Otra vez: A Cristina no le interesa el Medio Ambiente

Primero vetó la Ley de Glaciares, después no estableció los presupuestos mínimos para la Ley de Bosques Nativos. Ahora el Kirchnerismo bloqueó el tratamiento de la Ley de Basura Electrónica que  establece: la extensión de las responsabilidades legales y financieras de los productores de aparatos eléctricos y electrónicos hasta el final de la vida útil de sus propios productos.

(Urgente24). Luego de más de 3 años de debate en la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Cámara alta, los senadores nacionales aprobaron el pasado 04/05/11, el proyecto de ley que establece:

> la extensión de las responsabilidades legales y financieras de los productores de aparatos eléctricos y electrónicos hasta el final de la vida útil de sus propios productos (Responsabilidad Extendida del Productor); y

> la prohibición de sustancias contaminantes en la fabricación de nuevos artefactos y la creación de una infraestructura a nivel nacional para el descarte, acopio, transporte, reutilización y reciclado de los RAEE. 

La norma establece la responsabilidad legal y financiera de los productores sobre la gestión de los residuos que generan sus propios productos y la prohibición de sustancias tóxicas en la fabricación de nuevos aparatos, entre otras cuestiones

Los residuos de equipos eléctricos y electrónicos son generalmente descartados como residuos domiciliarios ya que surgen del flujo habitual de los residuos domésticos. Sin embargo, estos residuos son considerados peligrosos por sus características y, en virtud de su peligrosidad deben tener una recolección diferenciada de los residuos urbanos comunes.

Pero por culpa del Kirchnerismo, el proyecto de ley de basura electrónica sigue estancado en la Cámara de Diputados. La Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano que preside Miguel Bonasso (Diálogo por Buenos Aires - Ciudad Autónoma de Buenos Aires), tenía previsto tratar la iniciativa este martes 15/11 junto con las comisiones de Presupuesto y de Industria pero la falta de quórum impidió el debate.

Ocurre que el Kirchnerista, Gustavo Marconato, no convocó a la Comisión de Presupuesto y el tema quedó para el año que viene pese a que Argentina genera unas 120 mil toneladas anuales de basura electrónica entre pilas, celulares, baterías y otros artefactos.

Según las estadísticas de Greenpeace, sólo en 2011 se descartarán 10 millones de teléfonos celulares, 400 millones de pilas y baterías y 1,2 millones de computadoras.
La deuda más famosa

Si hay algo que Cristina Fernández disfruta cada vez que viaja a El Calafate es apreciar el Glaciar Perito Moreno. Se supone que al amor por la naturaleza es renovado por Cristina en su residencia a orillas del lago Argentino.

Sin embargo, a la Presidente no le tembló el pulso a la hora de vetar la Ley de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglaciar, aprobada en 2008 por el Congreso de la Nación.
El poder de la Barrick Gold, cuyo lobby político local se encuentra a cargo de Santiago Soldati, fue eficiente al respecto (aunque constreñida por la falta de divisas extranjeras y viéndose en problemas, ella terminó hace poco modificando las condiciones de liquidación de divisas para mineras).

 

A través del Decreto 1.837/08, publicado el 10/11 en el Boletín Oficial, Cristina Fernández rechazó la norma que impulsaba la creación de un inventario nacional de Glaciares, que significan un 75% de la reserva hídrica. 

 

La Ley 26.418 prohibía que en los hielos y en su entorno se realizaran actividades que pudieran afectar su condición natural o que impliquen su destrucción o traslado o interfieran en su avance, como por ejemplo la exploración y explotación minera o petrolífera.

 

El veto pareció estar hecho a medida de las mineras que utilizan un procedimiento (no son todas, vale la pena aclarar para no llevar a confusiones) cianuro para separar el mineral, y así pueden contaminar las aguas.

 

Tiempo después, el Congreso aprobó otra Ley de Glaciares, pero Ella le concedió a la Fundación Innovate, la administración de los fondos del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) paral realizar el inventario de los glaciares. La fundación Innovate tiene entre sus clientes a Barrick Exploraciones Argentina S.A.

 

La deuda más inexplicable

En otro caso de deuda ambiental K,  la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Greenpeace y Fundación Vida Silvestre denunciaron en el octubre electoral que el gobierno de Cristina Fernández no cumple con la ley de Bosques Nativos

 

En ese sentido la partida prevista en el articulo 16 del proyecto de Ley de Presupuesto 2012, destina $  267.467 millones al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, y $ 32.618 millones para el Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos (lo que totaliza $ 300.085 millones).

 

Sin embargo, la Ley Nacional N° 26.331 de Protección de los Bosques Nativos en su artículo 31 dicta las partidas presupuestarias que anualmente deberán asignadas para Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos. El Ejecutivo Nacional establecio $ 300 millones para el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos cuando debería haber asignado más de $ 1.500 millones.

