Si Schoklender hablara. Por Jorge Lanata

NO HAY madeja que se enrede más que la complicidad. Es un ovillo con mil puntas, y nunca se sabe de cuál tirará el azar. El Gobierno hizo todo lo posible por transitar el escándalo de las viviendas de las Madres en medio de un silencio impune. Hoy ese silencio podría romperse si Sergio Schoklender se decide a hablar. Esa fue la amenaza que el propietario de Meldorek le hizo al Estado: quiere que lo juzguen antes de las elecciones, consciente de que es ese el período en el que podrá ejercer mayor presión. Hasta la magia judicial de Norberto Oyarbide ha sido hasta ahora insuficiente en la causa de las Madres: aunque aceptó milagrosamente a Hebe de Bonafini entre los querellantes (lo que, en principio, equivalía a descartar su responsabilidad penal frente al desfalco), la causa es una sinfonía de baldosas rotas: las Madres ya afrontan cinco pedidos de quiebra por 40 millones de pesos, tienen 28 juicios ejecutivos por el cobro de cheques impagos y podrían aparecer más.

Visto desde la Casa Rosada, el delito –que oficialmente nunca existió– tuvo sin embargo consecuencias: no lo hicimos ni volveremos a hacerlo. Mientras Sandra Russo y Horacio González cacareaban en la Biblioteca Nacional que se estaba buscando “atacar el núcleo ético de la Argentina, por eso las estructuras de injuria van contra Hebe”, el Gobierno traspasó los proyectos de la entidad en las provincias a los municipios y finalmente las Madres entregaron también los tres proyectos que retenían en Capital: el de Villa 15, el de Castañares y General Paz y Los Piletones en Soldati. “Fue un alivio para nosotras que el Gobierno se hiciera cargo de las construcciones”, aseguró entonces Hebe de Bonafini, como si nunca hubiera pasado nada.

La mano, de todos modos, es más rápida que la vista: el Gobierno adjudicó el obrador de Castañares a una de sus empresas más amigas: Sentra S.A., una de las mayores beneficiadas del Plan Federal de Viviendas. Las Madres gastaron 765 millones de pesos de los 1.250 que formaban parte del presupuesto adjudicado. Dos jueces federales –Oyarbide y Martínez de Giorgi– no han podido, hasta ahora, desentrañar en qué se gastó el dinero. La posibilidad de saberlo depende de una extorsión.

fuente: Perfil