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jueves, 19 de enero de 2012

El Gobierno lanza un ataque relámpago. Por Adrián Ventura


La resolución 9/2012 que anteayer dictó el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, desnuda la política oficial sobre la prensa libre: el Gobierno no está dispuesto a desperdiciar ni siquiera un día para silenciar a los diarios independientes.
Basta con tomarse el trabajo de leer la resolución que reglamenta la ley 26.736, sancionada el 22 de diciembre último a instancias de la presidenta Cristina Kirchner, para advertir varios aspectos relevantes.
  • La reglamentación fue dictada apenas tres semanas después de sancionada la citada ley. Ni las Fiestas ni la operación de la primera mandataria distrajeron al Gobierno de su objetivo central de acallar las críticas.
  • Hasta ahora, la compra de papel para diarios y su importación eran absolutamente libres. A partir de ahora, en cambio, será una actividad intensamente regulada. Y, para que no quepan dudas, Economía se apresuró a fijar el monto de los cupos para la producción y para la importación de papel para el próximo trimestre.
¿Cómo calculó el Estado los cupos de papel que los diarios necesitan comprar a Papel Prensa o importar? No los consultó ni tampoco hizo un relevamiento. Hubo, otra vez, una decisión política que, más allá de ser discrecional, fue arbitraria o antojadiza. Pero lo más objetable no es si esos cupos satisfacen o no las expectativas de los diarios: lo objetable es el propio establecimiento de cupos para una actividad que debe ser absolutamente libre. La Argentina se dio el lujo de volver al primer gobierno de Juan Domingo Perón, pero lo hace copiando una receta aggiornada por Hugo Chávez al siglo XXI: se debe atacar a la prensa escrita, y también a los cables y a la televisión, para acallar todo resquicio de libertad.
  • La resolución también desnuda que el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, pasó a ser el hombre más fuerte del Gobierno. La resolución de Economía le delega a él la atribución de aplicar cupos, reglamentos y sanciones. El mismo hombre que, hace más de un año, ingresó en una asamblea de accionistas de Papel Prensa con guantes de box -al grito de "aquí no se vota"-, corporizando un estilo de gestión bravucón, pasó a ocupar un lugar central del poder.
Esta semana, las petroleras Repsol YPF, Shell, Esso, Oil y Petrobras experimentaron esa misma sensación: sufrieron una embestida del Gobierno por el precio del gasoil, y Sebastián Eskenazi, titular de Repsol, percibió que el centro de gravedad del poder se desplazó desde el ministro de Planificación, Julio De Vido -con quien había tejido un esquema de subsidios al gasoil- hacia Moreno.
Sin embargo, las petroleras realizan una actividad distinta a la prensa: ayer, cuando sus directores se reunieron con el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, una de las petroleras extranjeras amenazó con retirarse si la forzaban a aceptar precios máximos. La reunión se suavizó. En cambio, lo que precisamente busca el Gobierno con la ley de papel para diarios es asfixiar a Papel Prensa, a Clarín, a LA NACION o a cualquier otro medio independiente.
FUENTE: LA NACION

