Los nuevos poderes. Por Nelson Castro

EL FUTURO GOBIERNO DE CRISTINA

La Presidenta tiene todo el apoyo para elegir el rumbo próximo. Chávez o Lula. La oposición en su laberinto.

Por Nelson Castro

En el Gobierno se viven horas de encantamiento. “El 50% nos sorprendió también a nosotros”, reconoció el jefe de Gabinete de Ministros, Aníbal Fernández. En la oposición, en cambio (con la excepción del Frente Progresista que encabeza Hermes Binner) todo es desolación. “Se viene la gran traición”, era el vaticinio de Eduardo Duhalde ante varios intendentes peronistas del Gran Buenos Aires que le tienen simpatía pero que no pudieron hacerle entender que esa era una irrealidad. El ex presidente nunca llegó a aceptar la dimensión de su imagen negativa ni el hecho de que, en un país cuyo federalismo es tan sólo un enunciado, ningún intendente habría de arriesgar el presente y el futuro de su gestión en pos de un apoyo que podría dejarlo sin el sustento económico del Gobierno nacional, del que hoy no pueden prescindir.

Sólo un fenómeno conocido en la jerga de los economistas como “El Cisne Negro” –un imprevisto de dimensiones catastróficas– podría generar las condiciones para revertir el resultado del domingo pasado.
La oposición enfrenta, pues, una verdadera misión imposible. Su principal problema es la falta de un liderazgo claro por parte de alguno de sus dirigentes. Esa es una falencia clave que es poco probable que vaya a ser solucionada de aquí al 23 de octubre.

Todo lo contrario. En ese universo son todos pases de facturas e intentos de reacomodamientos desesperados por salvar la ropa.
“La unión con Ricardo Alfonsín no rindió los frutos esperados”, declaró Francisco de Narváez, que a estas horas no sabe cómo hacer para sacarse de encima la pesada mochila que le significa esa asociación por conveniencia que no funcionó y que terminó siendo una suma que restó, tal cual lo vaticinó Hermes Binner. En la provincia de Buenos Aires, el corte de boleta hizo que muchos que votaron por De Narváez lo hicieran también por Duhalde.
El peronismo federal ha recibido su certificado de defunción. En el desbande que se vive, varios de sus integrantes ya están viendo cómo reingresar a las filas del kirchnerismo.

El resultado, además, marca el ocaso de varias figuras políticas de la oposición. En esa lista hay que incluir a Eduardo Duhalde, a Ricardo Alfonsín, a Carlos Reutemann, a Fernando “Pino” Solanas y a Elisa Carrió. En el caso de Carrió su caída es impactante: en cuatro años perdió cuatro millones de votos. Los sucesivos desmembramientos de la estructura que armó son una muestra contundente de su notable dificultad para construir proyectos políticos sustentables.

En el medio de este panorama, el armado de la campaña habrá de ser algo muy difícil para las fuerzas que encabezan Duhalde y Alfonsín. Dos aspectos muy concretos ilustran sobre la dimensión de esas dificultades:
- ¿Quién estará interesado en financiar, a los dos partidos que se han disputado el segundo lugar, los costosos gastos de una campaña presidencial que hoy día ya tiene sabor a nada?
- ¿Conseguirán fiscales para hacerse presentes en la totalidad de las mesas del país?
En el radicalismo, las críticas a Alfonsín crecen día a día. Allí, hay quienes piensan en un renovado protagonismo de Ernesto Sanz, de Gerardo Morales y de Julio Cobos. El fenómeno del vicepresidente debería ser motivo de un análisis profundo. Un hombre que hace dos años tenía una imagen positiva que estaba por las nubes hoy se pasea en el medio de la más absoluta indiferencia. Nadie sabe qué harán Sanz, Morales y Cobos. De algo sí hay certeza: de seguir así, la Unión Cívica Radical se encamina a paso seguro hacia su autodestrucción.

