“La Justicia actual es ilegítima, corporativa y oscurantista”, dijo la procuradora Alejandra Gils Carbó. De los 730 jueces en ejercicio, 400 fueron designados por el kirchnerismodesde el 2003 hasta la actualidad, el 54,8%. Y de esos cuatrocientos, 299 fueron nombrados después de la reforma del Consejo de la Magistratura, esto es por un consejo con mayoría kirchnerista. Nombramientos que tampoco fueron apresurados: Cristina se tomó, en promedio, trece meses para designar a cada juez.
La Procuradora Gils Carbó habla como si acabara de llegar al país. En el mismo tono lo hace la Presidenta cuando formula su proyecto de “democratización de la Justicia”, en verdad el intento kirchnerista por terminar de dominar el aparato judicial.
“Las presiones no tienen límites”, describe a Clarín un camarista federal. “Nunca se vio una cosa igual. En otros gobiernos tal vez te pedían ‘llamalos después de la feria’. Hoy, en cambio, te piden una detención.
Inventan causas para perseguirte. Hoy te llama Zannini directamente y te dice que si no le creés le dice a la Presidenta que te llame”.
“Los jueces nunca se condenan a sí mismos”, sostuvo la Presidenta en la inauguración del laboratorio Sinergium Biotech. El dato fue sometido al riguroso control de chequeados.com y es falso: “Desde el retorno de la democracia, hay más condenas penales dictadas por jueces nacionales y federales contra colegas que condenas contra legisladores y funcionarios nacionales de primera línea ”, afirmaron.
“Yo no estuve de acuerdo con la formación del Consejo de la Magistratura cuando era constituyente”, dijo ayer Cristina en su discurso de inauguración de la Asamblea Legislativa. Es cierto, aunque no explicó durante las casi cuatro horas plagadas de cifras porqué en 2006, siendo senadora, aprobó su reforma. En ese año el proyecto fue presentado por El y disminuyó sus miembros de 20 a 13, permitiéndole al oficialismo impedir la designación o destitución de un juez. Gracias a su nueva composición, el Consejo K desechó el 8 de julio de 2010 el pedido de juicio político contra Norberto Oyarbide por haber archivado la causa de enriquecimiento ilícito contra El y Ella. En 2010, 2011 y 2012 Oyarbide encabezó la lista de los jueces mas denunciados ante el Consejo. Se presume que durante esos años la Procuradora Gils Carbó y la Presidenta Kirchner se encontraban en el país, pero se mantuvieron en silencio con respecto al punto.
“Estamos con un gobierno que gobierna hace diez años”, le dice a Clarín Alejandro Fargosi, representante de los abogados en el Consejo.
“¿Recién ahora no funciona la justicia?” Es innegable: la justicia no funciona. Un rápido repaso a algunos de los funcionarios kirchneristas sobreseídos deja en evidencia la certeza de la afirmación: Ricardo Echegaray: fue sobreseído en la entrega irregular de subsidios a productores agropecuarios mientras estuvo al frente de la ONCCA.
Cristina Kirchner: fue sobreseída por el juez Canicoba Corral en la causa por enriquecimiento ilícito entre 2005 y 2007. Multiplicó su fortuna por nueve en siete años.
Amado Boudou: fue sobreseído por Canicoba Corral por violación de mails laborales en el Ministerio de Economía y por Oyarbide en la causa por refacciones por 100.000 pesos en el baño del Senado.
Ricardo Jaime: fue sobreseído en 2011 en una causa por autorizar la circulación de colectivos con más de diez años de antigüedad y el pasado 22 de febrero Oyarbide desestimó los mails que en 2010 la Justicia encontró en la computadora de su mano derecha, Manuel Vázquez, en los que se probaba la compra de vagones con sobreprecio a una empresa china, el pago de coimas en la compra de material ferroviario a España y Portugal y negocios con LAN y Embraer.
Carlos Menem: fue sobreseído en la causa de contrabando de armas a Croacia y Ecuador y por la construcción de cárceles con sobreprecios en Ezeiza y Marcos Paz.
“Una cautelar y un vaso de agua no se le niega a nadie”, dijo Cristina, que también ayer recordó el abuso de la corporación judicial frente a las medidas cautelares contra el Estado. Su madre, Ofelia Esther Wilhem, radicó una demanda contra la ANSES en 2008 y fue favorecida por aquella medida.
Fue realmente sorprendente ver ayer a la Presidente (cuando ya había superado las tres horas de discurso y después de tantas cifras uno se preguntaba: ¿qué población tendrá la Argentina?
Si se sumaba a todos los favorecidos por el gobierno en los últimos diez años, daba más de cien millones de habitantes. ¿Estaremos ayudando a países vecinos?) hablando de una ley sobre la transparencia judicial y el derecho del público a conocer las declaraciones juradas de todos los funcionarios. La masiva presencia de jóvenes empresarios de la Cámpora en el recinto tal vez ayude a convencer a Norberto Berner, miembro de su tropa, a manejar de otro modo la Inspección General de Justicia. Desde la asunción de Berner el año pasado, la IGJ emitió dos circulares internas limitando el acceso a la información. El diputado opositor Ricardo Gil Lavedra se topó contra esa pared cuando quiso datos sobre empresas vinculadas al caso Ciccone, y este diario tropezó con el mismo escollo cuando intentó averiguar datos del Registro de la Propiedad Inmueble vinculados al vicepresidente Boudou.
La trampa de la “democratización” de la justicia es idéntica a la Ley de Medio s: argumentos maravillosos que suenan como el canto de las sirenas y con los que nadie podría estar en desacuerdo, pero que apenas comienzan a ponerse en práctica con las miserias de la política, terminan convirtiendo en idiotas útiles a los hombres de corazón tierno que los apoyaron.
Acaba de comenzar la batalla que faltaba en la guerra por el poder absoluto.
Investigación: JL/ Maria Eugenia Duffard/ Amelia Cole.
FUENTE: CLARIN
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