni nacionales.
La descripción de la situación que se hizo, por parte de los representantes judiciales, fue grave. El narcotráfico está en las villas, pero también penetró en todos los sectores sociales y está cooptando una parte del Estado, resumió uno de los asistentes. (...)".
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