Cristina y las contradicciones del plan “democratizador” de la Justicia. Por Christian Sanz

PONER A LA JUSTICIA A LOS PIES DEL PODER POLÍTICO

Finalmente, Cristina dijo lo que se preveía: "Quiero una Justicia democrática, no corporativa, sabiéndose que es parte del Estado y que debe aplicar la Constitución". Esa frase, pronunciada en el marco de la apertura de las sesiones legislativas de 2013, es parte de la tan mentada “democratización judicial” con la cual viene amenazando en los últimos meses la mandataria.

Con inusual soberbia, la Presidenta anticipó que impulsará una batería de medidas tendientes a modificar de raíz el sistema de Justicia argentino, comenzando por el siempre polémico Consejo de la Magistratura, el cual —dicho sea de paso— fue cooptado por el mismo kirchnerismo hace poco más de seis años.

"La propuesta va a ser que la totalidad de los miembros del Consejo sean elegidos por el pueblo", aseguró.¿Sabrá Cristina que solo unos pocos países permiten la elección popular de magistrados, sistema tan proclive al fraude?

A saber: en algunos cantones de Suiza y unas pocas municipalidades francesas los jueces son votados por la ciudadanía. Luego, en Perú, Venezuela y Colombia esa modalidad se aplica solamente a los jueces de paz. Ergo, lo que no funcionó en otros países, ¿por qué sería útil en la Argentina?

Independientemente de esto último, hubiera sido productivo que alguno de los hoy concurrentes al Congreso Nacional le hubiera explicado a Cristina que sus intenciones chocan de frente con el artículo 114 de la Constitución Nacional. Allí se explica que el Consejo de la Magistratura solo puede ser regulado “por una ley especial sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara”, la cual “tendrá a su cargo la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial”.

En fin, la mandataria siguió avanzando en su capricho y anticipó que se ramificará la instancia de Casación, creando una Cámara en lo Civil y Comercial, una en lo Contencioso y Administrativo, y en lo Previsional, además de la existente. La medida es un claro castigo al fuero Civil y Comercial luego de que la Cámara Federal extendiera un amparo en beneficio del grupo Clarín.

Para que no quedaran dudas al respecto, Cristina armó toda una exposición contra las medidas cautelares, a las que acusó de haberse“transformado en una verdadera distorsión del derecho, en una fuente de inequidad y denegación de administración de justicia".

Parece olvidar Cristina que ella misma utilizó ese recurso en más de una oportunidad, una de las últimas ocasiones fue en septiembre de 2010 a efectos de que los directores del Estado pudieran seguir participando de las reuniones de Papel Prensa. ¿Por qué en ese momento estaba bien apelar a las herramientas cautelares y ahora no?

Las contradicciones de la Presidenta no se limitan a las acciones de su propio gobierno, sino también a la demora en entender que en algún momento había que hacer cambios en la Justicia. Por caso, ¿recién ahora, luego de diez años, Cristina descubre que deben “democratizarse” los jueces?

No es mala la idea de la jefa de Estado, solo que debería aplicarse a otro fuero: el Federal. Allí es donde hace agua el sistema judicial, de la mano de exponentes como Norberto Oyarbide, Rodolfo Canicoba Corral y María Romilda Servini de Cubría, entre otros. ¿Por qué jamás Cristina habla de esos escandalosos magistrados? ¿Será acaso porque estos saben sobreseer a sus principales funcionarios en el marco de los casos de corrupción más escandalosos de las últimas décadas?

De esas cosas no habla la Presidenta… ni tampoco nadie le pregunta al respecto. Es bien cierto que se trata de una realidad incómoda, pero es una realidad al fin.

Si, como dice Cristina, lo que se busca es la “transparencia total del poder público”, no puede faltar en su discurso un capítulo referido a los jueces federales argentinos.

Por otro lado, sorprende el énfasis que la mandataria le pone a la “democratización” de la Justicia sin hacer el mismo esfuerzo en buscar la “democratización” del poder político, sobre todo aquel que integra el Ejecutivo Nacional. ¿Por qué un juez debe ser observado por haber fallado contra los intereses del Gobierno y nada ocurre con los ministros y secretarios que aparecen vinculados a millonarios desaguisados?

Finalmente, Cristina advirtió que impulsará la presentación de declaraciones juradas por parte de los jueces. "Por internet se debe poder tener acceso a las declaraciones de todos los funcionarios de todos los poderes del Estado. Si yo voy a un juzgado y ese señor va a decidir sobre mí, quiero saber, tengo derecho a saber", agregó, al tiempo que lanzó un curioso mensaje a los legisladores allí presentes: "Si a ustedes les cuentan las costillas a todos, cuántas veces vinieron, cuántas veces hablaron, cuántas sonrieron (también es necesario saber) cuáles son los expedientes que tienen los jueces y los tiempos en los que se tratan”, advirtió.

¿Cómo equiparar a quienes representan al pueblo, como son los diputados y senadores, con un poder independiente como el judicial?

El desconocimiento de Cristina a lo largo de su extenso discurso, sorprendió a propios y ajenos. Quien mejor lo graficó fue Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema de Justicia. La elocuente preocupación gestual que demostró a lo largo de la diatriba presidencial, dijo más que cualquier mensaje verbal directo.

Si bien el magistrado sabía que ocurriría lo que hoy sucedió, jamás imaginó que la verdad superaría sus peores especulaciones. “Se requieren reglas para cuando gane y cuando pierda, para cuando uno esté en el poder o cuando lo deje, cuando sea poderoso o sea débil", advirtió hace apenas unos días, en el marco de la apertura del año judicial. La realidad lo pasó por encima.

La embestida que se avecina contra el poder judicial no es nada auspiciosa. Solo basta recordar las palabras de Cristina en los días en los que se reformó el Consejo de la Magistratura, en el año 2006. Al igual que hoy, Cristina juraba que esa modificación redundaría en mayor independencia de los jueces.

No solo ello nunca ocurrió, sino que hoy la propia jefa de Estado terminó impulsando un cambio a una institución que el propio kirchnerismo ya había reformado.

