El extravagante y a menudo desaforado juez Norberto Oyarbide opera como magistrado con discrecionalidad tan caprichosa que asombra.
Mete preso a Venegas en operativo de repelente voltaje mediático, sin siquiera haberlo citado a declarar por la llamada “mafia de los medicamentos” pero ante la protesta de los sindicatos, da marcha atrás y lo excarcela.
Todo mal.
La justicia se muestra, a través de los excesos ya crónicos de Oyarbide, con el peor de sus rostros, imprevisible, subjetiva, anómica, discrecional.
Tiene Oyarbide facultades y razones para investigar el asqueroso tema de los medicamentos.
No debería tener, empero, margen para convertirse en estrella de proyecciones intimidatorias.
En lugar de administrar justicia, el magistrado se vale de sus prerrogativas para balancear favores y dispensar castigos.
El mismo juez que, obsequioso hasta lo impresentable, asegura que el patrimonio del matrimonio Kirchner se incrementó de manera absolutamente legal y transparente, despacha un contingente policial en medio de la mañana para “esposar” en un edificio en pleno micro centro porteño a un veterano y notorio jefe sindical, al que jamás se preocupó siquiera por citarlo por orden judicial.
El sentido de la operación contra Venegas era obvio: se trataba de pegarle durísimo al ex presidente Eduardo Duhalde y al peronismo que no controla la Casa Rosada.
Pero Oyarbide no supo calcular que, en su deferencia para con el Poder Ejecutivo, la deflagración se haría sentir en los propios sindicatos, con Hugo Moyano y la CGT a la cabeza.
Seguramente adoctrinado por la Casa Rosada, el juez hubo de retroceder en chancletas.
Podrá procesarlo a Venegas, pero deberá ser, en tal sentido, un administrador de justicia probo y competente, no un operador político enamorado de las repercusiones periodísticas.
Sucede que en el meollo de la causa por la llamada “mafia de los medicamentos”, que atormenta comprensiblemente al Gobierno por sus ramificaciones con el financiamiento de la campaña electoral de Cristina Kirchner de 2007, aparece la figura sombría y de ribetes muy expresivos de Héctor Capaccioli, el hombre que llegó a la Casa Rosada de la mano del ex jefe de gabinete Alberto Fernández, quien lo colocó como su “mano derecha”, durante su paso por el Ejecutivo.
Fue Fernández quien catapultó a Capaccioli al cargo de Superintendente de Servicios de Salud.
Capaccioli está sometido a dos procesamientos en la causa que investiga la mafia de los medicamentos.
Alberto Fernández fue jefe de la campaña presidencial de Cristina en 2007, pero ahora dice “nunca tuve nada que ver con la recaudación, ni mucho menos” y que jamás manejó dinero.
“Yo no manejaba la agenda de los actos, dinero nunca en mi vida.
En mi vida tuve una caja fuerte en mi despacho”, se defendió el ex jefe de Gabinete en su emisora de radio favorita.
Aunque jamás se le ocurrió detenerlo, el juez Oyarbide tiene procesado a Capaccioli por el desvío de $ 47,7 millones originalmente asignados programas preventivos de salud.
Para Oyarbide, el dinero fue derivado a 52 obras sociales de sindicatos, sin ningún tipo de fundamento.
Capaccioli no tenía atribuciones para asignar el dinero, una responsabilidad de la Administración de Programas Especiales (APE), y fue el ex zar de los dineros oficiales, Alberto Fernández, el que firmó la resolución respectiva.
¿Citará Oyarbide a Fernández para que explique esa firma o lo mandará a arrestar en su piso del Puerto Madero?
Capaccioli se hizo kirchnerista por Alberto Fernández, que lo nombró como miembro de la junta promotora de campaña de Cristina Kirchner, presidida por el entonces jefe de gabinete y en la que su amigo se hizo cargo de recaudar el dinero. Fernández y Capaccioli ya habían actuado juntando dinero para la campaña kirchnerista de 2005. En 2007 siguen digitando la recaudación para la campaña pero evitan firmarles recibos a los aportantes, tarea que delegan en Hernán Diez y Sebastián Gramajo.
De acuerdo al portal periodístico la-politica-on-line, “todos los viernes a las 15, Capaccioli, Diez y Gramajo llevaban el dinero recaudado a la oficina de Alberto Fernández y el ex jefe de Gabinete se encargaba de guardarlo en la caja fuerte de su despacho.
Parte de esos fondos habrían provenido de la mafia de los medicamentos que investiga la Justicia y por la cual hoy volvió a dictar un segundo procesamiento contra Capaccioli”.
Pero, ¿quién es Capaccioli y que hacía antes de ser reclutado por la Casa Rosada de Kirchner en 2005?
Todo puede llega a saberse.
El Boletín Oficial nº 1.836 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con fecha 10 de diciembre de 2003, incluye claves de deliciosa expresividad. a publicación oficial, con Aníbal Ibarra como Jefe de Gobierno comunal, incluye varios decretos, aceptando las renuncias de Jorge Telerman como Secretario de Cultura y su reemplazo por Gustavo F. López, Eduardo E. Epszteyn como Secretario de Medio Ambiente y Planeamiento Urbano, Roberto J. Feletti como presidente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Abel Fatala como secretario de Obras y Servicios Públicos, y el nombramiento de Feletti como Secretario de Infraestructura y Planeamiento.
Pero la norma más luminosa y reveladora de todas ellas firmadas por Aníbal Ibarra es el decreto Nº 2.703 de 2003 que acepta la renuncia de Ariel Schifrin como responsable del organismo fuera de nivel “Descentralización y Participación Ciudadana” y designa a Héctor A. Capaccioli como Secretario de dicha repartición.
Capaccioli integrará el gabinete de Ibarra desde 2003 y en 2005 cruza la Plaza de Mayo y desembarca en la Casa Rosada.
De ahí viene.
Entre los mencionados ese diciembre de 2003 del gobierno de Ibarra, cuatro ficharán luego para los Kirchner: Gustavo López, Roberto Feletti, Abel Fatala y Daniel Rosso.
Todo tiene que ver con todo.
Por PEPE ELIASCHEV www.pepeeliaschev.com En twitter: @peliaschev
fuente: http://www.diariopopular.com.ar/dp001.php?nId=585890&src=NP