Hasta las elecciones primarias, en el Gobierno miraban con recelo y preocupación a Daniel Scioli. Sobrevolaba la idea de que había una dependencia de la Presidenta para asegurar un triunfo sobre el que no se dudaba, pero cuya magnitud se ubicaba en niveles inferiores al del 50%. Con ese resultado, las cosas son ahora distintas. Cristina Fernández de Kirchner no depende ahora de ningún dirigente territorial para lograr la reelección.
“Nadie es dueño de los votos de la ciudadanía”, dijo la Presidenta en su buen discurso, en la noche de ese domingo electoral, pronunciado con tono conciliatorio. Fue una expresión sensata de reconocimiento de la realidad. Tal vez lo hizo acordándose de que hace un año su imagen positiva no superaba el 25%. Ello es la clara demostración de un voto pragmático de un sector independiente de la sociedad que no está atado a ninguna fidelidad partidaria.

Por otra parte, muchos dirigentes parecen ignorar la vigencia que la crisis de 2001 tiene aún en la gente. Y a la hora de elegir un presidente –y mucho más en el medio de la fenomenal crisis que afecta a la economía mundial– ese recuerdo se acentúa. Ante ello, la sociedad busca un reaseguro, y está claro que para la mitad de la población ese reaseguro lo da el Gobierno y no una oposición que, con su dispersión, le terminó posibilitando al oficialismo un triunfo arrollador.

“No hay que creérsela”, dijo también la Presidenta la noche de su victoria. Sería muy bueno que así fuese. En esta luna de miel política que ha comenzado a vivir, es importante que pueda aprovechar la enorme cuota de poder que le ha dado la sociedad para abocarse a la tarea de buscar soluciones a los problemas estructurales de la economía, que aún subsisten. El más importante, sin duda, tiene que ver con la profunda y persistente brecha de desigualdad que los notables índices de crecimiento que se han visto desde el 2003 hasta ahora no han podido modificar. Además, la carga que sobre las arcas fiscales impone la cantidad de subsidios que hoy tiene la Argentina –este año rondarán los 60 mil millones de pesos– difícilmente sea sostenible en forma indefinida. Por otra parte, las deudas que acumula el sistema previsional son explosivas.

La falta de crédito complica la inversión. Como bien señala el ex ministro Martín Lousteau “en la economía de un país en el que hay crédito para comprar electrodomésticos en cincuenta cuotas pero en el que una vivienda debe ser adquirida al contado, algo no anda bien”.

Sin embargo, por sobre todo ello, hay un asunto de enorme trascendencia político-institucional, sobre el que la Presidenta deberá decidir: ¿cuál será su modelo: Lula o Chávez?
El proyecto “Cristina eterna” la acerca a Chávez y a un rumbo que augura vientos y tempestades. El modelo Lula, en cambio, significará el acatamiento de la Constitución y el freno a las voces que abogan por una reforma que tenga por objetivo permitir la reelección indefinida de Fernández de Kirchner. Este es un camino de grandeza y de consolidación republicana, del que la Argentina tiene una desesperada necesidad.

Producción periodística: Guido Baistrocchi

Fuente:. Perfil

Magistrados coherentes para un país desquiciado

Por Adrian Ventura

En medio de tantas decisiones políticas, bloqueos y bravuconadas contra los medios críticos o independientes, aparecen algunos pocos jueces y fiscales dispuestos a hacer valer los más elementales principios republicanos.

Miremos lo que dijo el juez civil Polo Olivera: le recordó a Garré que él dictó un fallo para que ella lo cumpliera y que cumplir un fallo no es una cuestión que esté sujeta a opinión, ni siquiera por un ministro ni por un presidente.

Así de sencillo es lo que dijo este magistrado, que lo único que está haciendo es su trabajo: pedir que se cumpla con la Constitución nacional y con la división de poderes.

Si en la Argentina ese fallo es noticia, es porque el país entero se volvió exótico y errático y el Gobierno perdió el rumbo de la Constitución.

En la Argentina, nunca los gobiernos se sometieron a rajatabla a las leyes. Pero el kirchnernismo trajo la triste novedad de no cumplir tampoco los fallos, sean que un juez laboral ordene el desalojo de un sindicato o que la Corte reponga al procurador general de Santa Cruz. La sociedad, distraída con un supuesto bienestar económico, parece no advertirlo.

Los últimos quince días arrojaron otras señalas de cordura:

• La fiscal contravencional Marcela Solano le había ordenado a la Policía Federal desalojar el bloqueo. La fuerza de seguridad no la acató, pero eso no le resta valor a la decisión ni valentía a la fiscal. No es poco en medio de una dirigencia que habitualmente sucumbe frente a la connivencia o el temor y donde los jueces "rebeldes" al régimen se exponen al juicio político. Lo mismo vale para el juez de instrucción Marcelo Conlazo Olivera, que aceptó impulsar la causa por extorsión que inició el Grupo Clarín.