Y un revelador dato final: el 42% de los jueces nacionales y federales fueron puestos por el oficialismo de turno a lo largo de los últimos nueve años.

Como dijo alguna vez el oportuno Juan Domingo Perón: “La única verdad es la realidad”.

Christian Sanz

FUENTE: TRIBUNA

La media verdad que nos falta Por Santiago Kovadloff

Un día, no hace de esto aún dos años, Ricardo Gil Lavedra citó en su casa a Pepe Eliaschev. Lo hizo en nombre de los integrantes de la Cámara Federal y del fiscal que juzgaron y sentenciaron a prisión perpetua a los ex comandantes del Proceso. Gil Lavedra le manifestó al periodista que hacía mucho tiempo que él y sus compañeros aspiraban a contar "la verdadera historia del juicio". Esa historia, le aseguró, nunca hasta entonces había sido relatada: "Siempre pensamos que algún día la escribiríamos. Pero el tiempo ha pasado y ya es evidente que no es algo que haremos nosotros. Además, no la leería nadie. Somos administradores de justicia, juristas tal vez, pero no escritores. Pensamos por unanimidad que la única persona que puede hacerlo sos vos".

Eliaschev aceptó el desafío. Puso, para ello, una sola condición: compaginar a su modo todo lo oído, hilvanarlo con su propio relato, articular la palabra de los jueces con la suya. El libro, en suma, sería su libro; la historia, sin duda, sería de ellos. Por lo demás, y para justificar la tarea, Eliaschev sólo tenía fuertes convicciones. La primera de ellas, nacida de la indignación: "Desde 2004, cuando el presidente Néstor Kirchner enunció desde el predio de la Escuela de Mecánica de la Armada que durante veinte años la democracia argentina había hecho «silencio» en materia de derechos humanos y que él venía a pedir perdón por tal supuesta omisión, convivo con una insoportable sensación de injusticia y atropello".

Una segunda razón fue la esperanza de contrarrestar con Los hombres del juicio -así decidió titular su obra- el desconocimiento de lo sucedido entre quienes, por ser muy jóvenes en aquellos años o haber nacido después de lo ocurrido, nunca supieron bien qué fue lo que pasó.

A estos dos se sumó un tercer motivo, no menos esencial. Hace largo tiempo que Eliaschev está persuadido de que circula sólo una media verdad sobre los días en que el espanto ejerció su intendencia en la Argentina. Esa media verdad habla de las atrocidades consumadas desde el Estado, a partir del golpe del 24 de marzo de 1976. La otra media verdad, la que se enmascara y termina por distorsionar incluso el alcance de la primera, atañe a las acciones criminales de quienes, ya antes de ese golpe y en nombre de la "patria socialista", embistieron contra el orden constitucional. En la denuncia de este encubrimiento y de algunas de sus consecuencias dramáticas pone el autor de este libro un acento inconfundible por su claridad y coraje.

Más que en una versión aséptica de los contenidos del juicio, Eliaschev se interesó en las vivencias que su desarrollo despertó en los hombres que lo llevaron a cabo. Es así como lo testimonial gana el primer plano de una muy buena parte del libro. Le importó a Eliaschev quiénes fueron esos hombres hasta el momento en que se los convocó para cumplir con el papel histórico que les cupo. Qué sintieron y qué pensaron de esa convocatoria. Cómo emprendieron su tarea. Cómo convivieron cada uno de ellos con los demás en ese desempeño. "Este libro -aclara Eliaschev- detalla los entresijos de unas vidas comunes a las que una bisagra de la historia puso a decidir cuestiones vitales para este país."Así, desfilan por estas páginas la infancia, la adolescencia, la juventud y la adultez de cada uno de los jueces, siempre narradas en una sencilla primera persona del singular. El país en que vivieron y se educaron, sus familias de origen, sus sensibilidades ante los hechos cotidianos y los de mayor relieve espiritual se van plasmando en el libro hasta el momento en que la historia grande golpea a las puertas de cada uno de ellos. Este cruce entre lo medianamente previsible y lo imprevisible y súbito desvela a Eliaschev. Allí hace pie una de sus perplejidades más insistentes. Y su intensidad puede advertirse cuando reconstruye el momento en que el presidente Raúl Alfonsín, en casa del filósofo Carlos Nino, propuso a esos siete hombres que integraran la Cámara Federal que tendría a su cargo el juicio de los ex comandantes. Fue de hecho en esa casa donde se reunieron, por primera vez, tanto entre ellos como con el recién electo presidente de la República, Julio Strassera, Jorge Torlasco, Jorge Valerga Aráoz, Andrés D'Alessio, León Carlos Arslanian, Ricardo Gil Lavedra y Guillermo Ledesma. "Los artesanos individuales de esa fantástica afirmación del principio de la justicia y la consecuente derrota de la noción de impunidad fueron magistrados de la carrera judicial, hombres comunes con vidas parecidas y diferentes, pero a los que el azar impulsó a tener que proyectarse como seres extraordinarios. Esta es la parte más estremecedora de esta historia, la de seis jueces que, con el aporte decisivo de un fiscal excepcional y de una pequeña patrulla de seres indispensables que buscaron y recogieron las pruebas, sistematizaron los datos y averiguaron en los pliegues más tenebrosos del horror para que se supiera la verdad, hicieron lo que tenían que hacer."

Sobresale el momento en que cada uno de sus entrevistados cuenta de qué forma encaró y desarrolló su labor en la Cámara Federal. Cómo se ingresó y cómo se logró salir del laberinto informativo conformado por el caudal agobiante de elementos que debió tomarse en cuenta, las horas invertidas en la recaudación y el análisis de datos y testimonios siempre insoportables sobre secuestros, encarcelamientos y torturas, aportados por los sobrevivientes.