domingo, 18 de diciembre de 2011

La alarmante devaluación de la democracia. Por Joaquín Morales Solá


Hay vencedores y vencidos. El texto del proyecto que dispone la eventual confiscación de Papel Prensa y la algarabía de los diputados oficialistas en la noche de la votación tuvieron los trazos de una victoria de barrabravas. El problema de la democracia argentina es que los vencidos no son sólo LA NACION y Clarín, como coreó el kirchnerismo, sino también, fundamentalmente, la libertad de prensa. Un gobierno que controlará la producción nacional de papel para diarios y también las cuotas de importación, según el texto aprobado, se quedará con el dominio absoluto del insumo imprescindible de toda la prensa gráfica y, por lo tanto, de su libertad. No hay otra conclusión más clara y más certera que ésa.
La devaluación democrática ha tenido en los últimos días otros síntomas alarmantes. El diálogo fue abolido por los representantes del Gobierno. Quienes iban a ser condenados a la guillotina, los diarios, no pudieron ejercer su derecho a la defensa. La propia oposición se vio seriamente condicionada en su posibilidad de expresarse.Otros temas, como el presupuesto (la principal ley para el funcionamiento del Estado), los límites a la propiedad extranjera de la tierra o la brutal modificación de la ley que reglamenta el trabajo de los peones rurales, fueron despachados mediante un arrogante trámite exprés.
Una de las principales obligaciones que impone la democracia es el respeto a las minorías. Pero ese dogma es de imposible comprensión por un gobierno que se ha refugiado entre los duros. El ministro de Economía real, en los hechos, es Guillermo Moreno. Un hombre, Juan Manuel Abal Medina, dispuesto a seguir la moderación o la intolerancia con igual convicción, se ha hecho cargo de la Jefatura de Gabinete. Carlos Kunkel, Carlos "Cuto" Moreno, Diana Conti o Marcelo Fuentes son las personas que manejan en realidad el Congreso.
Un dejo de resentimiento, un reflejo siempre vengativo y mucho rencor acumulado guían los pasos de esos legisladores. Cristina Kirchner ha depositado gran parte del poder fáctico del Estado en manos del ala más fanática del kirchnerismo. La Presidenta se encontrará algún día con un conflicto: la historia registra que el fanatismo y los ultras han sido siempre minoritarios en las sociedades democráticas. Han sido, más bien, la causa infalible del fracaso de la política y de las naciones.
Un amplio y riguroso reglamento dictado por dos poderes del Estado para una sola empresa, cuyo producto, el papel para diarios, no falta en el mercado. ¿Qué es eso si no una persecución? El Estado (o el Gobierno, más precisamente) metido en la producción y comercialización de la producción nacional de papel y con amplias facultades para decidir sobre su importación, actualmente sin restricciones y sin aranceles. ¿Qué es esa obsesión sino el presagio de un control sobre lo que se escribirá más que sobre el mercado del papel?
Una increíble condena a un plan de inversión para pagar, según dice el proyecto, falsas acusaciones de delitos de lesa humanidad, que ningún juez probó nunca. ¿Qué es ese barroquismo sino el uso de la noble causa de los derechos humanos para saldar pobres pleitos actuales? Un Congreso que ignora que un artículo explícito y diáfano de la Constitución, el 32, le prohíbe dictar medidas contra la libertad de prensa. ¿Qué es eso sino la victoria de una decisión autoritaria sobre la letra y el espíritu de las instituciones?
Una nube de versiones falsas está tapando el centro de la cuestión. Diarios del interior apoyaban el proyecto oficial, decían los oficialistas. La asociación que agrupa a esos diarios, ADIRA, se pronunció rotundamente en contra del manotazo a un bien imprescindible de la prensa libre. No podía ser de otro modo. Sólo los diarios militantemente oficialistas apoyan el proyecto oficialista.
La Presidenta dijo el viernes que "el Estado generó la primera fábrica de papel para diarios". El Estado promovió, pero no generó nada. Los diarios que tienen actualmente la propiedad mayoritaria de la empresa debieron invertir 200 millones de dólares de la época (casi 700 millones de dólares actuales) para poner en funcionamiento la fábrica de Papel Prensa.

INESPERADOS ALIADOS

El primer fondo para la construcción de esa planta, antes de que se hicieran cargo sus actuales dueños, fue aportado por todos los diarios del país, no sólo por LA NACION y Clarín. El Estado nunca invirtió nada en Papel Prensa. Estamos hablando de los años 70. Cristina Kirchner le reconoció a la dictadura méritos que nunca tuvo. El rencor puede encontrar inesperados aliados.
Sectores de la oposición aprovecharon también el momento para liquidar antiguos resentimientos con la prensa. La política y el periodismo estarán siempre, y forzosamente, encerrados en un clima de tensión. El discurso de Ricardo Alfonsín provocó más nostalgias de su padre, que sabía distinguir con claridad entre la anécdota y las condiciones sustanciales de la democracia. Felipe Solá traspapeló sus recientes discursos republicanos. Mauricio Macri y Hermes Binner (a quienes la mitología política considera los únicos que quedaron con vida después del 23 de octubre) aportaron el silencio, que es el peor aporte cuando los valores más esenciales están irremediablemente heridos. La vida pública exige responsabilidades que van más allá de las comodidades personales o políticas.
La venganza kirchnerista con el periodismo fue ya explícita cuando una comisión del Senado aprobó el proyecto la misma noche que éste había sido sancionado por Diputados. No había ningún apuro más que el de ofrecerle a la Presidenta el regalo de la extrema disciplina. ¿Fue malo? No. La evidencia irrefutable es mejor que el disimulo. ¿De qué serviría el maquillaje de la amabilidad y la cortesía si, en última instancia, el proyecto se aprobará tal como lo quiso la jefa del kirchnerismo? Ya que el agravio a la libertad es un desastre, que lo sea hasta el fondo.