• El Grupo Clarín, mediante una cámara oculta, captó el momento en que un delegado gremial extorsionaba al medio para no hacer un bloqueo que, según el propio gremialista, tiene respaldo político. Es un testimonio contundente de los contactos gremiales con el poder.

Las usinas kirchneristas se apresuraron a castigar el uso de la cámara oculta, como si fuera un recurso ilegítimo. Pero desde hace muchos años la Justicia la admite, si el recurso es usado por la víctima (no por un tercero) e interviene un juez o un escribano. Es un medio de prueba válido.

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Un juez denunció a Garré por no evitar el bloqueo a los diarios

Por qué está enojada la Corte Suprema Por Joaquín Morales Solá

La inverosímil agencia estatal de noticias Télam calificó como meros "rituales de la democracia" el trabajo de los políticos en el Congreso. En otra obra memorable por el culto a la personalidad, ponderó que Néstor Kirchner detestaba aquellos supuestos rituales y se engolosinaba, en cambio, con el contacto directo con la gente. Sería injusto, sin embargo, negarle a esa apología el mérito de la sinceridad. El problema de la Argentina de ahora es, en efecto, que sus gobernantes parecen no sentirse cómodos con las instituciones democráticas que los llevaron al poder. El mal no aqueja a todos los funcionarios, pero sí a un grupo de creciente influencia en la Presidenta y a gran parte de la generación de jóvenes kirchneristas que accedieron al Gobierno recientemente.

La retórica turbulenta de esos funcionarios no es el verdadero problema. La sustancia del conflicto consiste en que tales discursos tienen un correlato directo con lo que el Gobierno hace y ordena.La República no está en la cabeza de los kirchneristas que gobiernan , abrevió un viejo dirigente peronista. Ese peronista y muchos otros políticos e intelectuales, peronistas y no peronistas, son acusados en el acto por el kirchnerismo de cultivar a destiempo un "republicanismo" que ya pasó de moda.

Las consecuencias son prácticas y comprobables. Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema de Justicia, es un hombre sereno, que no perdió la calma ni cuando Cristina Kirchner le dijo que ese tribunal estaba urdiendo un golpe de Estado contra ella. Fue en medio de la crisis por la cesantía de Martín Redrado como presidente del Banco Central. Lorenzetti inauguró en los últimos días el año judicial con un discurso lleno de reproches implícitos a los gobernantes, de exhortaciones a los jueces y de súplicas por una política más tolerante y conciliadora. Un día antes se había conocido que el jefe de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy, les había iniciado juicio a varios organismos del Estado por retacearle información, ignorarlo y vaciarlo de contenido. La Auditoría es un organismo constitucional, encargado del control externo de las decisiones (sobre todo de los gastos) de la administración.

¿Qué son, entonces, el Poder Judicial y la Auditoría si el Congreso es un despreciable "ritual de la democracia"? Resulta interesante desbrozar el discurso de Lorenzetti para establecer dónde están las desventuras de los jueces decentes, que también los hay. Lorenzetti no es sólo Lorenzetti cuando habla. Por lo general, sus expresiones son una síntesis de lo que él mismo escucha de sus colegas en el tribunal. El presidente de la Corte aprendió desde el primer día que está al frente de un cuerpo colegiado y que él es sólo su exponente más destacado.

El titular de uno de los tres poderes de la República se refirió críticamente, así, a los jueces que obedecen las órdenes o sugerencias de los funcionarios políticos. ¿Se refirió a Oyarbide? Sí, pero no sólo a Oyarbide , dijo un alto exponente del personal de la Corte, que oyó conversaciones de los jueces supremos del país. La alusión de Lorenzetti abarcó también a otros jueces federales, sobre todo del interior del país, que hacen "seguidismo" del gobierno nacional. Se cometen muchas arbitrariedades en el interior , precisó uno de los jueces de la Corte. Oyarbide está en Buenos Aires dentro de una suntuosa vidriera; muchos otros están lejos y nadie los ve.

