SI se tiene en cuenta que José López es el hombre que hace y deshace en materia de obras públicas en la Argentina, que como titular de la secretaría homónima integra el poderoso Ministerio de Planificación y que, desde que arribó al Gobierno en 2003, su patrimonio se incrementó 14 veces, no puede negarse que ha logrado transcurrir su gestión sin grandes sobresaltos hasta que estalló el escándalo de Sergio Schoklender y la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
Pero entre todo cuanto pueda objetársele a este funcionario, que también es investigado por la Justicia, se destaca el hecho de que, pese a desempeñarse como secretario de Obras Públicas, posee junto con su esposa la empresa La Aracelitti, que en 2008 fue habilitada para llevar a cabo construcciones viales y de arquitectura, obras mecánicas y eléctricas y servicios de inspección, auditoría y supervisión de obras públicas.
Se trata de un más que evidente caso de incompatibilidad y de violación de elementales normas éticas, al que se suma su sospechoso incremento patrimonial, de 160.408 pesos en 2003 a 2.274.895 el año pasado.
En los comienzos del caso Skanska, donde se investigan presuntas coimas y sobreprecios en la ampliación de los gasoductos, López apareció fugazmente en la lista de los primeros sospechosos, pero desapareció de ella con la misma rapidez.
Desde los lejanos años en que Néstor Kirchner gobernó Santa Cruz, López, titular del Instituto de la Vivienda provincial, tenía trato directo con él, la misma íntima relación que mantuvo cuando Kirchner ejerció la presidencia de la Nación. Su dependencia del titular de la cartera de Planificación, Julio De Vido, ha sido meramente formal y tras el fallecimiento del ex presidente, López habría ganado cada vez más autonomía.
Schoklender, ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, había afirmado en una entrevista con la revista Noticias que "el tema de vivienda lo manejaba directamente López y fue creciendo en su poder de manejo. Para que López firme 300 millones de pesos para un programa de mejoramiento barrial a un intendente tiene que haber un vuelto".
La obra pública ha sido desde hace décadas una permanente fuente de sospechas en materia de corrupción, pero pocas administraciones han logrado, como la del kirchnerismo, darle tanto sustento a esas sospechas desde el caso Skanska y el otorgamiento de grandes obras a un puñado de empresas constructoras, algunas muy cercanas al Gobierno.
Por otra parte, también es sabido, y así lo ha declarado el propio Schoklender, que la selección en el Gobierno de las provincias a las que se destinarían fondos para la construcción de viviendas sociales se realizaba con el único criterio de la fidelidad de los mandatarios provinciales al gobierno nacional.
En ese contexto en el que es evidente el uso de la obra pública con finalidades políticas y, quizá también, para incrementar el patrimonio de algunos funcionarios y empresarios amigos, no llama la atención que el secretario de Obras Públicas tenga el descaro de poseer una empresa constructora en flagrante incompatibilidad con su cargo.
fuente: La Nación (Edtorial)
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