El kirchnerismo, hay que reconocerlo, es sincero. Los ministros del Poder Ejecutivo dicen abiertamente a los jueces lo que deben decidir: justicia para los amigos y castigo para todos los demás.
Hay una prueba irrefutable y la dieron, por un lado, las Abuelas de Plaza de Mayo, y el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, con relación al caso de Marcela y Felipe Noble Herrera, y por el otro, el ministro de Planificación, Julio De Vido, con relación al caso Skanska.
En el caso de Marcela y Felipe, hubo dos peritajes que arrojaron resultados concluyentes. Fueron realizados en el lugar en el que Abuelas y la jueza Sandra Arroyo Salgado decidieron (el Banco Nacional de Datos Genéticos), en las condiciones en que aquéllas fijaron (contra un universo amplio de personas) y por los métodos que reclamaron. Ni siquiera los peritos de parte cuestionaron los resultados de estos exámenes científicos. Pero el Gobierno y Abuelas quieren seguir adelante hasta que se demuestre la culpabilidad de la familia Noble. Fernández exteriorizó lo que es una directiva oficial.
En cambio, a partir de una auditoría realizada por peritos de la Corte, De Vido concluyó que nunca hubo sobreprecios en la construcción de un gasoducto (caso Skanska) y le reclamó públicamente al juez Norberto Oyarbide que dicte el sobreseimiento.
Oyarbide ya dictó otros sobreseimientos más cuestionables, como el del supuesto enriquecimiento del matrimonio Kirchner. ¿Por qué no habría de tomar otras decisiones semejantes? ¿Por qué habrá de complicarle la vida al Gobierno con el caso Schoklender? Por las dudas, las indagatorias por este último caso no se harán antes de las elecciones de agosto Y, hasta donde se sabe, ningún otro juez investiga si los Schoklender o las Madres de Plaza de Mayo pagaron retornos contra el otorgamiento de 765 millones de pesos.
En cambio, el expediente de Marcela y Felipe se convirtió en un termómetro sobre cómo operan los sectores más politizados de la Justicia. Los jóvenes nunca fueron culpables de nada, pero se los convirtió en sospechosos. Y para Abuelas y la jueza Arroyo Salgado, la directora del Grupo Clarín es culpable, aun frente a la total ausencia de pruebas.
La Justicia no le reconoce a la directora de Clarín el derecho a ser sobreseída, algo que se les reconoció incluso a algunos ex militares que fueron erróneamente involucrados en caso de represión. Sólo un impulso político mantiene abierta esta investigación. El Gobierno, con su caprichosa tesis, está exponiendo al país a ser demandado ante tribunales internacionales, que deberán resolver lo que la ceguera judicial argentina no quiere admitir.
fuente: La Nación
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