Con todo, una de las perspectivas que más atormentan a los jueces supremos es el decurso del año electoral sin claras reglas de juego. La nueva ley electoral de inspiración kirchnerista nunca fue reglamentada por el Gobierno; su interpretación deberá correr, consecuentemente, por cuenta y riesgo de los jueces electorales. ¿Por qué depositaron semejante responsabilidad en los jueces si la política no pudo encontrar una fórmula común para la más básica de las tareas democráticas, como es la elección presidencial? La responsabilidad de reglamentar la ley es del Poder Ejecutivo, pero éste parece huirle al predecible escándalo. No seremos la Corte que en los Estados Unidos terminó eligiendo un presidente entre Bush y Al Gore , adelantó, sentencioso, un miembro de la Corte argentina.

Otro problema es que el Gobierno no cumple con las sentencias de la Corte. Equipos de ingenieros deben revisar cada poco tiempo el estado de los juzgados que reciben los reclamos de los jubilados. Son millones de causas que se desploman sobre edificios viejos, con escaso mantenimiento y poco personal mal pagado. La Justicia que atiende esas cuestiones está absolutamente desbordada. La Corte ya dictó varias sentencias dándoles la razón a los viejos argentinos, pero el Gobierno no ha hecho nada para llevar esa jurisprudencia a la ley. ¿No puede? La Anses, donde están los fondos para pagarles a los jubilados, se ha convertido en una de las principales cajas del despilfarro político y electoral del Gobierno. Hay algo peor en todo eso: ya la política toma como normal que la dinastía gobernante use los dineros del Estado como propiedad privada. Los jueces no hablan mal sólo de los que gobiernan; también la crítica cubre a la oposición por su ineficacia o su indiferencia.

Es el caso del Consejo de la Magistratura, que para muchos de los más destacados jueces se transformó no en una institución de la Constitución, como lo es, sino en un organismo político. El kirchnerismo usa ahí la experiencia de los expertos, no importa su historia. En representación del Estado fue designado, por ejemplo, Hernán Ordiales, un antiguo operador de Vicente Leónidas Saadi en cuestiones judiciales en los años 80, que siguió luego con el menemismo en los 90 y que recaló ahora como hombre de confianza de Carlos Kunkel. Ordiales está tomando el control del Consejo. La obstrucción de ese organismo es crucial, porque el kirchnerismo ya colonizó fueros íntegros de la Justicia, como el Contencioso Administrativo. Jueces probos de ese fuero optaron por jubilarse antes de tiempo para evitar ciertas compañías.

El Estado de Cristina Kirchner es el principal generador de juicios (el 50 por ciento del total), ya sea porque los inicia el Estado (la AFIP ejecuta venganzas políticas también) o porque es demandado, como en el caso de la Anses. Despouy le acaba de agregar un nuevo condimento a esa ensalada; en su caso, es el Estado el que demanda al propio Estado, según la autorización que el jefe de la Auditoría recibió del Congreso, de quien depende. En medio del criminal escándalo por el uso de los recursos de las obras sociales sindicales, la Auditoría denunció, entre varios organismos más, a la APE, la agencia que distribuye esos dineros a los gremios, porque no quiere rendirle cuentas. Los sindicalistas tienen cómplices en el poder político, más allá de las sobreactuaciones de Oyarbide, que sólo tapa con su teatral arbitrariedad lo que es esencialmente cierto.

Una Justicia obstruida termina construyendo un país injusto. Son temas cardinales que la política parece desplazar entre cavilaciones sobre prematuras encuestas que pocas veces son veraces. Un encuestador muy cercano al Gobierno acaba de terminar una encuesta verdadera, según él. Cristina Kirchner está igual en intención de votos, poco más del 30 por ciento, desde hace un año. Ni siquiera se registró un aumento notable tras la muerte de Néstor Kirchner. La imagen del Gobierno no está mal, aunque más de la mitad de la sociedad lo desaprueba.

La Presidenta no admite en sus cercanías voces disonantes. Remontará sola su candidatura (confirmada por ella misma en Miramar), acompañada por fieles con buenas ondas. Su peor conflicto sucedería si se le mezclaran en el camino los reclamos sociales básicos y una creciente nostalgia de los muchos sectores por una democracia que, en las formas y en el fondo, parece irse.

fuente: http://www.lanacion.com.ar/1353346-por-que-esta-enojada-la-corte-suprema?