El libro de Eliaschev se suma a lo más esencial de una bibliografía tan diversificada y rica como polémica. Su valor documental y analítico lo inscribe entre las obras insoslayables para alcanzar una comprensión más honda de uno de los conflictos cruciales de nuestro pasado inmediato. Eso se advierte tanto en el retrato implacable del horror sembrado desde el Estado como en la condena enfática que también hace la Cámara de la acción criminal desatada por el terrorismo antes del golpe de 1976 y contra dos gobiernos constitucionales, el de Perón y el de su esposa. Los jueces prueban que fue el terrorismo el primero en recurrir a la violencia armada. Ello permite echar luz sobre la criminalidad -impune todavía- de tantos delitos cometidos en nombre de la revolución. Un párrafo medular de Eliaschev a este respecto: "El surgimiento, desarrollo y esplendor de los grupos guerrilleros dominó la escena política argentina desde por lo menos 1969 hasta 1977 (cuando ya habían sido liquidados). Montoneros, en septiembre de 1974, divulgó con orgullosa fruición, a través de la revista La Causa Peronista, dirigida por Rodolfo Galimberti, los detalles más escabrosos de cómo secuestraron y asesinaron en 1970 a Pedro Eugenio Aramburu. No había dudas, pues, de que el objetivo fue la toma del poder político por parte de las organizaciones terroristas. Groseramente descalificada como «teoría de los dos demonios», la noción jurídica de no menoscabar delitos por el sólo hecho de haber sido perpetrados en nombre de «la patria socialista», es el marco de valores y criterios que le permiten a la Cámara Federal proceder con un juicio y una sentencia sin antecedentes internacionales. Impertérrito ante las argucias, implacable con los autores y ejecutores del plan criminal, no miran para otro lado en el momento de admitir que la Argentina era una herida sangrante mucho antes de 1976". Así, y sin olvidar en ningún momento la condena indispensable de quienes no vacilaron en quebrantar ese año el orden constitucional, el autor subraya el aporte decisivo que realizó la Cámara Federal al caracterizar y repudiar a quienes hoy son injustamente homologados a tantas personas que fueron víctimas inocentes de la represión militar.

Lúcidamente procede, pues, Eliaschev al recordar que sigue impaga la deuda contraída con la verdad y la justicia mediante el encubrimiento de las acciones terroristas. La mistificación y la idealización de esos delitos de lesa humanidad están entre los obstáculos que impiden comprender y superar un pasado tormentoso. Y aun cuando en su momento la Cámara Federal no vaciló en denunciarlos, siguen pendientes de condena los responsables de tantos secuestros y asesinatos (la Cámara Federal contabilizó más de 700 muertes) cometidos en nombre de "la patria socialista" y en desmedro de la democracia y la Constitución.

Hay algo fundamental que no debe olvidarse en estos tiempos en que abundan las voces que buscan negar la autoproclamación que en su momento hizo la guerrilla de sí misma como un ejército embarcado en una guerra de liberación. Me refiero a las palabras con las que el autor rescata los enunciados que al respecto emitió la Cámara Federal: "Desde su aparición formal (1970-71), los grupos guerrilleros, como sus pares de toda América Latina, asumieron contornos, formas y contenidos exasperantemente militares. La cifra de reclutas de la guerrilla oscila entre 7.000 y 15.000 integrantes. Uniformes, grados, escalafón, código disciplinario, obediencia jerárquica: no se privaron de nada. No había dudas, pues, de que el objetivo fue «la toma del poder político por parte de las organizaciones terroristas», como lo afirma la Cámara. Lo que pretendían los insurrectos -sostiene Eliaschev en consonancia con la conclusiones de la Cámara Federal- era subvertir el orden establecido".

El periodista no deja de subrayar que "muchos años después, todo eso se fue desfigurando, primero de manera leve, después a marcha redoblada. Los desaparecidos en los años setenta fueron equiparados a quienes combatieron armas en mano contra un gobierno cuestionable, pero de plena legitimidad democrática". Reabierta la causa contra los ex comandantes, tras la presidencia de Carlos Menem, quien los indultó, y aplicada la figura de la imprescriptibilidad por la calificación de lesa humanidad, los terroristas jamás fueron juzgados ni tampoco sus víctimas fueron reconocidas como tales por ningún gobierno constitucional. Las acciones emprendidas contra las Fuerzas Armadas en particular son hechos que prueban la convicción de los terroristas de que estaban embarcados en una guerra. Como fuerzas militarizadas, pues, fueron combatidos ya en los años de Isabel Perón. Fue en su gobierno que se dio la orden de aniquilarlos. Y, previamente, fue Perón quien durante su último mandato y en respuesta a la agresión terrorista, "optó por la represión ilegal a través de una fuerza parapolicial, la Triple A".

Repudiando contundentemente el golpe de Estado de 1976, contrasentido absoluto si con él se aspiraba a respaldar las instituciones de la democracia y la República, "los jueces aseveran con firmeza que el desafío terrorista era, hacia fines de 1975, de descomunal gravedad y se encarnaba en las acciones del Ejército Revolucionario del Pueblo y Montoneros".

Cuenta Gil Lavedra que, entre octubre y diciembre de 1984, él y sus compañeros se consagraron a diseñar el formato del juicio. Fueron horas febriles, cargadas de tensión y aun de enfrentamientos personales entre los jueces. La frágil democracia en que por entonces se vivía y el temor de que pudiera caer persuadió a los jueces de que el registro filmado del juicio a los ex comandantes debía ser enviado a Noruega para no exponerlo al riesgo de su desaparición. La democracia recién recuperada, escribe Eliaschev, "vivía amenazada por huelgas generales de los sindicatos peronistas (ya habían hecho ocho paros generales cuando los videos fueron depositados en Oslo) y por violentos y airados reclamos militares carapintada".

El libro de Eliaschev hilvana con habilidad los enunciados judiciales, su vehemente análisis de los hechos narrados y el relato de cada uno de los jueces. Hay páginas de vigoroso aliento expresivo. En ellas, lo trivial y lo trascendente se enhebran en forma conmovedora. Por ejemplo, en este relato de Gil Lavedra: "No siempre los seis estábamos de acuerdo. En las sentencias y antes de ellas hubo discrepancias. Eramos todos muy individualistas. Nos peleábamos, a veces casi hasta los golpes. La sentencia la firmábamos el lunes (9 de diciembre) a la tarde. Hubo una discusión terrible el sábado por el asunto de la degradación (de los ex comandantes). El domingo, desde las 8, discutimos muchas horas sobre las penas, sin llegar a un acuerdo. Fue ahí cuando dijimos: «Bueno, cortemos. Vayamos a comer una pizza». Nos fuimos a Banchero a almorzar. Nos quedaban un montón de cosas por hacer, no podíamos seguir discutiendo estérilmente las penas. Cuando nos sentamos los seis en Corrientes y Talcahuano, Carlos (Arslanian) sacó una servilleta y se hizo la mediación. Ledesma y yo me parece que éramos los más recalcitrantes, pero aflojamos, transamos. Carlos decidió escribir (las conclusiones) en la servilleta. Cuando terminó, ordenó: «Muchachos, me lo firman». Todo quedó acreditado en la servilleta de Banchero".

