Fue en un informe sobre la actuación de la Superintendencia de Seguros de Salud y la Administración de Programas Especiales (APE). Identificaron troqueles de remedios falsos, beneficiarios fallecidos con reintegros y 694 operaciones de cadera a enfermos sin identificar sus edades. La UCR prepara una presentación penal.
17.03.2012 16:36:00
La Auditoría General de la Nación que levantó el perfil tras difundir informes sobre el funcionamiento de los tres después del choque de una formación en Once, volverá a la carga en los próximos días con un informe que revelará graves fraudes entre Gobierno con las obras sociales.
El trabajo, adelantado en el diario Perfil, surge de una investigación de la actuación entre 2005 y 2010 de la Superintendencia de Seguros de Salud, encargada de controlar el manejo de fondos entre las obras sociales y el Gobierno; y la polémica Administración de Programas Especiales (APE), un fondo destinado a financiar intervenciones costosas.
La investigación detectó graves ineficiencias amparadas por estos organismos, como prestaciones a personas ya fallecidas, operaciones de cadera a afiliados de 170 años, troqueles de medicamentos truchos y expedientes firmados por médicos sin registro, son sólo algunas de las irregularidades detectadas por el organismo de control.
El preinforme consta nada más que de 10.114 expedientes tramitados en el APE a través de más de 40 obras sociales. Y una vez que sea aprobado por el organismo presidido por Leandro Despouy derivará en una denuncia de la UCR, a través del senador José Cano.
Un dato que revela Perfil es que los auditores denuncian que no le fueron suministrados 43 expedientes de apoyos financieros, de los cuales, “27 expedientes se encuentran en el Juzgado Nacional y Correccional Federal Nª 5, a cargo del juez Norberto Oyarbide”, correspondientes a la megacausa de la “mafia de los medicamentos”.
Pero con el material obtenido detectaron deficiencias extremas. Por ejemplo, se denuncia que hay 923 expedientes, que corresponden a 117 beneficiarios que habían fallecido con anterioridad a la fecha en la que se le realizaron las supuestas prácticas médicas.
Sólo en este aspecto, las obras sociales facturaron $ 2.195.097, que fueron motivo de reintegro de parte del APE. En este aspecto están incluidas obras sociales de grandes gremios, como Camioneros, Colectiveros, Bancarios, Ferroviarios, Docentes y Mercantiles, entre muchas otras.
Un dato llamativo son las operaciones de cadera: Se encontraron 694 casos en los que no se pudieron determinar las edades de los beneficiarios. Pero además, hubo 11 casos en los que las personas presuntamente intervenidas superaban los 100 años, inclusive con personas que supuestamente tenían 178, 137, 128, 121 y 113 años. El rubro insumió en el período evaluado, más de $ 13 millones.
Otro aspecto se refiere a las personas con discapacidad: Los auditores encontraron que 251 personas con esa condición no contaban con “declaraciones juradas de discapacidad, ni el aval de la historia clínica, o del médico auditor ni se encontró la conformidad del beneficiario o titular”.
En el caso de los medicamentos truchos, denuncia que ya tiene trámite judicial, quedó de manifiesto que uno de los aspectos cruciales del sistema irregular era la presentación de troqueles de remedios falsos. En este caso, no se han podido certificar como legítimos”, medicamentos por $4,6 millones.
Se detectan también un notable incremento de aportes realizados como “excepción”, que según se indica, “por su esencia no revisten un tratamiento prolongado, con lo cual es de esperarse que al tratarse de excepciones el apoyo económico no sea constante entre ejercicios”.
Pero bajo este rótulo de “excepción” se han aplicado stent coronarios y vasculares, y prótesis cardíacas, entre otras prestaciones de alta complejidad. Mientras que en el año 2000, sólo se aportaron $32 en este apartado, en 2010 fue de casi $423 millones.
En cuanto a las irregularidades administrativas, se detectó que en el 43% de los casos en los que los datos del auditor médico no figura registrado, e inclusive hay casos en los que el auditor médico ni siquiera tenía la matrícula profesional.