MOYANO, EL ÚNICO LÍMITE

Hugo Moyano es víctima también del diálogo proscripto. El jefe cegetista se ha convertido, con todo, en el único límite real y práctico con el que tropezó Cristina Kirchner desde su victoria. El propio Moyano no sabe por qué lo desterraron después de que el kirchnerismo lo tuviera como el aliado más importante durante ocho años. Moyano fue un engranaje fundamental en la construcción de poder del kirchnerismo.
Sin embargo, en ese caso también la Presidenta tropezará con un enorme conflicto: el peronismo tradicional, joven o viejo, se quedará con Moyano si le dan a elegir entre el jefe de los camioneros o La Cámpora. La corriente camporista está asumiendo formas violentas (incluso contra el inexplicable Daniel Scioli) que sólo son posibles bajo la protección del poder.
La decisión de Moyano de desafiar al cristinismo, de enfrentar a La Cámpora y de renunciar al Partido Justicialista por considerarlo una estructura vacía, ha conmocionado al peronismo. El peronismo siente que desde la CGT están tocando su melodía. Es el mismo combate ideológico de siempre entre la ortodoxia y la izquierda, que el peronismo no superó nunca, aunque esta vez sea sólo una caricatura. Néstor Kirchner solía juntar en un mismo acto a La Cámpora y a la juventud sindical que responde a Moyano. Cristina Kirchner no hará eso; ella cree que tiene por delante la culminación de una revolución inconclusa. ¿Revolución de quién? Parece que la iniciada por su esposo, aunque su marido fue una mezcla de reformador y de pragmático, muy alejado de las revoluciones.
Es probable que el Gobierno esté muy preocupado por el nivel de los aumentos salariales del próximo año, después del tarifazo, de los impuestazos de Scioli y de Macri y del consecuente reacomodamiento de los precios. La solución, en tal caso, consistía en dialogar con Moyano, que comprendió esos problemas muchas veces en los últimos años. Pero ¿cómo llegar a esa instancia cuando se ha impuesto el mesianismo sobre la reflexión o cuando se prefiere mandar antes que convencer?
Hace pocos días se conocieron fotografías de presos políticos torturados y asesinados por la dictadura. Eran crímenes que se sabían por la letra escrita, pero que cobran una dimensión sobrecogedora en las imágenes de esas fotos. Al mismo tiempo, en Tucumán se hallaron los restos de Guillermo Vargas Aignasse, un senador joven y talentoso, que practicó la política y no la violencia, asesinado cruelmente en los primeros días de la última dictadura.
Esos recuerdos amargos del pasado deberían revalorar los casi 30 años de democracia argentina. La política ha preferido, en cambio, llevar la calidad de la democracia a su peor nivel desde 1983. La decadencia democrática acusa a la dirigencia política y social, pero también interpela a una sociedad peligrosamente distraída.
FUENTE: LA NACIÓN

jueves, 22 de septiembre de 2011

Cuando la mentira se instala en la Justicia. Por Adrián Ventura


Es frecuente ver que la Justicia no se ocupe de investigar un crimen. Pero hay algo mucho peor: que tuerce la verdad.
Hay muchos ejemplos. El caso AMIA, el caso Candela, la causa Schoklender o las referidas a la identidad de los hijos de Ernestina Herrera de Noble o a Papel Prensa. Todas ellas parecen apoyarse en una directriz común: están dirigidos a descubrir la verdad oficial, aunque no sea la realidad.
Ayer, la presidenta Cristina Kirchner se refirió en las Naciones Unidas al atentado contra la mutual judía. La única parte que sobrevive de aquella pesquisa es la pista internacional, reconstruida gracias a importantes informaciones aportadas por fuerzas de seguridad extranjeras. Sobre esa base, la mandataria reclamó que Irán se someta a la Justicia. Pero la conexión local fue muy mal investigada y tanto un tribunal oral como la Corte anularon ese tramo de la pesquisa. ¿Se puede decir que, a esta altura, se hizo justicia?
¿No estará pasando algo similar con el caso Candela? Es uno más de otros miles que tienen igual suerte. La muerte de la niña parece haber dado pie a un libreto más propio de una mala novela policial que a una investigación rigurosa. No existe seguridad sobre cómo llegó el ADN de Candela a la supuesta casa donde habría estado secuestrada. No es seguro que haya estado allí. Hay dudas sobre el peritaje. El material genético no coincide con el de cinco imputados. ¿Pagó la niña con su vida una deuda que un familiar suyo tenía con un delincuente? Tal vez la investigación judicial sea rigurosa y correcta, pero no lo parece. Y llama la atención que la policía no pueda esclarecer un crimen que, si bien fue cruel, no fue planteado por sofisticados delincuentes trasnacionales. ¿Qué queda, entonces, para los más complejos?
Por otro lado, ¿qué se sabe hasta ahora del caso Schoklender? El juez Norberto Oyarbide no les abre todo el expediente ni a los fiscales ni a la Auditoría General de la Nación. La hipótesis oficial del Gobierno es que Hebe de Bonafini fue una víctima de Sergio Schoklender, por lo cual ni ella ni la fundación estuvieron involucradas. Y el juez parece avanzar en esa línea. Tal vez haya sido así. Pero ¿nadie es responsable de que los fondos se hayan desviado? Por ahora, en Tribunales nadie se hace esta pregunta.
La jueza Sandra Arroyo Salgado investiga si los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble son hijos de desaparecidos. Hasta hace dos meses, la magistrada tenía un notorio interés en probarlo a través de tres peritajes. Pero repentinamente pisó el freno porque el resultado de los dos primeros cotejos genéticos no dio el resultado que más agrada a Abuelas de Plaza de Mayo y al Gobierno. Como los estudios permitieron concluir que los jóvenes no tienen parentesco alguno con personas desaparecidas en los años 1975 y 1976 -época en la que ellos nacieron-, ahora encontró alguna excusa formal para no avanzar con la tercera y última prueba.
La Justicia, cuando se desentiende de la verdad, escribe un libreto del poder de turno.

fuente: La Nación