Eliaschev ha compuesto una obra relevante y abrumadora. Lo que en ella se aclara y recuerda es tan contundente como lo que se evidencia acerca de lo que aún sigue sin aclaración y sin memoria. Los hombres del juicio provoca los desvelos de un asunto que, por no haber perdido su dramática vigencia, despierta las tensiones y las reflexiones características de un problema que todavía sigue pendiente de solución. Y deja la sensación amarga de que la media verdad ganada sobre aquel oscuro país que fue el nuestro, debe y puede llegar a convertirse en una verdad entera, si lo que ya se sabe se completa con la explicitación de lo que, pese al esfuerzo cumplido por los hombres del juicio, se ha vuelto a silenciar y negar.

Hay en el libro una revelación que dice a las claras por qué Eliaschev llamó a su obra Los hombres del juicio. Una vez más es Gil Lavedra quien la brinda: "Juzgamos a los comandantes asegurándoles plenas garantías. La tarde de ese mismo lunes 9 de diciembre, tras la sentencia, propuse que nos juntáramos a la noche en mi casa. Vinieron todos los camaristas con sus mujeres y el fiscal Strassera también. Mi mujer se encargó de la comida y Carlos (Arslanian) y yo compramos la bebida, varias cajas de vino y champagne. Esa noche hicimos la catarsis. Nadie más que nosotros sabe cómo hemos vivido tan intensamente nuestra independencia como jueces. Nos emborrachamos. Terminamos a las seis de la mañana con todos los hombres desparramados en el suelo. Era natural. Era una catarsis. Tomamos la decisión de no dar una sola nota de prensa. Nadie nos llamó esa noche del festejo, ni Alfonsín ni el ministro Alconada Aramburú. Nadie. Los políticos tampoco fueron al juicio. Estaban todos cagados". 

FUENTE: La Nación

CONFIRMAN QUE SE MANIPULAN LOS SORTEOS JUDICIALES.

Según informó la agencia DyN, las descripciones figuran en el expediente en el que se investiga si Pedraza, junto con un ex juez, un agente de inteligencia, un empresario ferroviario y un funcionario judicial, impulsó una maniobra para que la Sala Tercera de la Cámara de Casación resultara “sorteada” para resolver los pedidos de excarcelación de siete detenidos por el crimen del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra.

Si bien los tres funcionarios deslizaron que hay más de una forma de “elegir” qué tribunal intervendrá, uno de ellos explicó que la forma más sencilla la tiene en sus manos el operador de computadora que debe darle ingreso a un expediente.

Según explicó, la elección del tribunal se dará automáticamente cuando “el operador del sistema consigne que la causa ya tiene sala radicada, y cuando se declara ‘conexidad solicitada’, casos en los que directamente se asigna la sala indicada por el operador”.

Así, bastará que un empleado con acceso a las computadoras de sorteos indique que un determinado expediente ya tiene un tribunal asignado (aunque ello no sea cierto) para que la causa quede radicada allí.

El proceso. La información, a la que tuvo acceso DyN, está contenida en las declaraciones testimoniales de los tres funcionarios que trabajan en el área de informática del Consejo de la Magistratura y de la propia Cámara de Casación Penal, cuyos nombres no trascendieron por razones de seguridad.

El pasado 4 de febrero, cuando trascendió la investigación que involucra al ex juez Octavio Aráoz de Lamadrid en el presunto “tráfico de influencias” que menciona a los camaristas de Casación Eduardo Riggi, Mariano González Palazzo y Gustavo Mitchell, el Centro de Información Judicial emitió un comunicado bajo el título “Cómo es el sorteo de causas en la Cámara de Casación Penal”.

Allí, la página -que depende de la Corte Suprema- indicó que “se realiza a través de un sistema que administra el Consejo de la Magistratura y al que no se puede acceder desde el tribunal”.

Los empleados judiciales que declararon como testigos explicaron, sin embargo, que para el sorteo de salas existe un sistema de “bolillero virtual”, que consiste -en el caso de la Casación- en “11 bolilleros diferentes, para cada uno de los rubros o motivos por los que las causas ingresan en la cámara”.

El programa de computación está pensado para “lograr una distribución equitativa de las causas ingresadas entre las distintas salas”, de manera de evitar que una de ellas esté sobrecargada de expedientes mientras otra tiene unos pocos.

El mecanismo es automático, y “cuando ingresa un expediente que debe ser sorteado, el sistema toma las salas que para el rubro del recurso correspondiente tienen la mínima cantidad de expedientes”.

“Cuando las salas disponibles para el sorteo son dos o más, el sistema selecciona una de ellas mediante un algoritmo de generación de números al azar, que escogerá a cualquiera. Si sólo una sala permanece en el ‘bolillero virtual’, la asignación se le efectuará directamente”, explicaron los funcionarios.

La trampa. Esa es una de las formas de “elegir” el tribunal: esperar que la sala escogida quede sola en el “bolillero virtual” y en ese momento ingresar el expediente, aunque para ello -claro está- es necesario que quienes realicen la maniobra conozcan la distribución de los expedientes.

“Todas las personas que tienen acceso al equipo donde están las bases de datos pueden conocer el estado del bolillero”, y esa lista se nutre, entre otros, de “todos o algunos de los empleados del Centro de Cómputos” y del Departamento de Operaciones”.

“Todas esas personas tienen la posibilidad de modificar el estado del bolillero”, refirieron los testigos.