 

Según la ley de Bosques Nativos el Fondo estará integrado por:

 

a) Las partidas presupuestarias que le sean anualmente asignadas a fin de dar cumplimiento a la presente ley, las que no podrán ser inferiores al 0,3% del presupuesto nacional;

 

b) El 2% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal, correspondientes al año anterior del ejercicio en consideración;

 

c) Los préstamos y/o subsidios que específicamente sean otorgados por Organismos Nacionales e Internacionales;

 

d) Donaciones y legados;

 

e) Todo otro aporte destinado al cumplimiento de programas a cargo del Fondo;

 

f) El producido de la venta de publicaciones o de otro tipo de servicios relacionados con el sector forestal;

 

g) Los recursos no utilizados provenientes de ejercicios anteriores.

Los bosques y los glaciares continúan esperando

Las arbitrarias reasignaciones de fondos que dicta la Jefatura de Gabinete atentan contra el resguardo de la biodiversidad.

Nuevamente la Jefatura de Gabinete desvía los fondos que deben destinarse a la protección ambiental. No es una novedad. La medida coincide con una política que sistemáticamente ha tratado con desdén las preocupaciones ambientales: ha exacerbado el conflicto por las papeleras; ha intentado dejar sin contenido la ley que protege los glaciares; ha ido convirtiendo a la máxima autoridad ambiental en una mera dependencia que, si bien posee técnicos capacitados, funciona bajo una dirección que no está al servicio del ambiente, sino a sus órdenes o las de la Presidencia de la Nación.

Ahora, la partida presupuestaria destinada a sustanciar el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques (unos trescientos millones de pesos) ha sido reasignada "por razones operativas".

Sin duda, se trata de una política coherente: el gobierno nacional aún no ha reglamentado la ley de glaciares, pese a que el plazo para hacerlo ha vencido. La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable no ha definido las áreas prioritarias para realizar el inventario de glaciares, lo que demora el establecimiento del verdadero impacto ambiental de varios emprendimientos en marcha. Es un retraso comprensible si se recuerda la tenacidad de varios legisladores oficialistas para evitar que la norma fuera aprobada.

Hay resistencia a medir y planificar las políticas extractivas. Varias organizaciones gubernamentales y buena parte de la sociedad civil están reclamando no sólo una mayor razonabilidad en el uso de nuestros recursos naturales, sino también el respeto a las normas aprobadas en la materia.

La ley de bosques de 2007 establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos y de los servicios ambientales que éstos brindan a la sociedad. Esa ley surgió como consecuencia de la desaparición de un porcentaje sustancial de la masa boscosa de nuestro país a raíz del avance de la frontera agropecuaria. La norma fijó la obligación de las provincias de completar un ordenamiento territorial de sus bosques nativos como condición para hacer uso de un fondo destinado a compensar a quienes no pudieran utilizar su propiedad con algún objetivo productivo.

El principal obstáculo para su efectiva implementación es la ausencia de la puesta en marcha de su más valioso instrumento: el fondo establecido dentro de la órbita de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación "con el objeto de compensar a las jurisdicciones que conservan los bosques nativos, por los servicios ambientales que éstos brindan". Ese fondo, que no puede ser inferior al 0,3 por ciento del presupuesto nacional, está destinado a compensar directamente a los titulares que realicen tareas de conservación y manejo sostenible de bosques en esas provincias.

Sin embargo, a más de tres años de la promulgación de la ley, está lejos de cumplirse. El presupuesto del año pasado había asignado menos del 37 por ciento de lo estipulado por la ley de bosques. En marzo de 2010, la Jefatura de Gabinete anunció la reasignación de 144 millones de pesos del presupuesto 2010 y los dirigió al programa Fútbol para Todos. Ahora, la partida presupuestaria destinada a sustanciar el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, rubricada por una decisión administrativa el 29 de diciembre, fue reasignada sólo un día después, el 30 de diciembre, mediante otra decisión administrativa de la Jefatura de Gabinete, que dio marcha atrás con esa asignación "por razones operativas".

Es otro hecho lamentable para nuestro país y una burla al sistema federal: hay 13 provincias que han cumplido con sus obligaciones, pero no han podido compensar a los propietarios en forma adecuada. Hace meses destacamos en estas mismas columnas que Salta fue una de las primeras provincias en realizar el ordenamiento y reclamar la incorporación en el presupuesto 2011 de la totalidad de los fondos establecidos por la ley de bosques. Incluso el propio gobernador Urtubey realizó una presentación ante la Cámara de Diputados de la Nación para hacer efectivo el cumplimiento de lo dispuesto por la ley.

En un año en el cual lo único que pareciera importar son los votos, es difícil que se piense en el resguardo de nuestra biodiversidad, la conservación del suelo, la regulación del clima y el mantenimiento de las fuentes de agua. Es difícil, pero es imprescindible reclamar que ocurra.

fuente: http://www.lanacion.com.ar/1350051-los-bosques-y-los-glaciares-continuan-esperando?utm_source=newsletter&utm_medium=titulares&utm_campaign=NLOpi