El jueves se produjo la primera batalla de la guerra tecnológica mundial: la Casa Blanca, el FBI, el Departamento de Justicia, las discográficas Universal y Warner, entre otros sitios de la Web, fueron hackeados por Anonymous en respuesta al cierre de Megaupload.
En Argentina el tema fue casi inadvertido: la primera plana de los diarios del día siguiente estuvo dedicada a los barrabravas que tomaron por asalto el Hospital Santojanni.
Escribíamos hace unos meses en este diario que la revolución tecnológica dejó atrás a la política y la filosofía: las ciencias se quedaron sin respuesta frente a fenómenos concretos que ya forman arte de la vida cotidiana.
Un grupo de chicos en un garaje de Silicon Valley declaró obsoleto a Marx: la aparición de Internet ha modificado el concepto de propiedad, cambiado la lógica de distribución de los productos, eliminado el concepto de “copia” (¿cómo distinguir, en la era digital, cuál es el original?), y democratizado –como nunca antes, quizá, desde el nacimiento de la imprenta– el concepto de las comunicaciones.
Las redes de intercambio –también llamadas P2P– dieron nacimiento a las preguntas molestas: ¿es legal que, entre amigos, se presten los libros o los discos?
El problema es que esos amigos llegaron a convertirse en miles. Y a los libros les siguieron las películas, y luego las series, primero las viejas y más tarde las que se estrenaban, horas después de su salida al aire por el canal mundial que fuera, subtituladas por grupos de voluntarios que firmaban con nombres de guerra.
Asi como el reloj pasó a ser para las nuevas generaciones un objeto innecesario (los chicos miran la hora en el celular), la gran mayoría del público entre 15 y 35 años mira sus películas y escucha su música por Internet.
Dan por descontado que los asiste el derecho a la cultura, y que no deben pagar por ello.
Lo que comenzó como una desenfadada y romántica postura encontró, también, sus pescadores en río revuelto: muchas de esas páginas se llenaron de banners y se convirtieron en grandes negocios.
Ayer la prensa mundial informaba que Megaupload, por ejemplo, había recaudado 135 millones de euros en ese concepto.
La reacción inicial de algunos gobiernos fue francamente idiota: detener o multar a los consumidores, lucraran o no con ello.
Los políticos aún no entienden la Red: se llenan la boca con algunas palabras del libreto técnico pero le piden a la secretaria que baje sus mails.
Los consumidores, a su vez, sostienen que ya financian la cultura con impuestos directos y que no tienen por qué pagar dos veces.
Los autores, por su parte, viven en el desconcierto, y las industrias no han encontrado aún soluciones creativas de comercialización.
El espíritu anárquico de Internet tampoco ayuda: hace a su identidad y es casi imposible de controlar.
¿Tiene derecho Estados Unidos a convertirse en el celador mundial de la Red?
¿Qué sucederá con experiencias colaborativas como Wikipedia, donde millones de internautas escriben la enciclopedia y la actualizan con un código abierto?
¿Quién es el autor cuando son millones de ellos?
¿Cómo seguirán funcionando los sitios de agregación –como el Huftington Post, por ejemplo–, basados en linkear información de otros medios?
¿De quién son los derechos de los cientos de miles de programas de televisión o películas segmentadas que aparecen en YouTube?
No sirve de mucho dar respuestas viejas a problemas nuevos.
FUENTE: PERFIL
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