La kirchnerología sostiene que un "gen suicida" convive con los gobernantes de los últimos años. Ese gen, dicen, se despierta, abrupto y maniático, cuando más vida política hay. La crisis del Gobierno con la prensa en los días recientes no tiene ninguna explicación racional, salvo que haya triunfado en el oficialismo el increíble propósito de arruinar su propia fiesta. Preexiste, sí, un viejo proyecto que se resume en la construcción de un periodismo unánimemente oficialista. Pero, ¿por qué forzaron justo ahora esa batalla? ¿Por qué lo hicieron el mismo día en que debían informar de un triunfo electoral de Cristina Kirchner superior al que había registrado el escrutinio provisional?
El manual de estilo del kirchnerismo es conocido. El primer paso es un duro ataque al periodismo por parte de un ministro que cuenta con la inconfundible confianza presidencial. En este caso, ese papel fue cumplido por el ministro del Interior, Florencio Randazzo, que acusó a La Nacion y a Clarín de haber creado un clima sobre irregularidades en las elecciones del 14 de agosto. La Nacion no publicó ninguna denuncia sobre anomalías electorales hasta que la jueza electoral de la Capital, María Servini de Cubría, informó que había abierto una urna y había encontrado 22 votos de Ricardo Alfonsín que no estaban consignados en el acta correspondiente.
La oposición sumó luego nuevas denuncias a esa constatación de la magistrada y otro juez electoral, Manuel Blanco, de la provincia de Buenos Aires, denunció que hubo en su distrito "graves irregularidades". La Nacion informó de ambas cosas. ¿Dónde estuvo el supuesto delito del periodismo? ¿Qué delito habría cometido la prensa, en cualquier caso, si la revelación de esas irregularidades hubiera sido el resultado de una investigación propia? ¿No son, acaso, esas revelaciones del periodismo las que producen vida y calidad en cualquier democracia avanzada del mundo? En el actual caso argentino, de todos modos, existió la denuncia de una importante instancia judicial antes que nada.
La propia jueza Servini de Cubría informó públicamente, cuando ya había estallado el escándalo de Randazzo, que el día de las elecciones descubrió a personas no habilitadas por la Justicia en los centros de votación. Llevaban una identificación con el nombre de la empresa Global TI; después podían leerse las siguientes dependencias: Presidencia de la Nación, Ministerio del Interior, Correo Argentino. Eran supuestos "orientadores electorales", pero la jueza no sabe si servían para orientar sobre la mesa de votación o sobre a quién se debía votar. Los echó a voz en cuello.
Es un hecho espurio y gravísimo que vi con mis propios ojos , dijo la magistrada. Esos "orientadores" tenían libre acceso al padrón y, por lo tanto, a los datos personales de los argentinos.
Las elecciones se celebran como una misa que tiene sus oficiantes y sus reglas. Participan jueces electorales, comando electoral, delegados electorales de la Justicia, fuerzas de seguridad, presidentes de mesa designados por la Justicia y fiscales aprobados por los jueces. Ni siquiera una ONG con las mejores intenciones, o la Defensoría del Pueblo, podrían participar en el lugar de los comicios sin la aprobación de la Justicia.
El caso sepultaría el proyecto oficial de crear una agencia autónoma electoral, como la que tiene México, para sacarle el control de las elecciones a la Justicia. El kirchnerismo ha colonizado todas las autonomías, incluidas la del Consejo de la Magistratura o la del Banco Central.
Randazzo cometió un segundo error, después de criticar sin razón a los principales medios periodísticos argentinos. Señaló personalmente a un periodista (Mariano Obarrio, de La Nacion) como autor de falsedades que no fueron tales. El Gobierno ha vuelto a cruzar un límite muy peligroso, como es el señalamiento personal de periodistas. Tiene derecho a desmentir una información errónea o a explicar su propio punto de vista, aunque fuere muy distinto del de algún medio.
