Dos hechos ocurridos la semana pasada en Cuba y en Nicaragua, con diferencia de días apenas, han resultado ser enormemente peligrosos para la libertad de prensa en la región.
Es obvio que no hay libertad de expresión en Cuba. Los medios de difusión masiva están sólo en manos del gobierno y únicamente difunden el discurso oficial, sin críticas y siempre con loas y aplausos para los actos gubernamentales. Pero lo que el gobierno cubano no puede controlar son los artículos de los corresponsales y periodistas extranjeros acreditados en la isla. Estos son los encargados de difundir al resto del mundo la verdadera realidad local de cada día.
No sorprende entonces que, después de dos largas décadas de trabajo en Cuba, se le haya retirado "definitivamente" su acreditación periodística, esto es, su credencial de trabajo, al corresponsal en La Habana del diario
El País y de la Cadena Ser de España, Mauricio Vicent. Su "grave delito", según el régimen castrista, fue faltar "a la ética periodística" por "ofrecer una imagen parcial y negativa" de la realidad del país, lo que a la consideración del gobierno cubano se había "agudizado" en los últimos tiempos hasta el punto, siempre según los funcionarios cubanos, de influir en la línea editorial del diario al que pertenece.
Esta conducta es semejante a la adoptada por Irán, país que acaba de quitarle la credencial periodística precisamente a otra corresponsal de El País, por motivos básicamente similares.
La medida adoptada contra el corresponsal de El País no es casual: tiene mucho que ver con el marcado endurecimiento de la violenta ola de represión que está siendo desplegada contra los disidentes y muy especialmente contra las valientes Damas de Blanco, que son objeto de toda suerte de vejaciones y ataques callejeros por parte del régimen.
Los malos ejemplos contagian. El diario independiente nicaragüense La Prensa, de propiedad de la familia Chamorro, no pudo circular en su país el fin de semana pasado porque se lo impidió una protesta presuntamente gremial, que bloqueó la salida y la circulación de sus ediciones.
Un supuesto conflicto gremial que está litigándose en los tribunales sirvió como excusa y forma de presión para cercenar la libertad de prensa, y dañar y desprestigiar así al reconocido diario afectado. Se violaron además artículos de la Constitución nicaragüense, que garantizan la libertad de pensamiento y la de información a toda la sociedad, y, también, de la Declaración de Chapultepec, que define a los impedimentos a la circulación de los medios como una forma de censura previa. Esto, por supuesto, sin contar el enorme daño económico causado al medio.
El verdadero motivo del bloqueo al diario está en que este, a diferencia de otros medios, no se ha sometido al régimen sandinista y continúa actuando de manera independiente. En numerosas ocasiones ha tildado de ilegal el nuevo intento de Daniel Ortega de ser
reelegido como presidente de Nicaragua, pese a las estipulaciones del texto constitucional de su país que no permiten una reelección adicional.
Estos ataques a la libertad no son nuevos en nuestra región y, lamentablemente parece que se repiten y amenazan con extenderse. Hay que estar, entonces, muy atentos y denunciarlos inmediatamente cuando ocurren. Luego podrá ser demasiado tarde.
Fuente: La Nación
No hay comentarios:
Publicar un comentario