De esa forma se podría manipular un sorteo, pero de las declaraciones se desprende que ello no es estrictamente necesario para elegir qué tribunal debe intervenir.

Fuente: DyN

Demora la Casa Rosada el nombramiento de jueces Por Rodríguez Niell

Trabas a la Justicia / La oposición denuncia motivaciones políticas.

La Presidenta tiene en su poder 158 ternas para elegir candidatos; 40, desde hace más de un año.

El trámite para cubrir las vacantes judiciales está trabado, como nunca antes, en el Poder Ejecutivo: la Casa Rosada tiene en su poder 158 ternas para nombrar jueces nacionales y federales, y como la Presidenta no elige a sus candidatos, los procesos de designación están frenados.

En teoría, no hay motivos para semejante demora, que perturba el normal funcionamiento de la Justicia. El trámite es simple. El Poder Ejecutivo recibe una terna de candidatos propuesta por el Consejo de la Magistratura, elige a uno y lo envía para su aprobación al Senado. Sólo debe esperar, como requisito previo, 30 días hábiles para eventuales impugnaciones. Eso podría explicar que no estén resueltas aún las últimas ternas que recibió el Gobierno (39 son de los últimos dos meses), pero 40 de los 158 expedientes que acumula le llegaron hace más de un año.

Mientras tanto, más del 20% de los juzgados están vacantes, a cargo de jueces vecinos o subrogantes, que muchas veces son aspirantes a jueces a la espera de ser elegidos. ¿Por qué la Presidenta no cubre las vacantes? El presidente de la Asociación de Magistrados sostuvo que, en el mejor de los casos, "hay despreocupación". Según la oposición, un motivo es que los subrogantes son más presionables; otro, que el kirchnerismo ya no tiene garantizada la mayoría en el Senado, que debe darle acuerdo a cada candidato.

Fuentes del Gobierno lo niegan. Dicen que no hay nada irregular, que hay 59 ternas en proceso de impugnación y que elegir a un juez lleva tiempo.

"Nunca el número había sido tan alto como este año. Hay al menos una política de despreocupación", dijo a La Nacion el presidente de la Asociación de Magistrados, Luis Cabral, que advirtió que esto crea "una situación de endeblez" en la Justicia. "El subrogante no tiene los mismos resguardos que un juez ya nombrado. Además, muchos están a la espera de una designación", afirmó.

Esto es, según la oposición, un motivo central de la demora. "El Gobierno pretende sacar ventaja doble -afirmó el senador Ernesto Sanz (UCR), que acaba de terminar su mandato en el Consejo-. Por un lado, manejándose con subrogantes, que por su precariedad van a ser más afines al poder; por el otro, desgastando a los ternados en una suerte de competencia para ver quién hace más méritos para ser elegido".

Fuentes del Ministerio de Justicia hicieron hincapié en que muchas ternas son recientes. "Hay 42 en período de publicación, 17 a la espera de las impugnaciones y 25 en elaboración de los informes posteriores". Incluso según esta explicación, habría 74 vacantes que sólo requerirían una decisión presidencial para cubrirse.

Hace años que los jueces reclaman más celeridad, tanto al Poder Ejecutivo como al Consejo. En la última Conferencia Nacional de Jueces, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, dijo que "lo primero para hablar de una Justicia independiente es que haya jueces", que no se puede demorar dos años en cubrir las vacantes y que la perjudicada es la ciudadanía.

Una vez que la Presidenta elige a sus candidatos, el trámite sigue en el Senado. Hoy, el kirchnerismo no tiene mayoría en la Comisión de Acuerdos de la Cámara alta y no tiene garantías de que se vaya a avalar a sus postulantes (ver aparte). Una persona que conoce de adentro cómo el Gobierno elige a los jueces relató a La Nacion que en los últimos meses un nuevo factor demoró el proceso. "Después de la muerte de Néstor Kirchner se rompió el circuito de selección -afirmó-. Había actores muy influyentes a la hora de recomendar candidatos al Gobierno que hoy perdieron poder."

Récord mínimo

Una vez que el Consejo elevó la terna, la Presidenta eligió a su candidato y el Senado le dio acuerdo, un decreto presidencial pone al nuevo juez en funciones. Durante 2010, sólo seis magistrados cumplieron este proceso y fueron designados. Es el número más bajo de la última década. Mientras tanto, sólo por renuncia, se fueron 30 jueces.

En total, hay 203 vacantes por cubrir, una cifra que casi no ha variado en los últimos años. La diferencia es que antes la mayor parte de los expedientes estaba en el Consejo, que hoy tiene 41 concursos en trámite, según sus datos oficiales.

En materia de subrogancias, la Casa Rosada también está en deuda. En 2007, la Corte advirtió que los subrogantes que nombraba el Consejo eran inconstitucionales y que en un año debía establecerse por ley un nuevo sistema para nombrar suplentes. El Congreso sancionó la ley: estableció que los nuevos interinos iban a ser o bien un juez vecino o bien quien eligiera el Senado de una lista que debía enviarle el Gobierno. Pasaron dos años y medio, y Cristina Kirchner nunca mandó su lista.

Pero las demoras no son exclusivas del Gobierno. El caso más grave está en el Consejo: es el concurso para cubrir cuatro juzgados del fuero federal penal, donde están las principales causas de corrupción. Tiene más de cinco años. Fue anulado a instancias del oficialismo y está bajo sospecha de trampas. En tanto, una de las vacantes la cubre el juez Norberto Oyarbide; otra, el juez Sergio Torres, y las otras dos, Marcelo Martínez de Giorgi, que es subrogante.

LA ELECCIÓN

1.- Consejo de la Magistratura

Los postulantes se anotan en el Consejo, rinden un examen, se evalúan sus antecedentes y se forma la terna de candidatos que se remite al Poder Ejecutivo. El año pasado, se puso en marcha un nuevo reglamento de concursos; entre otros motivos, para darles más transparencia a los procesos. Hubo serias denuncias de trampas.