Sin embargo, carece del derecho de agraviar a los medios y de marcar a los periodistas con nombres y apellidos. Los periodistas no se mueven, como los funcionarios, en automóviles oficiales ni rodeados por aparatosas custodias. El kirchnerismo es una cantera inagotable de fanáticos que andan sueltos (o no tan sueltos), dispuestos a perpetrar la venganza personal en nombre de modelos, de líderes fundacionales o de cruzadas ideológicas. Ese es el peligroso límite que atravesó el ministro del Interior.
El manual de estilo se cumplió hasta el final. Amado Boudou, Aníbal Fernández y Carlos Tomada, entre otros, formaron fila luego para agraviar a los medios y a periodistas. Ninguno de ellos está habilitado para hablar sin el consentimiento presidencial, mucho menos en tiempos en que la Presidenta quiere repetir en octubre las elecciones de agosto, o mejorarlas.
¿Qué llevó entonces a Cristina Kirchner y a sus fontaneros a provocar una crisis absolutamente innecesaria? ¿Qué empujó a la Presidenta a quebrar con la prensa las ondas de amor y paz, puramente electorales, que despliega ahora hasta con Mauricio Macri?
La política le ha puesto un nombre al proyecto oficialista de domesticar a los críticos. Lo llama lamendigurización de todos los discursos públicos. Se refiere a la política y al contenido discursivo del presidente de la Unión Industrial, Ignacio de Mendiguren. El líder industrial elogia al modelo, a la Presidenta y a su marido; se olvidó de la inflación, de la seguridad jurídica, de la falta de inversión y de las políticas estatistas que los empresarios critican en la intimidad. Desde las últimas elecciones, se parece más a un funcionario que a un dirigente sectorial. Lo que yo tengo que hacer es influir y no criticar , explica De Mendiguren. Es la mejor definición de un lobbista.
Capaz de zamarrear al presidente de la Sociedad Rural para agradar al Gobierno, o de difundir que lo hizo, el estilo de Mendiguren muestra, sin embargo, algunas conquistas. Al parecer, la Presidenta se inclinó por él y no por Hugo Moyano en el tramo final de la larga negociación por el aumento del salario mínimo.
Cristina Kirchner le prometió también a Mendiguren que no permitirá aumentos salariales de más del 10 por ciento durante el año próximo. El objetivo es muy ambicioso; el aumento salarial promedio de este año fue del 27 por ciento. Mendiguren muestra esos triunfos como propios, pero quizá se deban, también, a que el Gobierno es consciente de que la crisis internacional llegará a la Argentina en 2012.
Esa política de cierto realismo explicaría al mismo tiempo las últimas tensiones con Moyano. Amenazado por sus pares del sindicalismo, fisgoneado por los jueces y abandonado por el Gobierno, al jefe cegetista podría no quedarle otra salida, ya débil, que entenderse con el cristinismo. La aparente reconciliación de Moyano con la Presidenta sucedió en el acto, después de que Moyano tocó la melodía que Cristina Kirchner quería escuchar. Según la hoja de ruta oficialista, la próxima etapa de la mendigurización del discurso es la prensa.
Un conflicto que no existió. La obsesión por el discurso público. La política está en otra cosa. O estaba demasiado distraída cuando Candela Rodríguez, de apenas 11 años, se convirtió en otra muerte inexplicable en la Argentina cruel y dramáticamente sanguinaria. Hay explicaciones de todo tipo. Mafias. Piratas del asfalto. Narcotráfico.
¿Qué pudo haber hecho ella, Candela, a los 11 años para caer presa de monstruos sin alma ni medidas? Nada. ¿Por qué existen aquellas mafias, impunes? ¿Por qué la policía es tan inepta? Silencio. Toda la política y ningún político pueden explicar por qué sucedió otra muerte inútil en un país históricamente devastado por la muerte.
Fuente: La Nación