Además, en el 73 % de los expedientes analizados hay faltante de documentación (facturas, recibos, historias clínicas, análisis de laboratorio, etc.). Los trámites abarcan prácticas por más de $16 millones.
El trabajo, adelantado en el diario Perfil, surge de una investigación de la actuación entre 2005 y 2010 de la Superintendencia de Seguros de Salud, encargada de controlar el manejo de fondos entre las obras sociales y el Gobierno; y la polémica Administración de Programas Especiales (APE), un fondo destinado a financiar intervenciones costosas.
La investigación detectó graves ineficiencias amparadas por estos organismos, como prestaciones a personas ya fallecidas, operaciones de cadera a afiliados de 170 años, troqueles de medicamentos truchos y expedientes firmados por médicos sin registro, son sólo algunas de las irregularidades detectadas por el organismo de control.
El preinforme consta nada más que de 10.114 expedientes tramitados en el APE a través de más de 40 obras sociales. Y una vez que sea aprobado por el organismo presidido por Leandro Despouy derivará en una denuncia de la UCR, a través del senador José Cano.
Un dato que revela Perfil es que los auditores denuncian que no le fueron suministrados 43 expedientes de apoyos financieros, de los cuales, “27 expedientes se encuentran en el Juzgado Nacional y Correccional Federal Nª 5, a cargo del juez Norberto Oyarbide”, correspondientes a la megacausa de la “mafia de los medicamentos”.
Pero con el material obtenido detectaron deficiencias extremas. Por ejemplo, se denuncia que hay 923 expedientes, que corresponden a 117 beneficiarios que habían fallecido con anterioridad a la fecha en la que se le realizaron las supuestas prácticas médicas.
Sólo en este aspecto, las obras sociales facturaron $ 2.195.097, que fueron motivo de reintegro de parte del APE. En este aspecto están incluidas obras sociales de grandes gremios, como Camioneros, Colectiveros, Bancarios, Ferroviarios, Docentes y Mercantiles, entre muchas otras.
Un dato llamativo son las operaciones de cadera: Se encontraron 694 casos en los que no se pudieron determinar las edades de los beneficiarios. Pero además, hubo 11 casos en los que las personas presuntamente intervenidas superaban los 100 años, inclusive con personas que supuestamente tenían 178, 137, 128, 121 y 113 años. El rubro insumió en el período evaluado, más de $ 13 millones.
Otro aspecto se refiere a las personas con discapacidad: Los auditores encontraron que 251 personas con esa condición no contaban con “declaraciones juradas de discapacidad, ni el aval de la historia clínica, o del médico auditor ni se encontró la conformidad del beneficiario o titular”.
En el caso de los medicamentos truchos, denuncia que ya tiene trámite judicial, quedó de manifiesto que uno de los aspectos cruciales del sistema irregular era la presentación de troqueles de remedios falsos. En este caso, no se han podido certificar como legítimos”, medicamentos por $4,6 millones.
Se detectan también un notable incremento de aportes realizados como “excepción”, que según se indica, “por su esencia no revisten un tratamiento prolongado, con lo cual es de esperarse que al tratarse de excepciones el apoyo económico no sea constante entre ejercicios”.
Pero bajo este rótulo de “excepción” se han aplicado stent coronarios y vasculares, y prótesis cardíacas, entre otras prestaciones de alta complejidad. Mientras que en el año 2000, sólo se aportaron $32 en este apartado, en 2010 fue de casi $423 millones.
En cuanto a las irregularidades administrativas, se detectó que en el 43% de los casos en los que los datos del auditor médico no figura registrado, e inclusive hay casos en los que el auditor médico ni siquiera tenía la matrícula profesional.
Además, en el 73 % de los expedientes analizados hay faltante de documentación (facturas, recibos, historias clínicas, análisis de laboratorio, etc.). Los trámites abarcan prácticas por más de $16 millones.
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