2.- Poder Ejecutivo

Esta etapa está regulada por el decreto 588/03, que establece que una vez que el Ministerio de Justicia recibe las ternas, las publica (para que se puedan presentar observaciones a los candidatos) y tiene 30 días hábiles para elevar las actuaciones a la Presidencia. Según este decreto, Cristina Kirchner no tiene un plazo para elegir a su candidato. Sin explicación, el Gobierno tiene 40 vacantes frenadas desde hace más de un año.

3.- Senado

El último paso es que el postulante obtenga el acuerdo del Senado, donde el kirchnerismo ya no tiene el poder que tuvo en otros tiempos. Después, un decreto presidencial lo pone en funciones.

fuente: http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1340238&origen=NLTitu&utm_source=newsletter&utm_medium=titulares&utm_campaign=NLTitu

UN VERDADERO QUISTE DE LA DEMOCRACIA: La Mafia Judicial

Recopilación de notas de investigación:

Denuncian en la Justicia el “organigrama de la mafia judicial” revelado por Tribuna en 2009

En junio de 2009, Tribuna de Periodistas publicó una jugada investigación que mostró al desnudo el organigrama de la mafia judicial vernácula. Fue toda una muestra de coraje, no solo por la denuncia en sí, sino porque muchos de los colegas que trabajan en este medio estaban cursando denuncias en su contra por calumnias e injurias —por parte de poderosos funcionarios K— y algunos de los magistrados denunciados en ese informe debían “entender” en esos litigios.

En la nota de marras, se mostró cómo se designan “a dedo” a ciertos jueces que hoy ocupan lugares de relevancia judicial.

“Pocos saben es que existe todo un sistema detrás de la designación de muchos jueces que permite digitar a los futuros ocupantes de los más importantes juzgados,a piacere de ciertos grupos de poder. De más está decir que, ese mismo ‘grupo’, tendrá luego potestad absoluta sobre los jueces puestos a dedo”, se dijo entonces. Acto seguido, se describió la trama maldita.

Pasado más de un año y medio de esa indagación, en las últimas horas se ha presentado una denuncia judicial para que se investigue lo allí denunciado.

El encargado de hacerlo ha sido el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten, quien  se involucró “en orden a los hechos que en principio podrían constituir los delitos de prevaricato contemplado en elArt. 269 del Código Penal de la Nación, falsedad documental e ideológica de documento público, incumplimiento de deberes de funcionario público, abuso de autoridad, asociación ilícita (Art. 249 y 210 del Código Penal), cohecho, tentativa de estafa procesal, defraudación, trafico de influencias y cualquier otro ilícito que surja de la investigación”.

La acción judicial se dirige contra quien hasta hoy inviste el cargo de Juez de Instrucción Nº11 de la Capital Federal, Luis Osvaldo Rodríguez; los actuales integrantes de la Sala Sexta de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de Capital Federal, Mario Filozof y Julio Marcelo Lucini; y también contra Francisco Javier Fernández, auditor general de la Nación(AGN), denunciado por este periódico en infinidad de oportunidades por su lobby sobre los jueces federales que entienden en causas sensibles al oficialismo de turno.

Fundamentos de la denuncia

Dice el escrito judicial: “Los denunciados tuvieron participación activa en la investigación respecto de los titulares de la firmaPublicidad Sarmiento S.A., Orlando Roberto Terranova yEduardo Raúl Terranova, en el marco de la adjudicación del Mobiliario Urbano porteño, cometiendo delitos de todo tipo para beneficiar a empresas y personas, y perjudicar a la ganadora indiscutible de la licitación de marras”.

En dichas actuaciones, los magistrados Luis Osvaldo Rodríguez—el mismo que se copió en los exámenes para el concurso del Consejo dela Magistratura Nº140— y los integrantes de la Sala Sexta, Filozof yLucini —como juez subrogante el primero y como miembros de la alzada los segundos— “cometieron múltiples delitos en connivencia con un funcionario de la Auditoría General de la Nación (AGN),Francisco Javier Fernández, sindicado como el lobbysta que tenía a su cargo un intenso tráfico de influencias para lograr sus fines en una aceitada organización criminal”.

Finalmente, el escrito asegura que, “a mayor abundamiento existen numerosas pruebas de la denuncia que aquí y hoy se radica en la Causa232/10 —acumulada a la Causa 228/10— en trámite ante el Consejo dela Magistratura de la Nación, las cuales deberán recabarse mediante oficio de estilo o una copia certificada de las mismas para el momento en que se me cite a ratificar y ampliar la misma, por existir antecedentes allí glosados que hacen a esta presentación”.

¿Servirá esta denuncia para acabar con un sistema perverso que involucra a jueces, camaristas y hasta a periodistas de renombre?

Christian Sanz

05/01/11

25 / 06 / 2009

El organigrama de la mafia judicial

MOBILIARIO URBANO, APRIETES Y UNA OPERACIÓN CONTRA MACRI

Decir que la Justicia argentina está fuertemente corrompida, es una verdad de perogrullo. Ojo, no significa esto que todos los jueces autóctonos son corruptos, sino algunos de ellos. El problema es que se trata de aquellos que ocupan fueros de relevancia como el Federal o el Contencioso Administrativo.

Lo que pocos saben es que existe todo un sistema detrás de la designación de esos magistrados que permite digitar a los futuros ocupantes de los más importantes juzgados, a piacere de ciertos grupos de poder. De más está decir que, ese mismo "grupo", tendrá luego potestad absoluta sobre los jueces puestos a dedo.

    El sistema es bastante simple y se sustenta en tres patas: la primera tiene que ver con el titular de un estudio jurídico ubicado en Av. Córdoba 323 de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata del ex número 2 de la Secretaría de Inteligencia —ex SIDE—, en épocas de la presidencia de Fernando de la Rúa, Darío Richarte, quien puede jactarse de la designación de algunos de los jueces que en los últimos años han demostrado no tener ética alguna a la hora de impartir justicia. Uno de ellos es el titular del juzgado Federal Número 1 de Zárate-Campana, Federico Faggionato Márquez, un funcionario tan ímprobo que acumula casi 40 denuncias ante el Consejo de la Magistratura.

    La segunda pata del sistema la aporta un importante funcionario de la Auditoría General de la Nación (AGN), Javier Fernández, un interesante personaje que suele "visitar" juzgados con causas sensibles al gobierno de turno a efectos de presionar sutilmente a los magistrados a cargo de esas dependencias. Si algo puede decirse en favor de Fernández es que su trabajo es muy eficaz: casi siempre termina "convenciendo" a sus eventuales interlocutores.

    La tercera pata es mediática y la aportan dos conocidos mercenarios de los medios: Daniel Hadad, afecto a resolver muchos de sus conflictos a fuerza de videos y fotografías comprometedoras; y Daniel Vila, dueño del mendocino grupo Uno y acusado, al igual que Hadad, de prácticas reñidas con la ética y la ley. A estos debe sumarse Sergio Szpolski, compulsivo comprador de medios que no puede justificar su fortuna y supuesto testaferro del kirchnerismo.

    Por caso, todo lo que ha ocurrido en torno a la desinvestigación de la denominada "ruta de la efedrina" es mérito de algunos de estos personajes. Veamos el botón de muestra.

    Richarte ha sido quien hizo nombrar al juez de Campana, Faggionato Márquez; Hadad fue quien periodísticamente siguió más de cerca la causa judicial de la efedrina —de la mano del periodista Paulo Kablan, único que pudo ver el expediente de marras—; y Fernández ha sido quien digitó los pasos del magistrado a pedido del kirchnerismo, especialmente en las últimas semanas, cuando se armó la operación política contra Francisco De Narváez.

    Así funciona, más o menos, este aceitado sistema que subyace hasta la fecha con la complicidad y el silencio de importantes funcionarios oficiales. 


Dos pícaros sinvergüenzas
    Javier Fernández llegó a la AGN en 2001 gracias al cuestionado ex ministro menemista Rodolfo Barra, quien presidió ese mismo organismo entre 1999 y 2001. Si bien su nombre es desconocido para la sociedad —ese es uno de sus mayores méritos—, no lo es tanto para los jueces más importantes del fuero Federal.

    "Tiene tal poder que en su momento el Senado le brindó un apoyo poco común para renovar su mandato en la Auditoría", admitió un importante funcionario judicial que camina los pasillos de Comodoro Py 2002, sede de la justicia Federal de la Ciudad de Buenos Aires. El dato no es menor, ya que Fernández fue propuesto por el oficialismo y obtuvo el voto favorable de los 57 senadores, incluido el socialista Rubén Giustiniani.

    Su nombre y poder no son recientes, ya en el año 1997 un estudio llamado Marval, O´Farrell & Mairal, uno de los más importantes del país, denunció que dos "influyentes judiciales" le pidieron a la empresaCentral Puerto un millonario soborno a cambio de que la Sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo dictase una sentencia favorable a sus intereses. El entonces juez Gabriel Cavallo procesó por este hecho al hermano de Javier Fernández, Claudio ídem, secretario letrado de ese tribunal de apelaciones.

    Hoy en día, Fernández es célebre por "frenar" importantes investigaciones que tramitan en la AGN y que salpican a funcionarios del kirchnerismo. Sólo necesita usar su increíble poder de "disuasión".

    Su gran "socio" es Darío Richarte, funesto número dos de la ex SIDE en épocas de la Alianza y titular del estudio jurídico que defiende a muchos de los funcionarios kirchneristas complicados en graves hechos de corrupción. Como botón de muestra, puede mencionarse que tres de sus clientes son el ex director del Occovi, Claudio Uberti; el ministro de Planificación Federal, Julio de Vido; y Jorge Matas, el funcionario de la Cancillería desplazado por el caso de los autos con franquicias diplomáticas.

    Finalmente, esa dable mencionar que el socio de Richarte, encargado de estampar la firma y llevar y traer los escritos de las causas que desvelan al oficialismo, es Diego Pirota, "un joven abogado de escasa trayectoria profesional", según publicó oportunamente diario Perfil. 


Corrupción publicitada

    Hace unos años, una firma mendocina llamada Publicidad Sarmientoganó, luego de un proceso de más de cuatro años de duración, una licitación para hacerse cargo del mobiliario urbano de la Ciudad de Buenos Aires, esto es, la publicidad callejera de las paradas de colectivos, los carteles de las calles y las pantallas publicitarias. Fue una compulsa como pocas: tuvo más de once medidas cautelares y atravesó tres administraciones: Aníbal Ibarra, Jorge Telerman y Mauricio Macri.

    En el marco de esa competencia, Sarmiento fue víctima de una serie de certeros ataques públicos y privados a través de la Justicia y ciertos medios de comunicación que no se destacan justamente por su honestidad periodística. ¿El objetivo? quitarla del medio en el marco de un negocio millonario relacionado con la publicidad en la vía pública, utilizando puntuales recursos y metodologías de los personajes arriba descriptos.

    La historia de la licitación es realmente de película y merece ser relatada. Su comienzo fue durante el último año de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires por parte de Aníbal Ibarra, cuando las firmasPublicidad Sarmiento, perteneciente a los mendocinos hermanos Orlando y Eduardo Terranova; Spinazzola Vía Pública, perteneciente al Ing. Augusto Spinazzola —muy cercano a los servicios de Inteligencia (1)—; Grupo al Sur, relacionada con el secretario de Medios, Enrique PepeAlbistur; y Viacart, vinculada a Daniel Hadad; junto a otras cuatro firmas, se presentaron para competir por el mobiliario urbano porteño. En medio del análisis de la licitación, Ibarra fue eyectado de su cargo por la tragedia del boliche República Cromagnón y no pudo avanzar un ápice en la resolución de la compulsa.

    Telerman fue el sucesor natural de Ibarra, pero tampoco pudo resolver la cuestión: cuando recibió la "papa caliente", quedó totalmente paralizado en medio de las presiones cruzadas que recibió en esos días por parte de algunos de los titulares de las firmas involucradas en la competencia.

    Tuvo que asumir Macri para que terminara de una vez y por todas la carrera por la adjudicación de las carteleras de la Ciudad. Así, en 2008, con la apertura del primer sobre, la empresa de los Terranova quedó en primer lugar.

    A partir de ese momento, comenzó una campaña sucia por parte de las firmas de la competencia, para intentar obtener, por medios cuestionables, lo que no pudieron conseguir legalmente. La primera en "operar" fue Spinazzola, que presentó una denuncia judicial contra publicidad Sarmiento acusando a sus titulares de haber presentado documentación falsa que les habría permitido ganar ese primer lugar.

    La queja fue recibida por el juez de instrucción Facundo Cubas, quien no sólo sobreseyó a los acusados, sino que admitió ante este cronista la falsedad de la denuncia de Spinazzola. La medida dio lugar a una apelación por parte del ex juez Mariano Bergés —hoy abogado deSpinazzola— ante la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, que culminó con un nuevo sobreseimiento de los Terranova.

    Posteriormente, el fallo fue —nuevamente— apelado por Bergés y hoy está a consideración de los jueces Julio Marcelo Lucini y Mario Filosof, los cuales deben resolver en las próximas horas si los titulares deSarmiento son culpables o inocentes del delito que se les imputa (2).

    El inminente fallo será imprescindible para saber cómo sigue el culebrón, especialmente en momentos donde los llamados telefónicos cruzados por parte de empresarios, políticos y funcionarios judiciales han recrudecido de manera exponencial.
    

Teléfono descompuesto
    En agosto de 2008, Tribuna de periodistas comenzó su investigación sobre este tema, movilizado por las inentendibles demoras en torno a la mencionada licitación. Se habló a esos efectos con casi todos los involucrados en la trama, incluidos empresarios, periodistas y algunos funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de la Justicia. Sin embargo, cuando se pidió la pertinente entrevista con el juez Lucini —quien debe decidir en estas horas cómo sigue la licitación—, este no quiso acceder a hablar.

    En un principio se tomó como un hecho natural y normal de un funcionario que no quería tener contacto con la prensa, pero pronto se supo el por qué de la decisión: Lucini tuvo en los últimos días puntuales contactos con Javier Fernández, el lobbysta y funcionario de la AGN mencionado al principio de esta nota.

    El dato no parece casual, sobre todo cuando se recuerda que uno de los "socios" del poderoso auditor es el mismísimo Daniel Hadad, cara visible de Viacart, una de las firmas que acompañan a Spinazzola en sus denuncias y "pataleos".

    Si a los mencionados se agrega la participación del secretario de Medios, Pepe Albistur —a través de su "dominio" sobre los medios de comunicación de Sergio Szpolski— podrá entenderse por qué este escándalo llegó adonde llegó, barriendo a su paso las buenas intenciones de algunos funcionarios que intentaron actuar conforme a derecho.

    Albistur sumó al escándalo un condimento adicional, al incluir en la disputa a algunos de sus "socios políticos", como son las empresas Pinta Baires SRL y Moll Cooperativa de Trabajo Ltda., así como también elSindicato Único de la Publicidad, quienes se han presentado en el expediente de marras adhiriendo al certero "embarrado de cancha".

    En resumen, todos los mencionados —de la inestimable mano de Richarte y Fernández— han hecho una operación mediática-judicial que no tiene parangón en la historia, a efectos de usurpar un negocio multimillonario y perjudicar al jefe de Gobierno Mauricio Macri a pocos días de las elecciones legislativas.

    Se ha injuriado y calumniado a funcionarios y a firmas intachables, se ha operado sobre el periodismo para desinformar y hasta se ha apretado a jueces y camaristas para que refrendasen la farsa oficial. Nada ha quedado librado al azar a la hora de avanzar en esta vergonzosa confabulación.


Concluyendo
    El día 6 de octubre de 2008, diario La Nación entrevistó a la entonces vicejefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriela Michetti en el marco del tema del mobiliario urbano de la ciudad. Allí, la funcionaria denunció que la administración local enfrenta la “resistencia de intereses empresariales”. Y puso como ejemplo la demorada licitación de la publicidad callejera. Dijo: “No sabemos qué hay detrás de las trabas. Si no hay avances vamos a tener el control del servicio”.

    En realidad, Michetti conoce cuáles son los intereses que se han movido en las sombras para "empiojar" la licitación del mobiliario urbano, pero no se atreve a mencionarlos. La debilidad y la tibieza son dos de sus peores defectos, los cuales comparte con su jefe, Mauricio Macri.

    Por caso, dos de las fuentes consultadas para el presente artículo —ambos funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con íntima llegada al jefe supremo porteño—, han admitido conocer parte de la trama aquí relatada y confesaron haberlo hablado con el propio Macri.Sin embargo, nada se ha hecho desde la jefatura de gobierno para hacer público este escándalo.

    Más allá de lo que decida hacerse desde las oficinas porteñas, sería interesante que algún juez o fiscal tuviera el coraje de indagar sobre lo aquí denunciado. La evidencia de ello está en poder de este periódico y será gentilmente entregada a quien tenga el coraje de buscar la verdad.

    No es poco.

Christian Sanz

(1) La relación de Spinazzola con la ex SIDE fue desnudada por el diario de Río Negro de esta manera: "Carlos Alberto Lorenzati, casi 59 años, llegó en el 2006 al gobierno de Saiz. Su informal presentación se centró en su paso por la SIDE, actividad que desconocen los registros oficiales.
    Lorenzati no figura en la base de ANSES entre 1977 y 1996. Su primera referencia pertenece a 1972 al ingresar al Instituto Geográfico Militar, que concluye en 1977. Quince años después, reaparece en los padrones estatales. En 1992 se inscribe en la AFIP con un negocio de 'pizzería, grill y parrilla', en Boulogne. ANSES recupera aportes de Lorenzati recién en 1996 cuando se incorpora al Banco Nación, al que pertenece hasta el 2004. En 2006, el funcionario ingresa como funcionario de Río Negro.
    En materia de investigación, también creó una empresa propia en 1997: la Central de Inteligencia Económica (CIE), junto al ingeniero Augusto Spinazzola".

(2) A las pocas horas de haber publicado el presente artículo, la Cámara falló finalmente contra Sarmiento, confirmando los anticipos de este medio, no sólo respecto al pronunciamiento adverso, sino también a la presión judicial ejercida sobre los camaristas.